Los socios de Sánchez comienzan a marcar distancias y amenazan la agenda de reformas

La legislatura llega a su ecuador y los socios del Gobierno comienzan a cambiar el paso. Si la aprobación de los presupuestos de 2022 asegura a Pedro Sánchez el oxígeno necesario para llegar al final de su mandato, este hito supone también para las formaciones que apoyan al Ejecutivo en el Congreso un punto de inflexión tras el que comenzar a marcar distancias. Dejar de ser comparsas, dado que la legislatura está asegurada, y tener un mayor perfil propio. En esta segunda fase de la legislatura, aseguran, ya no se les podrá responsabilizar de abrir la puerta a la alternativa de PP y Vox por abocar al Gobierno a elecciones anticipadas. La amenaza de tumbar la reforma laboral por parte de ERC, PNV y EH Bildu, aunque por distintos motivos, es el primer aviso.

La lectura del Gobierno es que detrás del endurecimiento de las posiciones hay un afán por diferenciarse y no regalar medallas que no tengan su sello. "Tienen que hacer su trabajo", ironizan fuentes del Ministerio de Trabajo, que confían en atraer su apoyo para convalidar el decreto. Sin embargo, la reforma laboral es tan solo la primera de una serie de reformas comprometidas con Bruselas para recibir los fondos de recuperación. Asimismo, se presupone que es la más digerible para formaciones como ERC y EH Bildu.

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En el horizonte está el segundo bloque de la reforma de las pensiones, ante la que los independentistas de izquierdas han puesto un listón más alto, u otras reformas que difícilmente encajarán de buen agrado, como los peajes en las autovías, o que no cumplan sus expectativas, como la reforma fiscal. Esta última deberá estar diseñada en el primer trimestre del próximo año. Entre otros tributos, el Gobierno ya se ha comprometido con Bruselas a eliminar los beneficios fiscales que tiene el impuesto al diésel en el último trimestre de 2022, una medida que rechaza el PNV.

Los nacionalistas vascos ya amenazaron con votar en contra de los anteriores presupuestos tras introducirse el impuesto al diésel. Finalmente, consiguieron que Hacienda diese marcha atrás y pactaron con el Gobierno su eliminación para facilitar su apoyo a las cuentas. En lo relativo al segundo paquete de las pensiones, el Ejecutivo ha confirmado en los hitos comprometidos con Bruselas que se ampliará el periodo de cálculo, lo que ya puso en pie de guerra no solo a los socios parlamentarios del Ejecutivo, sino también al sector morado del Gobierno.

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Sánchez tiene asegurada la legislatura, pero no el plan de reformas del que dependen los fondos europeos. Máxime, cuando sus socios comienzan a encarecer el precio de sus votos. Algo que irá en aumento a medida que vaya avanzando la legislatura. Además de la agenda económica, hay otras normas estrella del Ejecutivo como la de memoria democrática que no cuentan ahora mismo con el suficiente apoyo de sus socios como para salir adelante.

La Comisión Europea monitorizará periódicamente las reformas comprometidas para decidir sobre el flujo de los fondos de recuperación: 70.000 millones, en transferencias a fondo perdido, distribuidos en un total de ocho tramos hasta el tercer trimestre de 2026. Unos fondos a los que el Ejecutivo fía una "recuperación justa", que se deje sentir en las economías domésticas, como su mejor carta de presentación para acudir a las próximas elecciones. Sánchez fía así su reelección en buena medida a los fondos europeos, pero antes deberá sobrevivir a algunas de las reformas más polémicas que condicionarán las transferencias.

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Bruselas exige como comprobante de los cumplimientos, todos ellos calendarizados, la publicación en el BOE de las reformas. La vía fácil y rápida para ello es su aprobación en el Consejo de Ministros vía decreto ley, como se ha hecho con la reforma laboral. De ahí que otra de las razones por las que el Gobierno se cierra a realizar cambios sustanciales, como exigen sus socios, tenga que ver con no alterar los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.

Los socios del Gobierno entienden que hay margen de mejora dentro de este marco. Desde la prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal, como exige el PNV, a los salarios de tramitación, las indemnizaciones por despido o el papel de la Administración en despidos de empresas que hayan recibo ayudas, como reclaman republicanos y soberanistas vascos. El viaje hasta el final de la legislatura estará lleno de curvas peligrosas. Los actuales presupuestos podrán prorrogarse, pero las dificultades para Sánchez se centrarán ahora en garantizar la agenda de reformas sobre la que sus socios advierten de que no darán un cheque en blanco.