Pilar Llop asume Justicia tras el desgaste de los indultos

El presidente del Gobierno ha incluido este sábado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el grupo de los salientes. Campo será sustituido por la presidenta del Senado, Pilar Llop, confirmaron a El Confidencial fuentes gubernamentales. Magistrada experta en violencia de género, asume una cartera delicada y tensa, con el reto de pacificar las relaciones con la judicatura tras los indultos y el enfrentamiento con el órgano de Gobierno de los jueces. La nueva ministra es jueza desde 2001 aunque con poca experiencia en destinos jurisdiccionales. En el año 2015, fue incluida en las listas del PSOE a la Asamblea de Madrid. Ángel Gabilondo la eligió como su número dos para las elecciones autonómicas madrileñas. Sánchez ha recalcado de Llop su "compromiso feminista", tras ejercer como delegada del Gobierno para la Violencia de Género entre julio de 2018 y abril de 2019.

La jugada de Pedro Sánchez se produce después de que la cartera de Campo acumulara gran parte del desgaste provocado por los indultos a los presos del 'procés'. Campo siempre será recordado como el ministro que tramitó el perdón de Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes condenados por sedición y malversación. En estos dos años ha cosechado, además, un rotundo fracaso con el Consejo General del Poder Judicial, cuya remodelación está hoy más lejos que nunca. Sánchez opta ahora por un perfil más político sin abandonar el conocimiento de lo judicial.

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En opinión de Moncloa, el hasta hoy ministro no ha cumplido las expectativas anticipadas en su carta de presentación. Su cercanía a la judicatura y su conexión personal con representantes claves de la misma vinculados al PP, como el consejero Enrique López, se vieron como una ventaja para acabar con una brecha que cada día se hacía más grande. Moderado y con buen talante, Sánchez confió en su capacidad para apagar los fuegos que entonces ya comenzaban a avivarse. No ha conseguido su objetivo, opinan. Los incendios son ahora más numerosos y más devastadores y la brecha entre el poder ejecutivo y el judicial se ha convertido en un abismo.

Los indultos, esa coletilla que siempre irá vinculada a su nombre, han contribuido en gran parte a ello. Los expedientes en los que el departamento que dirigía justifican la gracia para los políticos catalanes, al igual que las declaraciones efectuadas desde la cúpula del Ejecutivo, han establecido en esta cuestión un 'ellos' frente a 'nosotros'. "Los tiempos de la Justicia terminaron con la sentencia", dijo a las claras el ya exministro. La metáfora ha ido armándose en las últimas semanas: el Gobierno ha intervenido para alentar la conciliación y sanar las heridas de Cataluña que provocó la judicialización del 1-O. La judicialización represora, claro.

El 'ellos' y 'nosotros' se ha trasladado también en estos meses al corazón del Consejo General del Poder Judicial. La promesa de Campo a Sánchez de lograr poner fin al retraso en la renovación del órgano de gobierno de los jueces se frustró en dos ocasiones. El pasado verano, el PP y el PSOE rozaron el acuerdo y volvieron a rozarlo el pasado febrero. En medio de estas dos ocasiones fracasadas, el Ejecutivo amenazó con legislar para eliminar a los 'populares' de la ecuación reduciendo las mayorías necesarias para sacar adelante la remodelación del Consejo. Tras las críticas de Europa, la iniciativa fue sustituida por otra más blanda que reduce la capacidad de actuación del CGPJ mientras se encuentre en funciones, prohibiendo que lleve a cabo nombramientos.

El enfrentamiento se ha reproducido en otros frentes. El más destacado fue el que protagonizó Campo con Podemos a raíz de la ley estrella de la ministra de Igualdad Irene Montero. Las lagunas técnicas de la Ley de Garantías de las Libertades Sexuales, o ley del 'solo sí es sí' provocaron tensiones entre ambas carteras. Pablo Iglesias, entonces aún vicepresidente, llegó a acusar al ministro de "machista" por sus reticencias sobre el articulado.

Asuntos pendientes

El cese de Campo le deja sin poder ultimar el proyecto que ha sido desde el inicio su niña bonita, el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dirigido a conceder a los fiscales el peso de la fase de instrucción de los procedimientos. Ha recibido esta misma semana su primer jarro de agua fría en forma de crítica del Consejo Fiscal que reprocha que no existen medios suficientes ni la plantilla necesaria para que el Ministerio Público se haga cargo de la tarea.

También queda en el aire la reforma del delito de sedición. La reducción de las penas, interpretada como los indultos como una concesión a los partidos independentistas, se ha ido activando y desactivando hasta sufrir hace unas semanas un nuevo parón. La modificación del Código Penal para reducir las penas por este tipo de delito lleva esperando ya varios meses en el cajón de Campo y ha vuelto a quedar congelada ante la percepción de que no recabará el apoyo de ERC y Junts.