El voto de Casero llega a los tribunales: Plaza Castilla tramita la denuncia de un particular

El voto fallido del diputado Alberto Casero ya ha llegado a los tribunales. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero Sánchez, en función de guardia de diligencias, ha acordado en la tarde de este viernes remitir al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla la denuncia formulada por un particular por la supuesta comisión de un delito contra los derechos fundamentales y un supuesto delito informático, presentada tras la celebración de la votación en el Congreso de los Diputados ayer de la ley de reforma laboral.

En un primer momento, el juez Carretero abrió diligencias y dio traslado a la Fiscalía de la denuncia y de los extremos que se solicitaban en la misma con carácter urgente. No obstante, el Ministerio Público se opuso y el magistrado denegó la solicitud y remitió las actuaciones al Decanato para su reparto con el objeto de que se continúe su tramitación correspondiente por el juez competente.

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El denunciante solicitaba que se ordenara a la Guardia Civil que accediera al Congreso de los Diputados y al domicilio del diputado "para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios". En su auto, el juez consideraba que esa medida no procedía, "sin perjuicio de que pueda ser adoptada en el curso del procedimiento". Una vez que la Fiscalía apuntó que la solicitud del particular no era urgente, el magistrado señaló que esas diligencias podrán hacerse en un futuro si lo considera oportuno el magistrado que las asuma.

El escrito explicaba que para que la Guardia Civil se persone en el domicilio del diputado del PP y ocupe terminales y sistemas "se precisa autorización" del dirigente --algo que no consta-- o un auto de entrada y registro judicial "basado en indicios claros de delito y no en meras sospechas como alude la denuncia presentada". Asimismo, señalaba, como indicaba Europa Press, que para personarse en el Congreso de los Diputados es necesaria la autorización de la Presidenta del Congreso, conforme al artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, algo que "tampoco consta en este momento". Así las cosas, el juez ha concluido que "no existe urgencia para la práctica de estas diligencias". Según consta en el auto, la investigación deberá someterse ahora a reparto para determinar cuál de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla tendrá que hacerse cargo.

La denuncia ha sido presentada por un abogado que ya ha presentado al menos dos denuncias en los juzgados madrileños contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) José Félix Tezanos. Ambas fueron archivadas.