El PSOE no ve margen para sumar a Bildu a la reforma laboral y abre una brecha con UP

La fórmula más plausible en estos momentos para convalidar el decreto de la reforma laboral en el Congreso pasa por Ciudadanos, junto al PNV y otras fuerzas minoritarias como el PDeCAT. Con una abstención crítica de los nacionalistas, sería suficiente si los de Inés Arrimadas votan a favor y no se descuelgan en bloque los posconvergentes y los partidos regionalistas. Fuentes de la parte socialista del Consejo de Ministros trasladan que no hay margen para pactar con EH Bildu, a quienes ven fuera del acuerdo. "Sus exigencias no son aceptables", concluyen.

La marginación de EH Bildu tiene varias consecuencias. La primera, que ERC busca formar un 'frente común' con los soberanistas vascos y gallegos para tener una posición conjunta en la votación del decreto, por lo que la exclusión de los primeros sería también la de los republicanos que, además, ponen sobre la mesa las mismas demandas. La segunda, que asfaltaría el voto a favor de los de Inés Arrimadas y facilitaría también las negociaciones con el PNV, que además perdió protagonismo en la negociación de los presupuestos al entrar después de Bildu en el acuerdo y convertir sus votos en prescindibles. La vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, ponía el foco en el PNV tildándolo de "socio confiable". En definitiva, se agrietaría el bloque de investidura que Unidas Podemos pretende preservar para asegurar el acento progresista en la agenda del Gobierno.

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Las mismas fuentes del Ejecutivo no descartan un acuerdo con los republicanos, de quienes esperan "más responsabilidad", pese a su contundencia a la hora de calificar como inasumibles las reivindicaciones de Bildu y de insistir en que no puede haber modificaciones sustanciales en el texto. Para ello, se escudan en que tanto los sindicatos como la patronal se cierran a introducir cambios en el acuerdo tripartito en la mesa de diálogo social.

"Tienen que entender que nosotros queremos una reforma laboral consensuada con los sindicatos y empresarios", argumentan para cerrar la puerta a las demandas de sus socios parlamentarios. Ciudadanos, precisamente, no estaría haciendo fuerza para dar su voto a cambio de enmendar la reforma laboral. De ahí que también se justifique esta geometría variable, en contra de las pretensiones de sus socios de coalición, en que "no puedes renunciar" a un voto. Se desliza así que los de Inés Arrimadas se prestarían gratis a convalidar el decreto.

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Fuentes de Podemos en el Gobierno reconocen que su principal diferencia con el PSOE y, concretamente, con el negociador de los socialistas, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tiene que ver con la estrategia para armar mayorías parlamentarias. "Entendemos que el PSOE no quiera depender de la izquierda y pactar con Ciudadanos, pero para nosotros es fundamental", explican respecto a las alianzas progresistas. Bolaños defendía este jueves durante un desayuno informativo que "queremos ensanchar mayorías". Un reto que se marcaba de cara a esta segunda mitad de la legislatura. Entre los ministros que acudieron a escucharlo se encontraba la titular de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra.

"Esta reforma tiene que salir adelante con los votos del bloque de legislatura, por eso nos parece que acudir a Ciudadanos es un error y es una trampa. Ciudadanos no quiere blindar la reforma laboral de Yolanda Díaz, Ciudadanos quiere torpedear el bloque de investidura. No debemos acudir a ese salvavidas ni desviarnos del camino marcado desde que se aprobaron los primeros presupuestos", alertaba desde el Congreso el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens.

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Poco después de que el dirigente del grupo confederal realizase estas declaraciones, Adriana Lastra explicaba desde Ferraz que "no se trata de preferencias, la única preferencia del Gobierno es que salga adelante la reforma laboral" y "respetar el acuerdo con sindicatos y empresarios". "Tenemos que preservar el contenido del acuerdo", insistía también Bolaños.

Los morados advierten de que la geometría variable supondría reducir las políticas progresistas a las cuestiones sociales, para las que se buscaría el apoyo de la izquierda, mientras que las reformas económicas se moderarían tratando de atraer a los nacionalistas vascos y los naranjas. Esta disputa reproduce las mismas posiciones que se enfrentaron cuando se negociaron los primeros presupuestos. Entonces se impuso el acuerdo con el bloque de investidura y se reforzó hasta el punto de convertirse en un bloque de legislatura. Las dificultades para sacar adelante la agenda de reformas económicas comprometidas con Bruselas, de las que dependen los fondos del plan de recuperación, están también detrás de este intento de cambiar alianzas.

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La impresión de la parte socialista del Gobierno de que Bildu se quedará fuera del acuerdo si no da un giro de 180 grados, y la negativa a realizar cambios en el texto ha llevado a los republicanos a anticipar un frente común de rechazo contra la reforma laboral. Más allá de la prevalencia de convenios autonómicos sobre los estatales, comparten con Bildu que la reforma laboral debe incluir el aumento de la indemnización por despido, recuperar los salarios de tramitación, aumentar los recursos de la Inspección de Trabajo y dejar en manos de las administraciones autonómicas la autorización de los ERE. En definitiva, según completan fuentes de Bildu, "derogar la reforma laboral en todos los aspectos lesivos, que son prácticamente todos".

Los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, firmaron con Bildu, en los primeros compases de la legislatura, un polémico acuerdo con el que se comprometían a una derogación "íntegra" de la reforma laboral a cambio del voto de los soberanistas vascos en la quinta prórroga del estado de alarma. Pocas horas después, los socialistas rectificaron y a través de una nota aclaratoria se precisaban los puntos que se suprimirían, descartando el compromiso previo. Aquel acuerdo se produjo en un contexto de clima preelectoral en Euskadi, lo que molestó al PNV y le añadió todavía más carga política. Los soberanistas lo reivindicaron ante el electorado, frente al PNV, que históricamente se asocia con una mayor capacidad para arrancar pactos en el Congreso beneficiosos para el País Vasco. Ahora, la situación vuelve a voltearse y los socios "prioritarios" y "confiables" vuelven a ser los 'jeltzales' frente a los 'abertzales'.

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La cuadratura del círculo para sumar al PNV sin alterar el acuerdo pasa por una reforma laboral en dos fases. El líder de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, volvía a exigir como condición para su apoyo la prelación de los convenios autonómicos, tal y como trasladó ayer en Bilbao durante una reunión con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez. La propuesta del Gobierno, que comparten los sindicatos, es que estos cambios tengan un desarrollo normativo posterior. Aprobar ahora el decreto y más adelante matizar esta demanda para que prevalezcan los convenios autonómicos. El PNV no se cierra, mientras que ERC y Bildu rechazan dejar los cambios para un segundo paquete, pues entienden que esos compromisos podrían demorarse y hasta incumplirse. Los soberanistas vascos tienen experiencia en ello en lo referente a la "derogación íntegra" de la reforma laboral. Quedan menos de dos semanas para agotar los plazos de convalidación y todo apunta a que la medida estrella de Trabajo no contará con el aval del bloque de investidura.