ERC frustra el despegue de Díaz al debilitar la reforma laboral desde la izquierda

La reforma laboral es el proyecto de legislatura de Yolanda Díaz. Su principal razón de ser y estar en el Ministerio de Trabajo para dejar atrás "la tierra baldía de los trabajos temporales y devaluados". Así lo subrayó en su discurso de traspaso de carteras tras asumir la vicepresidencia que dejó Pablo Iglesias. Unas elevadas expectativas que ahora contrastan con el escaso entusiasmo mostrado por el resto de partidos en el Congreso ante el acuerdo alcanzado con los agentes sociales. A derecha e izquierda, incluso amenazando con frustrar la reforma o, cuanto menos, dejarla en cuestión. El muro de rechazo levantado por ERC, junto a EH Bildu, CUP y BNG, ha pinchado el proyecto estrella de Díaz, contribuyendo a extender una sombra de deslegitimación desde una retórica de izquierdas.

Al margen del contenido de la reforma, el bloque de oposición anunciado por los socios de investidura confronta la retórica empleada por el Gobierno y los principales sindicatos para reducirlo a un mero cambio cosmético. Un argumento que estas formaciones refuerzan por la posibilidad de que el decreto salga adelante en su votación del próximo jueves con el apoyo de Ciudadanos.

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Los naranjas se han ofrecido, siempre y cuando salgan de la ecuación los soberanistas. Como con los primeros presupuestos, la suma de los primeros es incompatible con la de los segundos, al rechazarse mutuamente. El objetivo de Yolanda Díaz pasa por mantener el bloque de investidura y que su reforma laboral no sea aprobada por la mínima y sin el respaldo de las formaciones progresistas. Una posibilidad que cada vez se aleja más, como quedaba patente este jueves con el órdago lanzado por las fuerzas soberanistas. Pese a ello, Díaz centrará sus esfuerzos los próximos días en recabar los apoyos necesarios para convalidar el decreto y hasta ha suspendido su viaje a Bruselas, donde este viernes tenía previsto reunirse con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.

Este fin de semana, dirigentes de Bildu, CUP o BNG darán otro paso participando en las manifestaciones de rechazo convocadas por sindicatos soberanistas. Aunque finalmente se llegase a un acuerdo en el tiempo de descuento para sacar adelante el proyecto de la mano de los socios de investidura, lo cual está ahora mismo descartado, la campaña contra la reforma laboral habría dejado su poso. El proyecto nacería con la etiqueta de poco ambicioso para lo esperable de una ministra progresista para estas formaciones. Con todo, las partes están más centradas en la construcción de sus relatos que en una verdadera negociación política.

Opinión

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De una u otra forma, se dificulta el despegue del proyecto electoral de Díaz, que pretendía propulsar sobre la base de una reforma laboral "histórica". Precisamente, la intención de Díaz era poner en marcha su proyecto político, iniciando un 'proceso de escucha', una vez aprobado el decreto en el Congreso para aprovechar este impulso. Las palabras del portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, avisando de que "ERC no negocia ni vota proyectos personales", en referencia a Díaz, dan buena cuenta de las dificultades para el entendimiento y de cómo se prioriza el relato al diálogo político.

Tanto ERC como EH Bildu y BNG competirán en sus respectivos territorios con el futuro proyecto político de la vicepresidenta y sus posicionamientos se están leyendo desde Trabajo en clave de tacticismo electoral. La propia Yolanda Díaz lo deslizaba este miércoles desde Barcelona, durante una asamblea de CCOO, al mostrarse "sorprendida" por el rechazo a la reforma laboral, "porque pareciese que estamos en campaña electoral". Un "ruido", reprochó, que no se produjo en otros acuerdos "complejos" que alcanzó en la mesa de diálogo social, como la conocida como 'ley rider'.

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Las presiones se suceden de uno y otro lado. Si los soberanistas lo hacen a través de manifiestos y apoyando manifestaciones en la calle, Díaz acudía este miércoles y jueves a Barcelona para fijar mensajes y escenificar el respaldo a la reforma laboral de los trabajadores en asambleas con delegados sindicales de UGT y CCOO, redoblando así la presión sobre los republicanos. Esto es, buscando convencer a los militantes con afiliación en alguna central para que estos a su vez fuercen un cambio de posición en la dirección del partido y esta permita la convalidación del decreto en el Congreso.

En la declaración conjunta de las formaciones soberanistas, se intentó contrarrestar este relato insistiendo en las medidas que exigen para negociar su voto a favor. La prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos; la autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos; modificar las causas de despido; recuperar en 45 días la indemnización por despido improcedente; establecer limitaciones de las empresas para la movilidad geográfica de los trabajadores, o propuestas orientadas a la reordenación del tiempo de trabajo y la reducción de la jornada laboral.

El Gobierno se cierra a no realizar cambios en el acuerdo firmado con los agentes sociales, limitándose a negociar las exigencias de los grupos de cara a un segundo paquete legislativo. La legitimidad de la reforma laboral y, por tanto, su perdurabilidad en el tiempo dependen del consenso que genere. De ahí que la vicepresidenta haya reconocido cesiones para sumar a la patronal al acuerdo en la mesa de diálogo social. Su máxima, al igual que la de los socialistas, pasa por que los representantes de los empresarios no se descuelguen ante los eventuales cambios que reclaman los socios parlamentarios del Gobierno para apoyar la convalidación del decreto.