Decepción en el Supremo tras la reunión con Llop: "Ha sido como escuchar un mitin"

La reunión celebrada este martes entre la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acabado en "decepción" para los miembros del TS que consideran que su llamada de socorro ante la delicada situación que vive el tribunal choca contra un muro. En un encuentro presidido por Carlos Lesmes, los presidentes de todas las salas han reclamado a la titular del ramo medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del alto tribunal ante las necesidades materiales y de personal que este órgano arrastra desde hace muchos años que han empeorado por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial en prórroga de su mandato de efectuar nombramientos tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021. Su sensación es que el mensaje no ha llegado. "Ha sido decepcionante, como escuchar un mitin", indican fuentes presentes en el encuentro.

Las fuentes consultadas aseguran que la ministra se ha limitado a achacar al Partido Popular la culpa completa de la falta de renovación del Consejo y, por extensión, de todos los males que pueda sufrir el alto tribunal. Añaden que la Sala ha tratado de mostrarle que muchas de las dificultades no tienen relación con la falta de magistrados que está provocando el tapón del recambio del órgano de gobierno de los jueces. Se deben, entre otras cosas, al incremento de la litigiosidad que ha generado la pandemia y a otros motivos como la gran interinidad de los miembros del gabinete técnico, con salarios inferiores a los que perciben en otros destinos.

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La Sala de Gobierno ha expresado su preocupación por la no renovación del Consejo, sí, pero ha subrayado que existen otros planos de extraordinaria importancia, ajenos a esta situación, que se están prolongando en el tiempo. Por su parte, Justicia ha reivindicado que está haciendo lo posible por introducir mejoras, como demuestran gestos como las recientes medidas de incremento salarial de determinados sectores, entre ellos el de los letrados de la Administración de Justicia. Según ha informado el ministerio en una nota de prensa, ha solicitado a Lesmes un informe para determinar cuáles de las necesidades del TS son fruto del aumento de la litigiosidad y cuáles son debidas al bloqueo. "No se puede tratar con normalidad una situación que no es de normalidad, por eso pedimos disociar una cosa de la otra", precisa el departamento.

La ministra también ha señalado que Justicia tiene la voluntad de resolver la situación y que, a la vista de los numerosos problemas estructurales que se arrastran desde hace años, está tratando de resolver lo que es su competencia. Su voluntad no ha quedado, sin embargo, clara para los asistentes. Una de las fuentes consultadas se ha referido incluso al contraste apreciado con el predecesor de Llop, Juan Carlos Campo, que implementó todas las medidas que se le reclamaron.

Las medidas reclamadas

El TS ha solicitado, entre otras medidas, el incremento del número de letrados del Gabinete Técnico y planteado varias reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo del tribunal, que actualmente cuenta con una plantilla de magistrados un 14 por ciento inferior a la legalmente prevista, porcentaje que será del 20 por ciento el próximo mes de octubre, cuando el número de plazas vacantes se elevará a 16 frente a las 12 existentes a fecha de hoy. Esta situación hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado pese al nombramiento en abril de 2021 por el Ministerio de Justicia de 12 letrados para reforzar el Gabinete Técnico con el fin de prestar apoyo en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad, quejas, etcétera, que supone el 90 por ciento del trabajo del Supremo.

La Sala de Gobierno ha planteado, además, la necesidad de que se efectúen varias reformas legislativas como solución a algunos de estos problemas. Reclaman una reforma de la casación civil para introducir un nuevo modelo que prevea un único recurso de casación que no dependa del tipo o cuantía del proceso; una reforma del recurso de casación penal para eliminar el trámite de alegaciones; ampliar la inadmisión por providencia a los recursos contra las sentencias dictadas en apelación por las salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, e introducir la posibilidad de plantear la insostenibilidad de la pretensión en casación, entre otras modificaciones.

El malestar del Gobierno con el CGPJ a raíz de su informe crítico con la ley de vivienda provocó que el primer encuentro fijado se suspendiera y las perspectivas no resultan muy esperanzadoras para el TS después de que Justicia denegara hace unos días la petición de añadir cinco magistrados de apoyo al Gabinete Técnico del órgano judicial en el Área Civil pese al aviso de "colapso" ante la "avalancha" de recursos que se prevé. Fuentes del departamento dirigido por Pilar Llop han asegurado que el presupuesto para 2022 está comprometido casi en su totalidad.

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A finales de febrero, la Sala de Gobierno del Supremo volverá a reunirse y algunos magistrados ya se plantean elevar el tono de las advertencias que han ido lanzando hasta el momento e incluso implicar a la Unión Europea para tratar de atajar el problema.

En la reunión han participado, además del presidente del TS y del CGPJ, los presidentes de Sala del alto tribunal Francisco Marín Castán (Sala Primera), Manuel Marchena (Sala Segunda), César Tolosa (Sala Tercera) y María Luisa Segoviano (Sala Cuarta); los miembros electos de la Sala de Gobierno Pablo Lucas, Ignacio Sancho Gargallo, Antonio del Moral, Susana Polo y Dimitry Berberoff; el magistrado de la Sala Quinta Fernando Pignatelli —en sustitución del presidente de esa Sala, Jacobo Barja de Quiroga—; el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Ángel Tomás Ruano, y el director del Gabinete Técnico, Juan Manuel San Cristóbal. Por el Ministerio de Justicia, además de la ministra Pilar Llop, han asistido el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez Hernández, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.