El empresario detenido en El Prat por vender artículos de uso "nuclear" y "biológico" a Irán

La Policía Nacional detuvo el pasado septiembre al empresario turco Murat Bukey en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Estados Unidos le acusa de vender artículos de uso militar a un cómplice en Irán y, hace apenas un mes, la Audiencia Nacional dio luz verde a su extradición. Entre los productos que Bukey compró a compañías norteamericanas, destaca "una estación de prueba de pilas de combustible" que puede utilizarse en "misiles balísticos, drones y armas nucleares".

La documentación remitida por Estados Unidos a España se remonta a lo ocurrido el 8 de abril de 2012, cuando su supuesto cómplice se puso en contacto con el empresario turco para pedirle que adquiriera la mencionada estación de prueba a una compañía norteamericana. "Acerca del adiestramiento, eso es un gran problema si el adiestramiento va a tener lugar en Irán, ya sabes cuáles son las razones", escribió Bukey a su contacto iraní un mes después. El producto en cuestión también tiene usos civiles en "automóviles eléctricos y otros dispositivos", pero una segunda compra de Bukey hizo saltar las alarmas meses después.

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El empresario turco compareció ante la Audiencia Nacional el pasado marzo. Su defensa alegó que "la Fiscalía estadounidense magnifica los hechos", que los artículos no pueden considerarse de "armamento o militar" y que su actuación sería legal "en el marco jurídico español y europeo", pero sus argumentos cayeron en saco roto. "Acceder en vía jurisdiccional, y sin perjuicio de la última decisión que corresponde al Gobierno de la nación, a la extradición", concluye el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial.

"Armas químicas, biológicas o nucleares"

Washington subraya que Bukey supo desde el primer momento que el comprador se encontraba en Teherán y, pese a ello, el 10 de abril le dijo que el coste de la estación de prueba de pilas de combustible ascendía a 52.367 dólares. La respuesta del 'cómplice' llegó un mes después, el 4 de mayo: le aseguró que pagarían "todos los cargos de desplazamiento" y, al mismo tiempo, le pidió un "curso de adiestramiento corto antes del envío". Ahí es donde se enmarca la negativa de Bukey a que el 'adiestramiento' se llevara a cabo en Irán.

Pese a ello, tras aceptar que el curso se diera "allí [een Turquía] y no aquí", Bukey centró la conversación en el siguiente obstáculo: ocultar a la compañía de Estados Unidos que los artículos terminarían en Teherán. Según trasladó a su contacto, otra compañía de Ankara que "tampoco sabe que usted está en Irán" podía darles apoyo y, de forma paralela, él mismo firmó una declaración con la compañía estadounidense en la que se comprometía a que la estación de prueba no pusiera rumbo a dicho país.

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"Los productos que se piden no serán usados en ningún sistema de cohetes o vehículos aéreos no tripulados con un radio de acción de al menos 300 kilómetros; ni podrán usarse en ningún arma nuclear, en ningún sistema de lanzamiento de armas nucleares; y no se usarán en ningún diseño, desarrollo, producción o uso de armas químicas, biológicas o nucleares, y no se desviarán a ningún país, compañía o individuo cuya entrega esté prohibida por el Gobierno de los Estados Unidos", decía la declaración.

Con este compromiso sobre la mesa, los acontecimientos se aceleraron: eI 25 de mayo, Bukey envió una factura de 63.842 dólares a su 'cómplice' en Irán; el 20 de julio, la compañía estadounidense le "vendió y envió la estación de prueba", y el 26 de julio, esta empresa recibió un pago de 55.650 dólares por parte del comprador. El auto de la Audiencia Nacional no concreta si este artículo llegó a Irán, pero sí recoge el intento de compra de otro producto sospechoso tres meses más tarde.

El sistema de biodetección

El 18 de octubre de 2012, Bukey se puso en contacto con una segunda compañía de Estados Unidos para adquirir un sistema de biodetección: "Está diseñado para detectar e identificar agentes biológicos en aire, agua o terreno", explica la documentación remitida por Washington. "Está hecho para 'uso en el campo' y fue creado para servicios de emergencia y tropas militares de primera línea". Esta vez, el vendedor estadounidense era distinto, pero el destino final seguía siendo su 'cómplice' en Teherán.

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"71.140 dólares estadounidenses excluido el envío a Teherán, 100% de pago al efectuar el pedido, entrega 90 días después de la aprobación de la licencia de exportación. La entrega será en Esmirna. No se permiten envíos directos", le escribió Bukey el 2 de noviembre. "Todo bien. Todos los documentos preparados. Pago efectuado, esperando la fecha de entrega", le comunicó a su vez su 'cómplice' el 12 de febrero de 2013. Pero en esta ocasión, las autoridades de Estados Unidos frenaron la venta a tiempo.

Al igual que con la estación de prueba de pilas, Bukey había firmado una declaración con la compañía norteamericana en la que se comprometía a que el producto no sería utilizado para fines militares: "Los artículos son para el uso en el análisis de aguas residuales de hospitales", aseguraba la misma. De hecho, también había emitido una factura en la que apuntaba a que el destinatario final del sistema de biodetección sería otra empresa de la ciudad turca de Esmirna, lo que permitió a los proveedores emitir una solicitud de "licencia para la exportación permanente de artículos de defensa sin clasificar" que fue aprobada por las autoridades estadounidenses el 27 de febrero de 2013.

Pese a ello, cuando la Dirección de Controles de Comercio de Defensa (DDTC) comenzó a indagar en las maniobras de Bukey, sus negocios se vinieron abajo. "La DDTC revocó esta solicitud/licencia porque en una comprobación efectuada antes del envío por la embajada de los Estados Unidos en Turquía, que incluía una entrevista de Bukey, no pudo verificar la buena fe de la transacción". La venta quedó en papel mojado el 6 de mayo y el producto "no se envió nunca a Bukey", sostiene Washington.