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El diputado Casero, al borde de ser imputado en el Supremo por contratos irregulares
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POR PREVARICACIÓN

El diputado Casero, al borde de ser imputado en el Supremo por contratos irregulares

La causa abre un nuevo frente a la cúpula de Génova en pleno enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso, a la que han acusado de posibles irregularidades en la adjudicación de contratos

Foto: El diputado del PP Alberto Casero. (Getty)
El diputado del PP Alberto Casero. (Getty)

El diputado del PP Alberto Casero se encuentra al borde de la imputación en el Tribunal Supremo por presunta prevaricación. La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Trujillo ha pedido al tribunal que investigue al secretario ejecutivo nacional del PP y mano derecho de Teodoro García Egea por su etapa como alcalde de la localidad cacereña, cuando firmó una serie de contratos que presentan "indicios racionales de criminalidad". El escrito de la magistrada abre un nuevo frente a la cúpula de Génova en pleno enfrentamiento con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que llegaron a abrir un expediente por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos.

La exposición razonada de la magistrada, a la que ha tenido acceso El Confidencial, explica que los hechos "podrían constituir un delito continuado de prevaricación administrativa". Según argumenta, Casero no siguió "el procedimiento legalmente establecido" a la hora de firmar estos contratos e ignoró "el servicio prioritario a los intereses generales, el sometimiento pleno a la ley al derecho y la absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines".

Foto: El diputado del PP Alberto Casero. (Casa América)

Al gozar de aforamiento como diputado del Congreso, Casero solo puede ser imputado por el Supremo. "Considerándose como necesario para la continuación de la investigación la toma de declaración en calidad de investigado de D. Alberto Casero Ávila, diligencia ésta que, para el pleno respeto a los derechos de defensa del aforado, procedería tenga lugar, en su caso, ante el alto tribunal al que respetuosamente se dirige la presente", concluye la exposición razonada, adelantada por 'El Plural'.

Los contratos bajo sospecha

A lo largo de 15 páginas, la magistrada repasa la adjudicación de una serie de contratos, el primero de ellos en marzo de 2017, cuando fichó a Pablo B. D. "como psicólogo que prestara servicios al ayuntamiento". La contratación se alargó hasta junio de ese año y se centró en "la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género". Pablo B. se dio de baja de la Seguridad Social el mismo 10 de marzo, pero "cobró cuatro facturas por importe de 6.120 euros" en los siguientes meses. En agosto, Casero también suscribió con él un nuevo "contrato menor de servicios de psicología, con duración de un año, por un importe de 18.000 euros anuales".

"El investigado no informó ni aportó al ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto", advierte el escrito. "Tampoco consta que D. Pablo B. realizara efectivamente los servicios por los que presentó factura desde julio hasta octubre de 2017, y ello teniendo en cuenta que las actividades relacionadas con las víctimas de violencia de género se canalizaban a través de la Comisión de Violencia de Género, a la que no le consta ninguna actuación por parte del Sr. B.". Tras no cobrar parte de lo acordado, B. llevó el acuerdo a los tribunales.

Foto: Los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, de Andalucía, Juanma Moreno, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. (EFE/Miguel Ángel Molina)

El segundo contrato bajo sospecha se produjo en septiembre de 2017, cuando Casero firmó un acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España por el que "se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiar" un convenio con ellos. "D. Alberto no informó a los servicios económicos ni jurídicos del ayuntamiento, ni aportó la copia del dicho convenio a la Intervención del Ayuntamiento", sostiene la magistrada. "El referido convenio no fue aprobado previamente, ni en el pleno, ni por resolución de alcaldía, y el mismo no se sometió a información pública, ni se publicó en el BOE".

Una vez más, el acuerdo acabó en los tribunales: "La representante de la Cámara de Comercio de Perú reclamó al ayuntamiento dos facturas por importe, cada una, de 15.125 euros, que no fueron abonadas al tener una nota de reparo del interventor, nota en la que se hacía constar que no se tenía conocimiento de dicho convenio, ni se contaba con consignación presupuestaria, ni crédito adecuado y suficiente". La reclamación sigue a día de hoy pendiente de sentencia en la jurisdicción contenciosa.

Foto: Feijóo. (EC Diseño)

El tercer contrato también se enmarca en 2017: "Acordó verbalmente con la Asociación Cultural Bon Vivant que la gala anual de entrega de premios denominada Pop Eye se celebrara en Trujillo, para lo cual el ayuntamiento aportaba 18.00 euros", explica el escrito. "El investigado no informó a los servicios competentes del ayuntamiento, no tramitó expediente administrativo de contratación, ni al ser un contrato menor por el importe, tampoco incorporó, como debía, un informe del órgano de contratación que motivara la necesidad de contrato y la aprobación del gasto".

El acuerdo se plasmó a su vez en la firma de un contrato el día 15 de junio de 2018, cuando Casero cerró un "patrocinio con la citada asociación" por 18.000 euros. También reconocía "la obligación de la aportación convenida en el año anterior por el mismo importe" y asumía "otros costes por importe de 9.349 euros, más IVA". De esta manera, se superaba el límite de 15.000 euros para los contratos menores, pero "no siguió procedimiento administrativo alguno de contratación, no llevó a cabo la preparación (...), publicidad y adjudicación del contrato". El Ayuntamiento, de hecho, terminó por no abonar ninguna de las facturas.

Foto: Pablo Casado, junto a Mañueco, Feijóo y Ayuso. (EFE/Nacho Gallego)

El cuarto contrato se cerró en 2018 con "la empresa Icaro Consultores en Comunicación S.L.U. para la organización del evento de la Feria Internacional del Queso, por el procedimiento del contrato menor, por importe de 14.303 euros, más IVA". Una vez más, Casero "no informó a los servicios competentes, ni aportó el contrato de 9 de enero de 2018 que firmó con la citada empresa, ni tuvo informe previo del órgano de contratación", por lo que "el procedimiento de contratación resultó inadecuado". Este acuerdo también acabó en los tribunales y "se condenó al ayuntamiento al pago de 17.306,63 euros por los servicios recibidos".

El quinto y último contrato se remonta a diciembre de 2018, cuando "suscribió con la empresa Radio Interior, S.L. un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo". Al superar los 15.000 euros y tratarse de una prestación periódica que se repetía desde hacía siete años, "no cabía el procedimiento del contrato menor", pero Casero siguió esta vía. Este acuerdo también acabó con una condena que obligó al ayuntamiento a pagar a la empresa 18.119,75 euros.

El diputado del PP Alberto Casero se encuentra al borde de la imputación en el Tribunal Supremo por presunta prevaricación. La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Trujillo ha pedido al tribunal que investigue al secretario ejecutivo nacional del PP y mano derecho de Teodoro García Egea por su etapa como alcalde de la localidad cacereña, cuando firmó una serie de contratos que presentan "indicios racionales de criminalidad". El escrito de la magistrada abre un nuevo frente a la cúpula de Génova en pleno enfrentamiento con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que llegaron a abrir un expediente por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos.

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