Los socios de Sánchez rechazan una reforma laboral en dos fases para salvar el decreto

Las negociaciones para salvar el decreto de la reforma laboral en el Congreso siguen atascadas. La última propuesta que se ha puesto sobre la mesa para sacar adelante la reforma en "dos fases" no convence a los socios del Ejecutivo. Esto es, convalidar ahora el decreto, sin modificaciones respecto a lo pactado con los agentes sociales, y entrar en los matices que exigen los grupos parlamentarios más adelante, en un segundo paquete legislativo o incluyendo disposiciones transitorias. Tanto ERC como EH Bildu han cerrado la puerta a esta posibilidad. Los independentistas quieren garantías y consideran que "lo que no negocies y cierres ahora no lo vas a hacer después".

Desde el grupo republicano argumentan su negativa "por experiencia propia", aduciendo que el Gobierno acaba dilatando los compromisos o directamente incumpliéndolos. Es más, estas mismas fuentes de la dirección de ERC en el Congreso añaden que incluso acordando que el decreto se tramita mediante proyecto de ley para introducir enmiendas, ya habría riesgo de que se demorase su aprobación definitiva. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprovechó la visita a Madrid del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para cenar con él y abordar, entre otros asuntos de actualidad, la reforma laboral. Aragonès le transmitió que el apoyo de ERC en estos momentos "es muy difícil". Con todo, las negociaciones sobre el decreto las centralizará el grupo parlamentario que dirige Gabriel Rufián.

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La propuesta de aprobar la reforma en dos fases tampoco convence a los soberanistas vascos, que ya han trasladado su rechazo. Menos categóricos se muestran desde el PNV, aunque siguen insistiendo en su negativa a apoyar el decreto si no se incluye la prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal para que sean los agentes sociales vascos los que lleven el peso de la negociación colectiva. Aunque Confebask está presionando para que se apoye el texto acordado en la mesa de diálogo social, el sindicato nacionalista ELA y el soberanista LAB se oponen. Fuentes del PDeCAT, en cambio, trasladan que no ven mal la propuesta de sacar adelante ahora el decreto y abordar en un desarrollo posterior otros aspectos del mercado laboral.

Los contactos del Gobierno todavía son preliminares a falta de menos de tres semanas para que expire el plazo para la votación del decreto, el próximo 7 de febrero. Los grupos parlamentarios se quejan de que el Ejecutivo no está poniendo todas las cartas sobre la mesa, evitando desvelar si el camino que pretende transitar cierra la puerta a introducir cambios en el acuerdo con los sindicatos y la patronal o se abre a tramitarlo mediante proyecto de ley. Se está todavía en fase de sondeo, y es que si Ciudadanos se aviene a apoyar el texto, como pretende el PSOE, junto a los cuatro diputados del PDeCAT y otras formaciones minoritarias, una abstención del PNV podría salvar el decreto sin tener que recurrir a pactar enmiendas con ERC y EH Bildu.

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Los posconvergentes y los nacionalistas vascos coinciden en poner el foco únicamente en la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. La clave para desatascar la negociación podría ser que aceptasen un compromiso de matizar esta cuestión en un desarrollo normativo posterior. Para ello, habría que atraer también a los naranjas, precisamente la fórmula que intentan buscar los socialistas.

En pleno arranque de ciclo electoral, el PSOE busca levar anclas con las formaciones independentistas para revestir las siglas de moderación y encarar las próximas citas con las urnas reduciendo el coste electoral de sus alianzas. Un giro táctico, pensado en lo electoral, pero también estratégico para garantizar la agenda económica pendiente de desplegar para obtener los fondos europeos. La reforma de las pensiones, los peajes en las autovías o la reforma fiscal son algunas de las medidas pendientes de sacar adelante.

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La pretensión de Yolanda Díaz, sin embargo, pasa por preservar el bloque de investidura para sacar adelante la reforma laboral. No solo con PNV, sino también con ERC y EH Bildu. No volver al mantra de la geometría variable, pues entienden que supondría reducir las políticas progresistas a las cuestiones sociales, para las que se buscaría el apoyo de la izquierda, mientras que las reformas económicas se moderarían tratando de atraer a los nacionalistas vascos y los naranjas. Desde el entorno de Díaz, insisten en que su cometido es centrarse en buscar “un acuerdo en el Congreso con la mayoría de la investidura”. Al mismo tiempo, estas mismas fuentes ponen en duda que la oposición conservadora vaya a prestar su apoyo.

En el equipo de la vicepresidenta segunda, evitan pronunciarse sobre la posibilidad de aceptar la incorporación al texto de la prevalencia de los convenios autonómicos, si bien no se cierran de plano, como sí lo hacen respecto a otras reivindicaciones como recuperar los salarios de tramitación o elevar los días de indemnización por despido. El juego de equilibrios va más allá, y la CEOE ya alertó de que se descolgaría del acuerdo de producirse cambios durante la tramitación parlamentaria. La legitimidad de la reforma laboral y, por tanto, su perdurabilidad en el tiempo dependen de que se mantenga el acuerdo con los agentes sociales. El Ejecutivo cuenta con menos de tres semanas para cuadrar el círculo.