Sánchez eleva la presión a la oposición con la reforma laboral y acalla la crisis con Garzón

La reforma laboral y la apertura de un largo ciclo electoral de dos años y medio, con las elecciones en Castilla y León del próximo febrero, marcaron la primera reunión política del PSOE este año, un Comité Federal telemático para gran parte de sus miembros y condicionado de nuevo por la sexta ola del coronavirus. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió a los cuadros socialistas con un encargo claro, que defiendan con uñas y dientes la reforma laboral en cada rincón de España para que pueda salir adelante en el Congreso a finales de enero. El líder socialista elevó la presión sobre la oposición apelando al “sentido de Estado” y preguntando qué intereses se defienden cuando no son los de empresarios y sindicatos, ambos en un acuerdo que aún no tiene los apoyos necesarios para su convalidación en la Cámara Baja.

El año político, que abrirá un ciclo electoral que acabará a finales de 2023 con las generales de noviembre y que puede cambiar el tablero político en España, ha comenzado marcado por la crisis con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que en una entrevista en ‘The Guardian’ se refirió a la carne de mala calidad que exportan las macrogranjas, lo que provocó un estallido del sector ganadero por poner en tela de juicio en la prensa extranjera la calidad del producto español. La parte socialista del Gobierno se desmarcó inmediatamente de las declaraciones del ministro de Unidas Podemos, asegurando que eran observaciones a título personal. Presidentes autonómicos como Javier Lambán, desde Aragón, o Emiliano García-Page, Castilla-La Mancha, salieron en tromba contra Garzón. Pero sin duda el más perjudicado, por la proximidad electoral, fue el candidato socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, después de que el PP haya convertido este asunto en eje central de la campaña en esta tierra.

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El Comité Federal estuvo marcado por este ruido, amplificado por los conservadores y alimentado por el malestar de una parte del PSOE contra sus socios de Gobierno, si bien dentro de la sala en Ferraz, sede socialista, el único que tomó la palabra para defender al sector ganadero, sin referirse expresamente al ministro de Consumo, fue el presidente aragonés, Javier Lambán, según confirmaron varios asistentes a este periódico. Mucho más duro fue a las puertas, en declaraciones a los medios, García-Page que tiró de ironía y refranero para dar una bofetada a Garzón sobre su supuesta falta de competencias: “Cuando uno no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo”.

Marcar distancias desde el PSOE

Lambán dio su apoyo a los ganaderos y, según una nota distribuida oficial del PSOE de Aragón, criticó al ministro Garzón por unas declaraciones que consideró “un ataque a la yugular” de un sector clave para la economía española. Sánchez se limitó a reivindicar la reforma de la Política Agraria Común y la ley de cadena agroalimentaria en defensa de agricultores y ganaderos. Salvo estas declaraciones, los socialistas trataron de poner sordina a su último desencuentro en la coalición de Gobierno, aunque ya han dejado claro que a partir de ahora no habrá cierre de filas con sus socios cuando haya discrepancias. La salida pública contra el ministro de Consumo lo ha certificado. En privado, los socialistas hablan de “un error de comunicación” o “una torpeza” y aseguran que en lo esencial no hay discrepancias, aunque no ocultan su enfado por este tipo de asuntos que dan alas a la oposición y hacen daño “de forma innecesaria”, consideró un miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.

La mayor parte del discurso del secretario general del PSOE estuvo dedicada a la importancia de que se apruebe el decreto-ley que modifica la reforma laboral de Mariano Rajoy y que, tras nueve meses de negociaciones cargadas de tensiones, ha conseguido sellarse con la paz social, algo que no ocurría en los últimos cuarenta años. Un pacto de sindicatos y empresarios con el Gobierno que sigue sin contar con los apoyos parlamentarios suficientes para que sea convalidado en el Congreso la última semana de enero. Esta será la prioridad hasta entonces y las negociaciones están abiertas a todas las bandas en un juego de alianzas de geometría variable que afecta a todos los grupos políticos. Por eso el llamamiento formal de Sánchez desde el Comité Federal socialista fue a toda la oposición para que tramiten la reforma laboral y “arrimen el hombro” preguntándose qué intereses defienden si no son los de empresarios y sindicatos en lo que consideró “un acuerdo de país”, reivindicando “el sentido de Estado” de los agentes económicos y sociales al sellar esta paz social.

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El Gobierno deberá fajarse en las próximas semanas para conseguir una suma suficiente en el Congreso sin tocar lo cerrado con la patronal. El Ejecutivo trabaja a contrarreloj con dos premisas. No se plantea que esta reforma laboral no vaya a salir adelante y tratará de que se apruebe sin tocar lo pactado con los empresarios. Por eso la primera opción es tratar de convalidar el decreto-ley tal y como se ha registrado en la Cámara Baja. Los socios de la investidura, ERC, EH Bildu o PNV, reclaman que se tramite como proyecto de ley, lo que le permitiría enmendar el texto e introducir cambios. Eso provocaría, advierten fuentes del Gobierno, que se descuelgue la patronal y es un escenario que quieren evitar a toda costa. Sánchez subrayó también que es una reforma en la línea de lo demandando a España por la Unión Europea, para paliar la temporalidad y la precariedad de los contratos de trabajo. La presencia de la patronal es clave en un momento en el que Bruselas mira por lupa y además es un empeño de primer orden para el Gobierno, trasladan fuentes del Ejecutivo.

Para la convalidación del decreto-ley bastaría la abstención del PP, una vía que ya Cs se ha mostrado dispuesto a explorar “por responsabilidad” y para evitar que sea “peor” si queda en mano de los socios de Sánchez. En el PSOE hay escepticismo sobre el papel que pueda jugar el PP de Pablo Casado, en plena pugna con el ala más radical de Isabel Díaz Ayuso, influenciado por Vox y en una campaña electoral que es clave para los intereses del líder popular y que Génova asume en primera persona como es la de Castilla y León. Los socialistas recuerdan lo que ha costado sacar adelante la reforma de los órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional pero avisan de que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue paralizada por una derecha que está "maniatada por Vox". Sánchez pidió expresamente al PP que deje de ser “rehén de la ultraderecha” y cumpla “con su deber constitucional y el respeto al diálogo social”.

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Pese a la falta de diálogo de Sánchez y Casado y a la mala relación de PSOE y PP esta legislatura, los socialistas no pierden la esperanza en que el PP se sume a Cs con una abstención que tramitaría la reforma laboral. Consideran que sería una buena oportunidad para desmarcarse de Vox y marcar perfil propio para Casado, según analizan los dirigentes socialistas, que confían además en las presiones ejercidas por los empresarios, los autónomos y los presidentes autonómicos del PP desde Galicia, Andalucía o Castilla y León permitan una posición más moderada.

Sánchez acudió a esta cita interna con un balance sobre los dos años de legislatura que ponía el foco en los cumplimientos de una “fecunda” coalición de gobierno, pese a haber tenido que enfrenar una emergencia sanitaria de la magnitud del covid, que recordó que es pionera en España y que muchos dijeron estaba abocada a la inestabilidad y a una ruptura precipitada. Frente a esos augurios, el presidente del Gobierno dejó clara la vocación de agotar el mandato, hasta finales de 2023, y defendió el bueno funcionamiento de un acuerdo con Unidas Podemos poniendo el acento en que “el PSOE cumple”. Sánchez defendió un proyecto para que “España crezca” y dejó claro que la prioridad absoluta para su Ejecutivo es que la reforma laboral salga adelante.