El PP amplifica su estrategia de llevar a los tribunales las políticas de Sánchez

El PP seguirá desplazando a los tribunales su labor de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. La nueva ley de vivienda pactada entre PSOE y Unidas Podemos es la última que los populares llevarán al Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe, y se suma a las otras grandes normas de la legislatura, como la ley de eutanasia, la nueva ley educativa o la de memoria. En Génova, están convencidos de que los “varapalos judiciales” que está recibiendo el Ejecutivo “no son casuales” y que confirman las políticas erráticas de los últimos tres años.

Como publicó este diario, el PP ve en la nueva ley de vivienda un “punto de inflexión” que supera “las líneas rojas anteriores”, y la considera un ataque a la propiedad privada sin precedentes. La realidad es que muchas de las medidas que incluirá la ley tendrán que ser aplicadas por las comunidades y los ayuntamientos. Las autonomías gobernadas por los populares consultadas por este diario (Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía) se muestran muy críticas con el “intervencionismo” del Ejecutivo.

El plan del PP es habilitar mecanismos alternativos y buscar fórmulas para no tener que aplicar esa nueva ley. Casado afirmó que las autonomías de su partido no lo harán. En el caso de los ayuntamientos, estará en sus manos el recargo del 150% al IBI en pisos vacíos. Las principales ciudades que gestionan los populares (Madrid y Málaga, por ejemplo) también se niegan a repercutir la subida. Algunos alcaldes aseguran que hay regidores socialistas en sus provincias que tampoco ven con buenos ojos el problema de inseguridad jurídica que se creará. Ya en 2020, el partido de Casado recurrió la ley catalana que topa los precios del alquiler, para lo que contrató los servicios del despacho de Albert Rivera.

En marzo de este año, los populares recurrieron ante el Tribunal Constitucional la ley Celaá, por entender que la norma educativa iba en contra de la libertad de los padres para elegir el centro en que estudian sus hijos, además del ataque a la enseñanza del castellano (que dejaba de considerarse lengua vehicular). También Vox la recurrió en una habitual batalla que mantiene con el PP a la hora de hacer oposición. Unos meses después, el pasado junio, hicieron lo mismo con la ley de eutanasia. Apuraron hasta el último día, alegando que había determinados aspectos de la norma que podían ser "inconstitucionales", dejando claro que no se oponían al espíritu general del texto. Es la diferencia más evidente mostrada hasta el momento con Vox, de quien ya se alejaron durante el debate parlamentario en el Congreso a pesar de que compartieron el voto final.

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Con respecto a la ‘ley trans’, el PP decidió aplazar el posible recurso hasta que termine su tramitación parlamentaria, aunque fuentes del partido reconocen que no respaldarán la autodeterminación de género por mucho que crean necesaria una ley específica para el colectivo. La Ley de Memoria Democrática va por el mismo camino cuando concluya todo el procedimiento en las Cortes Generales.

La estrategia de judicializar las políticas del Gobierno (el PP insiste en que atacan los derechos fundamentales de los ciudadanos) va de la mano del anuncio que hizo Casado el pasado domingo en Valencia, al término de la convención nacional, cuando aseguró que derogará todas las leyes ideológicas de Sánchez si en el próximo ciclo electoral llega al poder, desde la de memoria democrática (la sustituirá por una de concordia que reivindicará la Transición frente al "revisionismo absurdo") hasta la ley educativa. El líder del PP calificó el paso de Sánchez por la Moncloa como un “trienio negro” que él busca revertir en un futuro Gobierno.

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Más allá de esa agenda reformista y los recursos judiciales, el PP afronta con cierta satisfacción los “varapalos” que la Justicia ha dado al Gobierno en semanas recientes. Al relativo al primer estado de alarma (el TC lo tumbó por la mínima considerando que el confinamiento solo era posible bajo un estado de excepción), se suma el del cierre del Congreso (hasta Meritxell Batet se revolvió contra el fallo entendiendo que su presidencia actuó según lo marcado por las autoridades sanitarias en lo peor de la pandemia) y pronto se espera el relativo al del segundo estado de alarma.

“Es la prueba de que este Gobierno ha gestionado mal la crisis sanitaria”, repetía ayer Casado. A todo ello se suma el aval que este miércoles dio el Constitucional a la prisión permanente revisable impulsada por Mariano Rajoy en 2015, recurrida por el PSOE y el resto de partidos que entonces conformaban la oposición. Seis años después, el TC da la razón a los populares y se la quita al propio Gobierno actual, que defendía derogarla a pesar de que Sánchez decidió esperar hasta ver el pronunciamiento de la Justicia.

El fallo es visto dentro del PP como una nueva victoria. “Un tributo para las víctimas y un castigo para los delincuentes”, afirmaba Casado, mientras otros dirigentes de su cúpula apuntaban a “otro palo más para Sánchez”. El líder del PP siempre defendió ampliar la pena para más supuestos de los contemplados en 2015 y, de hecho, en 2019 presentó una proposición de ley en el Congreso. Lo que proponen los populares es que también se aplique a maltratadores que terminan asesinando, violadores que reinciden y asesinos que ocultan el cadáver de su víctima. Lo recogerán en el próximo programa electoral de las generales.