El Gobierno se cierra a los cambios que piden sus socios en la reforma laboral y Cs se ofrece

El Consejo de Ministros de este martes aprobará el decreto sobre la reforma laboral sin tener asegurados los apoyos en el Congreso para su convalidación. Los socios parlamentarios del Ejecutivo ya habían advertido de este extremo si el acuerdo dejaba fuera sus principales exigencias. Tras constatar que la reforma laboral consensuada con los agentes sociales queda lejos de sus pretensiones, ERC, PNV y EH Bildu se han situado en el no. Una posición que solo abandonarán si el decreto se tramita como proyecto de ley pactando previamente sus enmiendas al texto. Desde el Gobierno, sin embargo, cierran la puerta a realizar modificaciones sustanciales en el trámite parlamentario sin que tengan el respaldo de los agentes sociales. Su intención pasa por "respetar lo máximo posible el texto acordado" para no desvirtuarlo ni salirse del marco comprometido con Bruselas.

Un escenario ante el que vuelve a aparecer el dilema de la geometría variable. Esto es, satisfacer a sus socios, a riesgo de que la CEOE se descuelgue, como ya ha anunciado Antonio Garamendi si se producen cambios, o buscar el apoyo de Ciudadanos. Los naranjas, conscientes de que su voto podría ser fundamental, se han abierto a negociar evitando desvelar el sentido de su voto. El portavoz parlamentario, Edmundo Bal, hizo una lectura pretendidamente ambigua destacando a partes iguales aspectos positivos y negativos de la reforma. Si bien en términos generales concluyó que el texto se queda corto y es poco ambicioso, tildó de "preocupantes" las exigencias de los independentistas y nacionalistas.

Sus nueve diputados no serían suficientes para que fuesen prescindibles los votos de ERC, PNV y EH Bildu, sino que habría que sumar a esta aritmética otras formaciones como PDeCAT, además de los partidos minoritarios que apoyan al Gobierno, incluyendo el BNG, que ha criticado el texto. La formación liderada en el Congreso por Ferran Bel, con cuatro escaños, avanza que el contenido de la reforma "encaja bastante con lo que hemos venido pidiendo". "Siempre nos hemos opuesto a una derogación y lo que presenta el Gobierno no lo es, por lo que nos congratulamos que el Gobierno se aproxime a nuestros posicionamientos", explican fuentes del partido.

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Desde el PDeCAT, que ya abandonó la estrategia rupturista de Junts apoyando los presupuestos, reconocen contactos con el Ejecutivo en los últimos días. A falta de valorar el decreto, adelantan que no se opondrán. Los morados, sin embargo, añaden todavía más complejidad a este juego de equilibrios al querer priorizar un acuerdo con los socios de investidura para dejar fuera de juego a Ciudadanos.

El PNV está evitando hacer piña en el bloque del no a la reforma laboral, en el que ya se han situado PP y Vox, y entienden que su exigencia de que prevalezca el convenio autonómico sobre el estatal es compatible con el acuerdo de la patronal. "Las reticencias a nuestra petición vienen tan solo de la patronal, pero no pueden ser razones sociolaborales las que justifiquen esa posición, ya que las patronales autonómicas están en CEOE y solo firmarán los acuerdos que ellas deseen", argumentan desde el grupo parlamentario.

"El blindaje vasco"

En el caso vasco, serían los sindicatos mayoritarios ELA y LAB, y el de empresarios, Confebask, que generalmente cuentan con las mayorías para constituir una unidad de negociación, quienes podrían negociar convenios que afecten al ámbito estatal. Por este motivo, defienden que "el blindaje del marco vasco no atentaría contra ningún interés patronal". A pesar de reconocer que se trata de "un escollo grande", subrayan que este sistema ya estuvo vigente "sin crear problemas de ningún tipo".

El presidente de la CEOE sostiene, en cambio, que la prelación de convenios "rompería la unidad de mercado". Es más, este lunes decía que, de aceptarse esta modificación, "nosotros nos salimos de ese pacto". "Lo pactado no se toca", defendió para subrayar en declaraciones a RNE que de introducir cambios en la tramitación parlamentaria "no será nuestro acuerdo, será otra cosa".

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El Gobierno ya tuvo que hacer equilibrios en la mesa de diálogo social para atraer a los agentes sociales al acuerdo y, precisamente, una de sus bazas fue que si la reforma contaba con consenso sería más sencillo que saliese adelante sin realizar cambios en la tramitación parlamentaria. Así había ocurrido hasta ahora en los acuerdos alcanzados por Trabajo, pero algunos de los socios no parecen dispuestos a dejar pasar una reforma en el mercado laboral alejada de sus demandas. Fuentes de ERC dicen seguir a la espera de poder sentarse con el Gobierno. Sus votos son cruciales y quieren hacer valer su posición de fuerza.

Los republicanos argumentan que "hay margen de mejora" en diferentes aspectos. Desde la prevalencia de los convenios colectivos, como exige el PNV, a los salarios de tramitación, las indemnizaciones por despido o el papel de la Administración en despidos de empresas que hayan recibo ayudas, según enumeran. "A ver si entre día histórico y día histórico tienen tiempo de verlo", ironizan sobre el entusiasmo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la hora de calificar el acuerdo alcanzado el pasado miércoles con los agentes sociales.

A diferencia del PNV, EH Bildu pretende coordinar su posición con los republicanos, sumando así 18 votos que de estar en contra de la reforma laboral pondrían es serios riesgos al Gobierno, obligado a explorar una dificultosa geometría variable. La posición de los 'abertzales' la solemnizó su coordinador, Arnaldo Otegi, poniendo en duda que la reforma laboral pueda salir adelante sin el voto de los independentistas. Los nacionalistas vascos se desmarcan de las posiciones de máximos de otros grupos, admitiendo que "un acuerdo tan plural es siempre merecedor de respeto y consideración" y valorando que "contribuye a paliar los aspectos más lesivos de la reforma laboral que llevaron a cabo el PP y Mariano Rajoy".

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De salvarse el único escollo que señalan los nacionalistas vascos, desde el grupo parlamentario avanzan que darían su voto a favor. Los interlocutores del Ministerio de Trabajo se abrieron en sus conversaciones previas con los 'jeltzales' a dar primacía al convenio sectorial autonómico sobre el estatal, aunque finalmente no se plasmó en el acuerdo por las reticencias de la CEOE. Incluir este aspecto para atraer los seis votos del PNV sin el descuelgue de la patronal no sería suficiente para cuadrar el círculo. Se necesitaría, al menos, la abstención de Ciudadanos o que ERC rebajase sustancialmente sus reivindicaciones.

La última baza del Ejecutivo no sería otra que apelar a una abstención crítica de sus socios ante el escenario de que si decae esta reforma laboral, la alternativa es mantener íntegramente la de 2012, además de poner en riesgo los fondos europeos vinculados a la agenda de reformas económicas. Su optimismo reside también en que tanto a sus socios parlamentarios como a los agentes sociales les interesaría más que la reforma laboral cuente con la suficiente legitimidad como para perdurar en el tiempo, evitando que no dependa de quién esté en el Gobierno la próxima legislatura. Dentro del plazo de 30 días desde la promulgación del decreto, el Congreso deberá pronunciarse sobre su convalidación o derogación.