Alberto Casero prepara las maletas para salir de Génova, pero conservará el escaño

Durante unos días fue el hombre más buscado del Congreso por el error que salvó la reforma laboral del Gobierno y ahora está en el foco de la Justicia. El Tribunal Supremo ha abierto una causa para investigar a Alberto Casero, diputado del PP y exfontanero de Teodoro García Egea durante su etapa como secretario general del partido. La Sala de lo Penal ha dado el primer paso para imputar al dirigente por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, cometidos durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres). Pese a la creciente presión judicial, Casero no se plantea abandonar su escaño en la Cámara Baja. "Está muy tranquilo", aseguran en su entorno, y convencido de que el asunto "quedará en nada".

El despacho que sí ha comenzado a despejar es el que tiene en el 13 de Génova. Aunque el diputado es relativamente desconocido para el público —al menos antes de la controvertida equivocación en la votación de la reforma laboral—, tenía un papel protagonista en la vida interna del PP, donde operaba a las órdenes de García Egea y de Ana Beltrán como secretario nacional de Organización. Casero apura sus últimas horas en el puesto, pero caerá tan pronto como Alberto Núñez Feijóo quede ratificado como presidente del partido este sábado en Sevilla, según asumen en su entorno.

Aunque la confección de su equipo se está desarrollando con total hermetismo, fuentes del partido apuntan a que su sustituto en la mencionada secretaría podría ser Ángel Luis González Muñoz, número cuatro del PP por Málaga, que asumirá la condición de diputado tan pronto como Pablo Montesinos, responsable de Comunicación de la era Casado, entregue su acta.

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La investigación abierta por el Supremo no obliga a la cúpula transitoria del PP, con Cuca Gamarra a la cabeza, a tomar ningún tipo de medida contra el diputado. El partido esgrime en el artículo 22.1 de sus estatutos que podrá abrirse expediente informativo "en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo", un expediente que pasaría a ser disciplinario "en el momento en que se tenga conocimiento de apertura de juicio oral".

El PP ya despachó con un expediente informativo la imputación de Jorge Fernández Díaz, pero evitó hacer lo mismo con María Dolores de Cospedal, valedora de Pablo Casado en la segunda vuelta del congreso que le enfrentó a Soraya Sáenz de Santamaría, cuando esta fue imputada por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, similares a los que se les atribuía al exministro del Interior.

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El equipo de Alberto Núñez Feijóo, inmerso en la preparación del congreso nacional que arranca este viernes en Sevilla, evita aclarar por el momento si aplicaría algún tipo de medida contra el diputado nacional en este punto de la causa judicial, aunque en el entorno del gallego subrayan el "respeto absoluto" a los estatutos y su compromiso con la "regeneración" y la "transparencia".

Aunque el futuro líder del PP sí sería proclive a reformar las normas internas para revisar y modificar algunas cuestiones como el modelo de elección de los candidatos a presidir el partido, las fuentes consultadas aseguran que no tiene "ningún planteamiento" de cambiar la parte relativa al sistema de sanciones internas. Recuerdan, además, que la revisión de los estatutos solo puede realizarse en el marco de la celebración de un congreso nacional, de modo que una modificación del reglamento interno de los populares no es una cuestión que vaya a abordarse en el corto plazo.

Varias fuentes del grupo parlamentario del PP comparten la opinión de que Feijóo no debería tocar el compromiso estatutario respecto a la "regeneración política" y la "transparencia". "Esa firmeza y esa determinación no pueden desaparecer", comenta un diputado. Sin embargo, entienden que ese deber no está reñido con la necesidad de confiar "en la palabra de los compañeros" para evitar "cacerías internas como las que se vivieron con Francisco Camps o Rita Barberá", añaden. "Con Alberto tampoco se nos puede ir la mano", pide un diputado cercano al cacereño.

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Con todo, y a la espera de que la Justicia confirme si hubo o no delito en la adjudicación de una serie de contratos, Alberto Casero conservará únicamente su condición de diputado raso, sin cargos orgánicos, cuando Feijóo quede ratificado como presidente nacional. Además, ese tiempo en la Cámara Baja podría ser limitado si el gallego decide no incluirle en las listas para las próximas elecciones generales, aunque peligran él y todos los delfines que se mantuvieron fieles a Teodoro García Egea.

Junto a Fran Hervías, cuyo contrato en Génova ya ha expirado, y el exnúmero dos del PP, Casero diseñó la última remodelación territorial del partido y pilotó la opa hostil que prácticamente vació a Ciudadanos, tanto a nivel de votantes como de cargos, una operación a la que Alberto Núñez Feijóo ya ha decidido poner punto final.