El exministro Campo se postula como candidato de consenso para el Constitucional

El congreso federal que los socialistas han celebrado este fin de semana ha supuesto un paréntesis en la negociación entre el ministro Félix Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para la renovación del Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Después del acuerdo exprés cerrado la pasada semana, PSOE y PP se dieron unos días de plazo para intercambiar sus respectivos candidatos. El pacto se cerró sin nombres concretos, solo con la premisa de que todos los propuestos debían ser juristas de reconocido prestigio. En este escenario, ha irrumpido un candidato sorpresa: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

Aunque hasta la fecha no se han puesto de forma oficial nombres sobre la mesa, fuentes de la negociación aseguran que de forma oficiosa se ha planteado el de Campo, como propuesta de candidato de consenso entre Génova y Ferraz. Campo salió del Gobierno en la remodelación del pasado mes de julio. El exministro reconoció a sus allegados no haberse sentido "bien tratado" después de haberse prestado a respaldar los indultos a los líderes del 'procés' y asumir gran parte del desgaste de esta decisión política.

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Tras ser cesado el mismo día de los cambios mediante una llamada telefónica, Campo se reincorporó a su plaza de magistrado en la Audiencia Nacional, donde ejerce en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal desde el 17 de septiembre. Sigue, pese a todo, manteniendo estrechos contactos políticos con excompañeros y es una figura bien vista en la judicatura, donde se le reconoce su preparación y carácter dialogante. Así, su nombre ha llegado a las quinielas para renovar una de las cuatro plazas del Constitucional. Dos de las vacantes serán ocupadas por el catedrático Enrique Arnaldo, a propuesta del PP, y por la actual directora del Centro de Estudios Políticos e Institucionales, Yolanda Gómez, según confirman fuentes de las dos formaciones a El Confidencial.

La candidatura de Campo ha surgido, sin embargo, por sorpresa y ha llegado desde el entorno cercano al exministro. Plantea serios problemas en un momento en que ambas formaciones reivindican un refuerzo de la despolitización y la independencia judicial. A eso se suma el eco de polémicas decisiones anteriores como el nombramiento de Dolores Delgado para dirigir la Fiscalía General del Estado.

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En el PP señalan que es difícil que puedan apoyar al "indultador", pero también reconocen que les beneficiaría su nombramiento desde el punto de vista de las mayorías dentro del Constitucional. Como ocurre con otros magistrados, el exministro tendría que abstenerse en votaciones clave por su actividad como miembro del Gobierno y supondría un apoyo menos en el bloque progresista. Esto afectaría, por ejemplo, en la decisión sobre los recursos sobre el 1-O que están pendientes de resolución en el alto tribunal.

Dentro del PSOE, un gesto hacia Campo permitiría cerrar las heridas, como se ha hecho con José Luis Ábalos y Carmen Calvo al colocarlos en las comisiones de Interior e Igualdad en el Congreso. Y aunque el extitular de Justicia no esté en la lista de Bolaños, fuentes socialistas alertan del riesgo de dejar rencores y "cabos sueltos". Como ejemplo, apuntan a la imputación de la exministra de Exteriores González Laya por el caso Ghali.

Esta semana, previsiblemente mañana, se retomarán los contactos entre García Egea y Bolaños, que pretenden tener cerrada la renovación de los órganos constitucionales la próxima semana. En el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hay también buena disposición para salvar el obstáculo del cambio en la elección de los jueces que exige el PP para renovar.

Los dos fijos

En el caso del TC, con un reparto dos a dos, socialistas y populares cuentan ya con dos fijos que se barajaron en anteriores intentonas frustradas. Los de Pedro Sánchez quieren potenciar la entrada de mujeres en el tribunal de garantías y apoyarán a Yolanda Gómez Sánchez, jurista especialista en derecho constitucional que desde julio de 2018 dirige el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por su parte, el PP respaldará al catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo.

El PP barajaba desde hace meses como segundo nombre el del catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuéllar

En las dos vacantes que quedan por cada lado ha habido movimientos provocados por la reciente renovación del Ejecutivo. Por ejemplo, la salida de Carmen Calvo ha hecho tambalear la candidatura del magistrado del Supremo Pablo Lucas, cercano a la exvicepresidenta. El otro nombre que suena con fuerza es el del catedrático de Derecho Penal José Luis González Cussac.

El PP barajaba desde hace meses como segundo nombre el del catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuéllar. Esa plaza, sin embargo, aún no es segura y dependerá de la evolución de los sucesivos encuentros. Más allá del TC, las dos partes deben cerrar una veintena de nombres, ya que el acuerdo incluye el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo.