Los socios de Sánchez ponen en cuarentena su agenda económica pese a pactar los PGE

El Gobierno ha asfaltado el camino para llegar al final de la legislatura, pero el viaje hasta el último trimestre de 2023 estará lleno de curvas peligrosas. El amplio respaldo con el que contarán los presupuestos del próximo año, la ley más importante del curso, que podría prorrogarse para despejar el fantasma del adelanto electoral, no garantiza a Pedro Sánchez el apoyo del Congreso a las grandes reformas pendientes. Así lo trasladan fuentes parlamentarias de ERC, PNV y EH Bildu, rebajando la euforia que trasladan estos días en Moncloa.

La próxima parada en la agenda económica del Gobierno será la reforma laboral, que deberá pasar por el Consejo de Ministros en diciembre para cumplir el calendario comprometido con Bruselas. De estos cumplimientos dependen las transferencias de los fondos europeos a los que se fía una 'recuperación justa'. Al margen de lo que se concrete en la mesa de diálogo social, los socios del Ejecutivo han puesto en cuarentena su apoyo a esta reforma. El PNV amaga con votar en su contra si se tramita vía decreto y sin negociar previamente para incluir sus reivindicaciones en la norma.

ERC ha puesto sobre la mesa una serie de exigencias para votar a favor, como el incremento de la indemnización por despido, que ni siquiera se han planteado en la mesa de diálogo social. En Bildu, por su parte, insisten en una derogación "íntegra", lo cual ya ha sido rechazado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Fuentes del grupo republicano lamentan la falta de interlocución en estos momentos con el Gobierno y el desconocimiento sobre sus intenciones sobre la reforma laboral.

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Las propuestas que han trasladado desde ERC, explican estas mismas fuentes, no han tenido ningún tipo de respuesta. Una dinámica que critican desde otras formaciones, aunque en el entorno de la vicepresidencia segunda destacan que existen canales de interlocución con sus socios para tenerlos al tanto de la evolución de las negociaciones en la mesa de diálogo social.

El propio portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, quiso dejar claro cuando anunció su apoyo a los presupuestos que este voto favorable no suponía otorgar un cheque en blanco al Gobierno. Más concretamente, quiso advertir de que este acuerdo no allanaba las negociaciones en otras leyes pendientes de aprobar. En una línea similar se expresó la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, formación con la que vienen desplegando una estrategia coordinada desde el inicio de la legislatura, cuando facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. "Exigimos al Gobierno que demuestre la misma responsabilidad y altura de miras que hemos demostrado nosotras para tomar todas las decisiones sociales, económicas y políticas que aún no ha tomado", advirtió Aizpurua en la rueda de prensa conjunta con Rufián. Una escenificación en la que puso el foco en el peso parlamentario de ambas formaciones, al "reafirmar nuestro compromiso para seguir trabajando juntos con la fuerza que nos ofrecen los 18 escaños que la ciudadanía nos otorgó".

El Gobierno ya ha tomado nota y despejado de su agenda inmediata leyes como la de memoria democrática para centrar todos sus esfuerzos en sacar adelante la reforma laboral. Esta será la principal prioridad del Ejecutivo en las próximas semanas, tras amarrar los apoyos para asegurar los presupuestos de 2022 y aprobar el primer paquete de la reforma de las pensiones, con el objetivo de cumplir los hitos comprometidos con Bruselas y asegurar así los fondos europeos. Se pretenden evitar retrasos que ralenticen la recuperación económica. Las posiciones de los agentes sociales para consensuar la reforma laboral siguen alejadas, principalmente en lo relativo a los mecanismos para reducir la temporalidad. Si bien el acuerdo global en la mesa de diálogo social no es imprescindible, sí facilitaría las negociaciones en el Congreso para darle luz verde.

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Desde el Ministerio de Trabajo, avanzan que la reforma se aprobará vía decreto ley, en contra de lo que reclaman los nacionalistas vascos amenazando con votar en contra. "Si el Gobierno tiene la tentación al final de resolver este tema con un real decreto, puede que para nosotros sea una línea insalvable y votaríamos en contra", explicaba Aitor Esteban en una reciente entrevista en el diario 'El Economista'. Sin embargo, no se cierran desde el departamento que impulsa la reforma a que se pueda acordar posteriormente su tramitación como proyecto de ley para introducir enmiendas.

Se corre así el riesgo de que los cambios que se exijan para salvar el decreto a través de su tramitación como proyecto de ley desvirtúen el hito comprometido en el plan de recuperación. La Comisión Europea monitorizará periódicamente las reformas comprometidas para decidir sobre el flujo de los fondos de recuperación: 70.000 millones, en transferencias a fondo perdido, distribuidos en un total de ocho tramos hasta el tercer trimestre de 2026.

Más allá de la reforma laboral, de cara al próximo año hay medidas comprometidas en el plan de recuperación que anticipan una fuerte resistencia parlamentaria, como los peajes en las autovías o la reforma fiscal con nuevos tributos como el impuesto al diésel. El segundo paquete de la reforma de las pensiones es otro de los que anticipan dificultades. De hecho, la confirmación en los hitos comprometidos de que se ampliará el periodo de cálculo para las pensiones ha puesto en pie de guerra no solo a los socios parlamentarios del Ejecutivo, sino también al sector morado del Gobierno.