La reforma laboral acabará en el TC entre acusaciones de PP y Vox de "pucherazo"

El Congreso de los Diputados vivió este jueves una jornada inédita, entre acusaciones de "fraude", "cacicada" y "pucherazo" por parte del PP y de Vox, rupturas en la disciplina de voto en UPN y hasta errores en la lectura de resultados por parte de la presidenta de la Cámara. Mucho caos y una sucesión de carambolas parlamentarias que acabaron con la convalidación 'in extremis' del decreto de la reforma laboral. Por la mínima y gracias al voto erróneo de un diputado del PP, que telemáticamente dio sin querer su aval al proyecto estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La polémica acabará ante el Tribunal Constitucional, según anunciaron a última hora de la noche el partido de Pablo Casado y anteriormente Vox.

El Gobierno había asegurado la convalidación del decreto a través de la vía de Ciudadanos y formaciones minoritarias como el PDeCAT y UPN. Sus cuentas, debido a la oposición del bloque de investidura, eran ajustadas pero suficientes para la aprobación. Sumaban 176 votos a favor, frente a 173 en contra. Sin embargo, los dos diputados navarros, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, desafiaron a la dirección de su partido, que les ordenó apoyarla, y optaron por votar en contra, pese a que durante toda la jornada habían asegurado que respetarían la disciplina de voto. Una decisión que lo cambiaba todo y que tumbaría el decreto. Con ello contaban los populares, que conocían de antemano la posición de los dos diputados díscolos de los conservadores que desafiaban así a Javier Esparza. La sorpresa fue mayúscula cuando el resultado final fue de 175 votos a favor frente a 174 en contra.

La propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, leyó los resultados y comunicó que el decreto no quedaba convalidado. Tras unos segundos, rectificó tras comunicársele su error desde los servicios jurídicos de la Cámara. Efectivamente, el decreto-ley tenía más votos a favor que en contra. Algún diputado de los grupos que rechazaban el proyecto había votado a favor. Ninguno de los presentes, según se comprobó en el tablero de votación, por lo que debería tratarse de alguien que hubiese votado de forma telemática. "Tongo" y "pucherazo" fueron algunas de las acusaciones que se gritaron desde la bancada conservadora.

La portavoz del grupo parlamentario popular, Cuca Gamarra, solicitó tomar la palabra para reclamar una repetición de la votación. Sin éxito, Batet dio la sesión por finalizada. El decreto había quedado convalidado porque el voto del representante popular Alberto Casero, que había votado telemáticamente con antelación, fue certificado de forma favorable al proyecto del Gobierno. Desde las filas populares corrieron a trasladar que se trataba de un fallo informático, que él votó no, pero el sistema registró un sí. Lo cierto es que Casero se equivocó al votar hasta en tres ocasiones este jueves: al apoyar la convalidación, al posicionarse en contra de que se tramitara como proyecto de ley y al hacer lo propio en un punto sobre la agenda legislativa del Gobierno. Antes de ello, el diputado había intentado entrar en el Congreso para solicitar que se le permitiese votar presencialmente. La misma reclamación que había realizado la dirección del grupo parlamentario. Pero los ujieres no se lo permitieron, explican desde el PP.

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Los servicios jurídicos de la Cámara y el secretario general certificaron los votos y concluyeron que no se había producido ningún error de tipo técnico. La respuesta, por tanto, fue que ni el voto telemático ni el presencial pueden modificarse una vez emitidos. Hay precedentes de diputados que así lo han reclamado tras votar telemáticamente de forma errónea, con el mismo resultado. La última, una diputada de Unidas Podemos, que tras confundirse en el voto telemático pidió poder votar de forma presencial y se le negó esta posibilidad.

La negativa a que se pudiese rectificar el voto provocó que el PP solicitase una reunión urgente de la Mesa del Congreso para tratar esta cuestión. Desde el órgano rector de la Cámara no se consideró esta petición, lo que también fue duramente criticado por los populares. “La convalidación de este real decreto solo es posible teniendo en cuenta un voto que tenía un sentido diferente”, reprochó la portavoz de los populares. Desde Vox, su portavoz parlamentaria, Macarena Olona, subió el tono, refiriéndose a una "cacicada" por unos hechos que calificó de "gravísimos".

Desde la formación de ultraderecha, avanzaron que ante la previsible revocación del recurso que interpondrán en la Mesa del Congreso, recurrirán al Tribunal Constitucional. Pasadas las 22:00, el presidente del PP, Pablo Casado, confirmó que recurrirían a la Mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional "para defender la voluntad del Parlamento". El líder de la oposición se refirió a "un fraude democrático" a través de un tuit, argumentando que los hechos ocurridos este jueves en el Congreso contravendrían "el sentido de voto de un diputado para imponer la aprobación de un decreto".

Antes de que Casado manifestase esta posición, se había producido una reunión informal entre Batet y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, junto a los miembros de la Mesa por esta formación, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, en el despacho de trabajo de la presidenta del Congreso. Algunas fuentes conocedoras del encuentro se refieren a que acabó en "bronca", entre "gritos", lo que habría motivado la reacción pública posterior del líder del PP. No fue agradable, coinciden varias fuentes. Al filo de la medianoche, el PP registraba ese escrito solicitando una reunión urgente de la Mesa para conocer por qué el órgano de gobierno de la Cámara no había atendido la petición de que Casero pudiera votar presencialmente.

Los socialistas, a través de su portavoz parlamentario, Héctor Gómez, acusaron por su parte a los populares de "estar instalados en el negacionismo absoluto" y de no aceptar los resultados. Al igual que Vox, dijo, "el PP se ha sumado a esta dinámica de confrontación y de no respetar las reglas de juego". Ante las preguntas de los periodistas, Gómez argumentó que la votación se había producido correctamente, con "doble verificación" y "conforme a las reglas establecidas". "La votación es clara y los resultados también", concluyó.

Fuentes de la dirección del grupo parlamentario de Ciudadanos, formación que votó a favor de la convalidación del decreto, se mostraban anoche de acuerdo con que la mejor decisión hubiese sido dejar repetir la votación "para alejar cualquier sombra de duda". Según su criterio, no se habría producido ninguna anomalía, pero el reglamento deja margen para que la Mesa del Congreso permita rectificar el voto. "El diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido", recoge el punto 6 del desarrollo del procedimiento de votación telemática aprobado en 2012.

La polémica generada y la amenaza de judicializar este proceso de votación fueron el colofón inesperado al proyecto estrella de Yolanda Díaz tras meses de negociación y a la ruptura del bloque de investidura. Con una tímida celebración del 'sí se puede' entre los diputados morados y sin apenas entusiasmo entre los miembros del Gobierno, la pregunta más repetida durante el debate era a quién debilitaba más este resultado en la votación. No tanto por lo cuantitativo, sino sobre todo por lo cualitativo de los apoyos. Tras la polémica votación y las reacciones de PP y Vox, todo quedó nublado por una judicialización sin precedentes en la democracia española.