El Gobierno da tres meses a las empresas para adoptar la nueva regla de temporalidad

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma laboral, centrada en limitar la temporalidad y reforzar la negociación colectiva. Los contratos temporales tendrán por norma general una duración máxima de seis meses, prorrogables otros seis vía negociación colectiva, desaparecerá la modalidad de obra y servicio, se eliminará el despido objetivo en las empresas públicas y la Administración y se crea un contrato fijo para la construcción, sector que deberá recolocar a los trabajadores u ofrecer formación pagada con cargo a la empresa durante este intervalo. Unas nuevas reglas que irán acompañadas de un endurecimiento de las sanciones a las empresas que las infrinjan. Si hasta ahora las penalizaciones se establecían por empresa hasta un máximo de 8.000 euros, ahora serán individualizadas y llegarán hasta un máximo de 10.000 euros por trabajador.

Las empresas contarán con un plazo de tres meses para adaptarse a la nueva reforma laboral en lo que concierne a la temporalidad. En el caso de los contratos por obra y servicio que estén en vigor, su duración máxima será de seis meses desde la entrada en vigor de la norma, el día siguiente a su publicación en el BOE.

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado el acuerdo con los agentes sociales plasmado en el decreto aprobado este martes de cambio estructural en el mercado de trabajo. Un nuevo modelo en las relaciones laborales que según Díaz supondrá "pasar página en la precariedad" y "cambiar la vida de la gente".

"Hay jóvenes y mujeres que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida, ahora se romperá la trampa de la precariedad", concluyó defendiendo que se trata de la única reforma laboral que en lugar de devaluar derechos los recupera. Una pomposidad que contrasta con las dudas de algunos de sus socios parlamentarios sobre el alcance de la nueva norma, que consideran "descafeinada" hasta el punto de dejar en el aire su apoyo durante la tramitación parlamentaria en el Congreso si no se introducen cambios.

En materia de negociación colectiva, la titular de Trabajo, que ha presentado el decreto junto al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha puesto de relieve la recuperación de la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales y la recuperación de la ultraactividad de forma indefinida hasta que se negocie un nuevo convenio. Por otra parte, la subcontratación estará regida por el convenio sectorial o de la empresa matriz.

Díaz se cierra a cambios

ERC, PNV y EH Bildu se han situado en el no. Una posición que solo abandonarán si el decreto se tramita como proyecto de ley pactando previamente sus enmiendas al texto. Desde el Gobierno, sin embargo, cierran la puerta a realizar modificaciones sustanciales en el trámite parlamentario sin que tengan el respaldo de los agentes sociales. Su intención pasa por "respetar lo máximo posible el texto acordado" para no desvirtuarlo ni salirse del marco comprometido con Bruselas.

Díaz seguirá manteniendo negociaciones con estos grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo antes de que, en el plazo de 30 días, llegue al Congreso. Lo hará priorizando a los socios del Ejecutivo, según ha avanzado, después de que Ciudadanos también se aviniese a abrir conversaciones. Los nueve diputados naranjas no serían suficientes para que fuesen prescindibles los votos de ERC, PNV y EH Bildu, sino que habría que sumar a esta aritmética otras formaciones como PDeCAT, además de los partidos minoritarios que apoyan al Gobierno, incluyendo el BNG, que ha criticado el texto.

Opinión

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"El no por el no hace daño a nuestro país", reprochó dirigiéndose al PP, mientras que "a las fuerzas que apoyan al Gobierno" les prometió "más cariño y más diálogo". Con todo, ha argumentado que "la vocación es mantener este texto" sin cambios. "Es un acuerdo de país y deberíamos respetarlo", ha insistido defendiendo que ha sido ratificado por los agentes sociales en la mesa de diálogo. Los republicanos argumentan que "hay margen de mejora" en diferentes aspectos. Desde la prevalencia de los convenios colectivos, como exige el PNV, a los salarios de tramitación, las indemnizaciones por despido o el papel de la Administración en despidos de empresas que hayan recibo ayudas, según enumeran.

La última baza del Ejecutivo no sería otra que apelar a una abstención crítica de sus socios ante el escenario de que, si decae esta reforma laboral, la alternativa es mantener íntegramente la de 2012, además de poner en riesgo los fondos europeos vinculados a la agenda de reformas económicas. Su optimismo reside también en que tanto a sus socios parlamentarios como a los agentes sociales les interesaría más que la reforma laboral cuente con la suficiente legitimidad como para perdurar en el tiempo, evitando que no dependa de quién esté en el Gobierno la próxima legislatura. Dentro del plazo de 30 días desde la promulgación del decreto, el Congreso deberá pronunciarse sobre su convalidación o derogación.