El Gobierno confía en que el PP moderado imponga la abstención en la reforma laboral

El PP se mantiene firme en su no a la reforma laboral pactada por el Gobierno con sindicatos y empresarios, pero en el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantienen la esperanza de que el ala moderada del partido y la presión de los empresarios conduzcan a Pablo Casado a una abstención en el momento de su tramitación. Es la foto fija a semanas de que la ley pase su prueba de fuego en el Congreso, cuando aún no está cerrado el apoyo de los socios tradicionales, ERC, PNV o EH Bildu, y mientras desde el Ejecutivo se lanza el mensaje firme de que lo pactado es inalterable en esencia en su paso por las Cortes. El Gobierno ha abierto una negociación a varias bandas. El PSOE se trabaja a Cs y confía en que la patronal flexibilice la posición de los populares; por su parte, Unidas Podemos intensifica sus contactos con los grupos de la investidura.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró firme en defender que lo pactado con los agentes sociales y económicos es inalterable, aunque admitió, en unas declaraciones desde Sevilla, donde asistió a la toma de posesión del nuevo alcalde de la ciudad, que se pueda tramitar la reforma como proyecto de ley. Lo que en ningún caso contempla el Gobierno, según Montero, es que la norma aprobada en el Consejo de Ministros la semana pasada como decreto-ley no salga adelante. "No contemplo la posibilidad de que no se convalide el decreto ley, aunque otra cuestión distinta es que se tramite como proyecto de ley, y es ahí donde hacemos un llamamiento a respetar en la medida de lo posible el acuerdo fruto de un diálogo bastante honesto y en el que los agentes sociales, una vez más, han estado a la altura del país y han demostrado el patriotismo que vienen demostrando desde el inicio de esta pandemia", advirtió.

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Desde el Gobierno insisten en buscar el apoyo de un PP enrocado en el no. En esa posición se mantuvo el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, que dio otro sonoro portazo este lunes a la posibilidad de un acuerdo y aseguró que cuando llegue el momento “el PP va a votar en contra”. Con todo, Montero llamó a Pablo Casado a que no se “esconda en argumentos pueriles e inmaduros” y atienda al apoyo de los empresarios a la reforma.

Fuentes del Gobierno aseguraron que les consta que existe “división interna” en el PP y que el ala moderada del partido estaría a favor de una abstención del grupo popular. Presidentes autonómicos como el andaluz, Juan Manuel Moreno, o el gallego, Alberto Núñez Feijóo, han templado la posición del partido, aunque siempre mostrando reservas a lo pactado. Feijóo públicamente ha sostenido que “no hay derogación” y ha apostado por analizar “las modificaciones”. Y si bien el presidente de la Junta ha subrayado públicamente que no “hubiera tocado” la reforma laboral, también ha esgrimido como “positivo” que cuente con el acuerdo de empresarios y sindicatos. En un foro interno con los sindicatos y la patronal, el Gobierno andaluz, el pasado 28 de diciembre, se mostró partidario de buscar una fórmula para preservar la paz social y el acuerdo sellado en Madrid, según confirmaron a El Confidencial varios de los asistentes a ese encuentro. En esa misma posición se sitúa el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que celebra elecciones en febrero.

Los barones como mediadores

Los presidentes autonómicos del PP se sienten a su vez presionados por los representantes de la patronal en sus respectivos territorios y abogan por preservar esa paz social. Con esa división interna en las filas populares juega el Gobierno. “Es cierto que hay debate interno”, aseguran desde una de las principales asociaciones de empresarios. “De más de 300 organizaciones en CEOE no ha habido ningún voto en contra, solo cuatro abstenciones y el 98% de la patronal ha ratificado el acuerdo”, defienden desde el ala empresarial. Además, en el PP, frente a la posición de Génova, aseguran que Mariano Rajoy, Fátima Báñez o Fernández de Mesa apoyan el acuerdo y han trasladado a la dirección nacional del partido que, en su opinión, “preserva el real decreto de 2012”, lo mismo que FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales de José María Aznar, que ha avalado el papel de la CEOE para evitar una derogación de la ley del PP. Igualmente, los empresarios aseguran que "el 90% de los despachos laborales que colaboraron con el Gobierno de Rajoy ve con buenos ojos la reforma". Es más, en la patronal se tiene la certeza, según varias fuentes consultadas por este periódico, de que "la mitad del Comité de Dirección del PP apoya la abstención" y atribuyen al secretario general, Teodoro García Egea, en pugna con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la posición más inflexible contra el Gobierno.

Opinión

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El Gobierno ha abierto contactos “discretos” a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para calibrar la disposición de grupos parlamentarios que habitualmente no apoyan al Ejecutivo, como es el caso de Ciudadanos. Desde la formación naranja, se limitan a hablar de contactos protocolarios, aunque se abren a negociar a falta de aterrizar las conversaciones. El objetivo de Moncloa es que la reforma laboral tenga el mayor respaldo posible en el Congreso, incluyendo al principal partido de la oposición, para sacarla adelante sin modificaciones. Algo que no garantizan en estos momentos ERC, PNV y EH Bildu, los socios parlamentarios del Ejecutivo. Estas formaciones exigen tramitarlo como proyecto de ley para introducir modificaciones al texto.

Díaz duda de la abstención del PP

Si desde la parte socialista se abren a buscar apoyos transversales, en Unidas Podemos pretenden priorizar el acuerdo con sus socios preferentes. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, según avanzan desde su entorno, se centrará durante las próximas semanas en trabajar “un acuerdo en el Congreso con la mayoría de la investidura”. Estas mismas fuentes ponen en duda que los populares vayan a votar a favor de la reforma laboral, a pesar de las voces internas que se han manifestado en contra del rechazo adelantado por Génova.

Los socios habituales del Gobierno, a excepción del PNV, coinciden en criticar la falta de contactos formales hasta el momento y mantienen sus posiciones de máximos. El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Ortegi, volvía a endurecer este lunes su posición, al igual que el representante del BNG, Néstor Rego, quien apostaba por hacer un frente común con los diputados independentistas para tumbar la reforma en el Congreso.

Desde ERC, han cargado contra las intenciones del Gobierno de no querer modificar el texto pactado con los agentes sociales y devuelven la pelota a la ministra de Trabajo asegurando que si alguien tiene que explicar su posición a los trabajadores es ella por acordar una reforma que consideran poco ambiciosa. Es su respuesta a una entrevista en el diario ‘El País’ donde Díaz advertía: “Quien haga fracasar la reforma tendrá que explicárselo a los trabajadores”.

La principal baza con la que juegan desde el departamento de Yolanda Díaz es precisamente que la alternativa a esta reforma es mantener íntegramente la de 2012. Entre otras cuestiones, según defienden, supondría que casi dos millones de trabajadores mantuvieran trabajos “precarios” con contratos por obra y servicio, en referencia a una modalidad contractual que desaparecería con la nueva regulación. Más allá del argumentario, se transmite cierto optimismo por conseguir al menos una abstención crítica por parte de sus socios parlamentarios. De hecho, si el PP no apoya el decreto, el voto de los nueve diputados de Ciudadanos no bastaría si los socios parlamentarios del Gobierno con grupo propio se mantienen en el no.