El Gobierno evita tramitar 4.500 quejas del covid y condena al Supremo al cortocircuito

El Tribunal Supremo espera la llegada en las próximas semanas de miles de reclamaciones patrimoniales por mal funcionamiento de la Administración pública durante la pandemia. El Ejecutivo ha optado por no tramitar estas quejas en vía administrativa y amenaza con cortocircuitar al alto tribunal que tendrá que partir de cero en cada una de ellas. Fuentes jurídicas consultadas las elevan a más 4.500 y aseguran que, en el actual estado de la Sala Tercera, mermada por la falta de nombramientos, su gestión es prácticamente imposible.

Según apuntan estas fuentes, el Ejecutivo ha optado por el silencio administrativo y el plazo de seis meses fijado para resolverlas está a punto de finalizar. Transcurrido este periodo, se entiende que la solicitud de indemnización solicitada por el particular que las promueve ha sido desestimada y se abre la posibilidad de recurso directo ante el alto tribunal. Las reclamaciones son el resultado del daño provocado por las medidas adoptadas durante el primer y segundo estados de alarma y, en su mayoría, se han cursado por aquellos sectores que quedaron afectados de lleno, como la hostelería, el comercio y el ocio. Negocios quebrados obligados al cierre, pérdidas económicas a los establecimientos por las distintas restricciones, retrasos en la atención sanitaria... Una amalgama de situaciones que están a punto de inundar el TS, que teme no poder atenderlas.

TE PUEDE INTERESAR

Un cambio de jueces en el Supremo abre un resquicio a los recursos contra los indultos

Beatriz Parera

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que llegarán las reclamaciones, es una de las más afectadas tanto por las bajas de magistrados que no están siendo sustituidos a raíz de la reforma legislativa que impide hacerlo al Consejo General del Poder Judicial en funciones como por el incremento de los litigios que ha provocado la pandemia. Desde el pasado 2017 hasta 2021, se ha ido experimentando un incremento progresivo de los asuntos que han ido llegando. El año pasado superaron los 9.000 y, según indican las fuentes consultadas, es solo el principio de la avalancha que se espera.

Más allá de las quejas que tendrán que abordar, esta misma Sala ya ha sufrido el incremento de trabajo provocado por la pandemia. Es la Sala Tercera la que asumió los recursos de casación contra resoluciones judiciales adoptadas por los tribunales superiores de Justicia sobre la autorización o ratificación de medidas sanitarias. Asuntos que han debido gestionarse con urgencia con un coste ya considerable para los magistrados que la componen que, además, cada vez son menos.

La entrada de asuntos ya ha empezado a producirse. Las fuentes jurídicas consultadas hablan de la llegada en las últimas semanas de "decenas de recursos directos" y avisan de que es solo el principio. Desde los departamentos del Gobierno encargados de gestionar este tipo de quejas, se ha dado ya el aviso. La probabilidad de que se promuevan "miles de demandas" es más una realidad cercana que un temor.

TE PUEDE INTERESAR

Un TSJ dividido tumba el pasaporte covid en el País Vasco para discotecas y restaurantes

Pablo Gabilondo

La Sala ya ha lanzado una llamada de socorro y reclamado refuerzos, pero, al menos de momento, el Ejecutivo no ha respondido como se esperaba. Han pedido, en concreto, una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

A partir del próximo mes de abril, con las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, contará con solo 25 magistrados (incluido su presidente), lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados. Así, se ha aprobado reforzar las dos secciones que, tras dichas jubilaciones, quedarán con solo cuatro integrantes (la Segunda y la Quinta) con un magistrado cada una, que saldrán de las dos secciones que cuentan con seis magistrados (la Tercera y la Cuarta).

La negativa de Justicia

Todas las esperanzas están puestas en la reunión que debe celebrar el próximo martes con el Consejo General del Poder Judicial y la ministra de Justicia, Pilar Llop. El malestar del Gobierno con el CGPJ a raíz de su informe crítico con la ley de vivienda provocó que el primer encuentro fijado se suspendiera y las perspectivas no resultan muy esperanzadoras para el TS después de que Justicia denegara hace unos días la petición de añadir cinco magistrados de apoyo al Gabinete Técnico del órgano judicial en el Área Civil pese al aviso de "colapso" ante la "avalancha" de recursos que se prevé. Fuentes del departamento dirigido por Pilar Llop han asegurado que el presupuesto para 2022 está comprometido casi en su totalidad.

Mientras todo esto sucede, el PP y el PSOE continúan aplazando una renovación del Consejo que ya es mucho más que urgente, pero se sigue aplazando sin que se vea un final a la situación. A finales de febrero, la Sala de Gobierno del Supremo volverá a reunirse y algunos magistrados ya se plantean elevar el tono de las advertencias que han ido lanzando hasta el momento e incluso implicar a la Unión Europea para tratar de atajar el problema.