El PP congela el recurso contra la 'ley trans' y espera abrir una grieta dentro del PSOE

El PP esperará a que el anteproyecto de la 'ley trans' aprobado en el Consejo de Ministros este martes termine su tramitación parlamentaria para decidir si la recurre al Tribunal Constitucional. Como en otras leyes de carácter social de este Gobierno, los populares se vuelven a encontrar frente a su particular encaje de bolillos: por un lado, rechazan frontalmente la normativa por dar luz verde a la autodeterminación de género y, por el otro, reconocen que hace falta una ley específica para el colectivo transexual. Y en esta ocasión, además, no descartan que el propio Partido Socialista se abra a llevar a cabo determinados ajustes.

“El PSOE teóricamente no respalda esto. Han llegado a un acuerdo en el Gobierno, pero ni lo llevaba en su programa electoral ni lo defendía hasta el otro día”, insisten fuentes de la cúpula del PP y el grupo parlamentario que encabeza Cuca Gamarra. De hecho, los populares también han mantenido contactos con organizaciones feministas que se oponían por completo a la norma impulsada por Irene Montero. El objetivo del PP es aprovechar las próximas fases de trabajo en el Congreso (petición de informes, trabajos de enmiendas) para sondear al grupo socialista, descontando que la 'ley trans' abrirá una nueva brecha dentro de la coalición que podría conducir a un desgaste interno importante.

De ahí que el PP vaya a hacer un llamamiento expreso a “todas las mujeres, de muchas ideologías, que se sienten decepcionadas con esta ley”, en un claro mensaje que también se dirige a diputadas socialistas y colectivos que son contrarios a la autodeterminación de género en los términos que ha dictado Igualdad. La propia Gamarra deslizó la idea al asegurar que en este momento “existe una mayoría parlamentaria contraria a la ley” que ayer salió del Consejo de Ministros. Buscaba tensar la cuerda refiriéndose, a todas luces, a la bancada socialista.

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Agencias

Los populares siempre acaban haciendo equilibrios en leyes de corte social que impulsa el Gobierno de coalición y, en anteriores legislaturas, el del PSOE en solitario. Y siempre han acabado recurriendo todas las normas al Constitucional. Ocurrió con el aborto, con el matrimonio homosexual y la semana pasada con la ley de eutanasia, a pesar de que apuraron al máximo el plazo para presentar su recurso.

Se cuidaron, eso sí, en las formas, dejando claro que no impugnaban el espíritu general de la norma, sino que recurrían cinco de los 19 artículos por entender que son inconstitucionales. La idea, además de defender su alternativa centrada en los cuidados paliativos, también pasaba por diferenciarse de su competidor por la derecha, Vox, que también recurrió cargando contra la ley en su conjunto.

Exactamente lo que ha sucedido ahora con la 'ley trans'. La posición del PP, un rechazo contenido, choca con la postura que mantiene el partido de Santiago Abascal, que tilda de “legislación perversa y dañina” la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad e insiste en condenar “esta ingeniería social” de la izquierda, en palabras del portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, que llegó a tildar de “numerito y vergüenza ajena” la campaña del Gobierno en favor de su 'ley trans'. Ya advirtió que, si Vox tiene fuerza en el futuro, derogará esta ley. El PP no se ha pronunciado en estos términos y, de hecho, sigue defendiendo que hace falta una 'ley trans' distinta a la aprobada.

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I. Gil

Mientras que Vox insiste en que es un “atentado contra el sentido común y la biología”, argumentando su oposición en términos puramente ideológicos, el PP insiste en oponerse por la “inseguridad jurídica” que provocará la autodeterminación de género y las consecuencias que podría tener para el conjunto de las mujeres.

El planteamiento es similar al que defendió el grupo parlamentario el pasado mes de abril cuando recurrió la ampliación de la ley catalana de violencia machista de 2008. La reforma incluía cuatro artículos nuevos que también afectaban a las personas trans (similares a lo que recoge ahora la nueva ley estatal).

El PP los recurrió por entender que el concepto de ‘sexo’ quedaba desnaturalizado e insistía, sobre todo, en que “una distinción entre mujeres transgénero y mujeres que no lo son” suponía una diferenciación “incompatible” con el ordenamiento jurídico vigente. Los populares consideran que el sexo existe justamente como una realidad con protección jurídica y piensan que su eliminación puede ser muy perjudicial para las víctimas de la violencia de género. Este último concepto también lo defendía el ala socialista del Gobierno encabezado por Carmen Calvo.