La nueva ley LGTBI permite cambiar de sexo sin pruebas médicas ni testigos legales
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La voluntad de la persona, único requisito

La nueva ley LGTBI permite cambiar de sexo sin pruebas médicas ni testigos legales

"Con este proyecto de ley pretendemos superar esta histórica invisibilidad, la estigmatización y la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI"

placeholder Foto:  Centenares de personas participan en la manifestación convocada por Orgullo Crítico Madrid, alternativa a la marcha estatal del Orgullo 2021. (EFE)
Centenares de personas participan en la manifestación convocada por Orgullo Crítico Madrid, alternativa a la marcha estatal del Orgullo 2021. (EFE)

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la futura ley LGTBI o 'ley trans', que permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.

"Con este proyecto de ley pretendemos superar esta histórica invisibilidad, la estigmatización y la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI", ha dicho la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

El anteproyecto de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI comienza así su tramitación, después de meses de duras negociaciones en el seno del gobierno de coalición y las críticas de un sector del movimiento feminista que cree que esta ley supone el "borrado de las mujeres".

Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, la aprobación de este proyecto de ley es una muestra de la "fortaleza" del Ejecutivo de coalición y se ha felicitado porque, a pesar de las diferencias, con "negociaciones largas y difíciles", se ha cumplido con el acuerdo de gobierno y han conseguido hacer políticas "que mejoran la vida de la gente y amplían las oportunidades de felicidad de millones de personas".

Montero ha asegurado que, además del colectivo trans y LGTBI, las protagonistas del impulso a esta ley son también las mujeres feministas.

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero (d), y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. (EFE)

"Esta es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o no llega ninguna", ha dicho y, con respecto a las críticas de cierto sector del feminismo, ha recordado que siempre que se aprueban leyes de este calado, como la del aborto o la del matrimonio igualitario, hay debate social y oposición, "pero con el paso de los años nadie se reconoce en esas posiciones".

Ha subrayado que con esta legislación España "hace historia". "Es un paso de gigante" en el avance de los derechos de las personas trans y LGTBI y ha agradecido el trabajo realizado tanto por el Ministerio de Justicia, como por el conjunto del Gobierno y los propios colectivos.

Esta ley -ha dicho- muestra la fortaleza de un Gobierno "aliado de las personas trans y LGTBI" y que es capaz de trabajar y hacer políticas "que mejoran la vida de la gente y garantizan su felicidad".

"El mensaje que queremos mandar a las personas trans y LGTBI es que no están solas"

En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha afirmado que un Gobierno que se precie debe tener el objetivo de "llevar la felicidad a la sociedad a la que sirve". "Que hoy haya personas que pueden respirar más tranquilas es motivo suficiente para que este Gobierno se sienta satisfecho", ha dicho Campo.

El titular de Justicia ha agradecido la labor desempeñada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. "Contar con una persona sensible con estos temas es garantía de solidez", ha dicho. Ha restado importancia a las discrepancias dentro del Gobierno y ha asegurado que Calvo, al cuestionar en su día el cambio de sexo por "mera voluntad o deseo", se hacía eco de la doctrina constitucional, que exige "madurez y estabilidad" para el cambio de sexo.

Ambos ministros han destacado que la nueva legislación sitúa a España a la vanguardia de Europa en un contexto en el que hay un "cuestionamiento profundo" de los derechos de las personas LGTBI. "El mensaje que como Gobierno queremos mandar a las personas trans y LGTBI es que no están solas", ha enfatizado Irene Montero.

De 12 a 14 años necesitan resolución judicial

La ley dispone que los menores de 12 a 14 años que quieran cambiar la mención del sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI) necesitarán una resolución judicial, y los de 14 a 16 años deberán ir acompañados de sus padres. Así lo ha explicado el ministro de Justicia, precisando que se quiere "proteger de manera especial" a los menores de esta franja de edad al entender que pueden no tener la "madurez" suficiente para tomar esta decisión.

"Porque no se entiende que pueda haber esa fortaleza del carácter, madurez y estabilidad, es por lo que de 12 a 14 años se protege de manera especial de modo que no es la posibilidad genuina de ir y decir 'quiero esto'. Hace falta un expediente de jurisdicción voluntaria y, por tanto, será una resolución judicial la que lo determine", ha explicado Campo.

En el caso de los menores de 14 a 16 años, el ministro ha precisado que solo hará falta que acudan al Registro acompañados de sus padres o, si estos no están de acuerdo, de un defensor. El menor acudirá a una primera comparecencia ante el encargado del Registro Civil, recibirá un formulario y la información sobre las consecuencias jurídicas, el régimen de reversión y las medidas voluntarias de apoyo.

Foto: Irene Montero arrodillada en un acto. Opinión

Una vez que el menor disponga de toda esta documentación, "para marcar la estabilidad de la decisión", deberá regresar a los tres meses para confirmar o no su deseo de cambiar la mención del sexo en su DNI. Desde ese momento, el encargado del Registro Civil tendrá un plazo máximo de un mes para realizar el cambio.

El ministro de Justicia también ha indicado que es posible la reversión de la decisión una vez transcurridos al menos seis meses desde el cambio registral. En este caso, habrá que recurrir al juez para que dicte una resolución judicial.

En paralelo, sobre el cambio de nombre, el ministro ha precisado que lo único que cambia es que "se pasa a una ley algo que ya se podía hacer".

"Nuestra legislación se pone a la vanguardia europea, de los países que luchan por sus ciudadanos sin importar sus diferencias. Seguimos la tradición de Bélgica, Noruega o Malta con matices, pero es una legislación clara", ha valorado Campo.

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