El Congreso contradice al juez de Kitchen: el PP espió a Bárcenas y Rajoy era informado

El Congreso de los Diputados ha votado este miércoles un texto en el que concluye que el PP dirigió el espionaje a su extesorero Luis Bárcenas en el marco de la llamada operación Kitchen. Es su conclusión una vez acabada la comisión de investigación sobre estos hechos que se ha prolongado durante meses en la Cámara Baja. La tesis de los partidos que han sacado el documento adelante contradice la versión del juez de la Audiencia Nacional que investiga los hechos por la vía penal. El magistrado Manuel García-Castellón cerró este verano su investigación acotando las actividades ilegales al Ministerio del Interior.

El texto votado dice, no obstante, que las vigilancias a Bárcenas se dirigieron desde tres sedes. Una de ellas era la del PP, con conocimiento de su entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, que a su vez informaba de los pasos que se iban dando al presidente del Gobierno Mariano Rajoy. La otra sede era el Ministerio del Interior, donde el exministro Jorge Fernández encargó el operativo a su número dos. Según el documento al que ha tenido acceso El Confidencial, la tercera y epicentro de los trabajos era la dirección adjunta operativa de la Policía que dirigía el comisario Eugenio Pino.

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"El desarrollo de la comisión de investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista directiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años que gobernaban", dicen los parlamentarios.

El texto, sin validez jurídica, ha sido votado y ha contado con el apoyo de solo tres grupos, el PSOE, Podemos y Bildu, según informan a este periódico fuentes parlamentarias. ERC, el PNV y el Grupo Mixto se han abstenido mientras que el PP, VOX y Ciudadanos han votado en contra. En la última comisión, se ha añadido la recomendación de revisar los procesos a la hora de pagar fondos reservados para investigaciones y para conceder medallas policiales. Varios de los implicados recibieron medallas pensionadas de por vida antes de jubilarse. La comisión también pone en valor los problemas que han tenido a la hora de recibir información sobre los hechos investigados.

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Cospedal fue exonerada

Tanto Fernández Díaz como su número dos, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se encuentran imputados por estos hechos en la Audiencia Nacional. También una serie de comisarios como Eugenio Pino o el polémico comisario José Villarejo, entre otros. Sin embargo, el magistrado exoneró en julio tanto a Cospedal como a su marido a pesar de que ambos llegaron a estar investigados. La operación Kitchen es la operación puesta en marcha entre 2013 y 2015 para arrebatar a Bárcenas información sensible sobre la corrupción del PP de espaldas a las autoridades judiciales y policiales que investigaban por conductos oficiales.

Durante meses avanzaron de forma paralela la investigación judicial y las comparecencias en la comisión Kitchen del Congreso de los Diputados por la que desfilaron los principales personajes de esta trama de espionaje en plena investigación. Muchos de ellos se ampararon en su legítima defensa ante los tribunales de Justicia para no ofrecer explicaciones en el Congreso, como fue el caso de María Dolores de Cospedal. Su futuro judicial está todavía pendiente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tiene que avalar o enmendar el auto del juez en el que dio por terminada la investigación antes de acudir a juicio.

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EFE

El último en comparecer en el Congreso fue Rajoy, quien negó los hechos y dijo no conocer a Villarejo, uno de los artífices del operativo. Semanas antes, el polémico mando, con 30 piezas abiertas en la Audiencia Nacional por múltiples delitos, dijo en sede parlamentaria que se mandaba mensajes de móvil con Rajoy al que informaba del espionaje a Bárcenas. Concretamente, los seguimientos al extesorero se iniciaron después de que confesara en la Audiencia Nacional los detalles de la caja B del PP, refrendados años después por el Tribunal Supremo y la causa que motivó la moción de censura que apeó a Rajoy del Ejecutivo.

El último en comparecer en el Congreso fue Rajoy, quien negó los hechos y dijo no conocer a Villarejo, uno de los artífices del operativo

Los parlamentarios ponen el acento en el uso que hizo la Dirección Adjunta Operativa de la Unidad de Asuntos Internos, cuyo objetivo es la persecución de posibles delitos cometidos por funcionarios policiales. En la causa judicial está imputado el entonces responsable de este departamento, el comisario Marcelino Martín Blas. Las conclusiones de la comisión destacan que las funciones de Asuntos Internos "están muy alejadas" de la operativa de seguimientos al extesorero del PP para arrebatarle documentación.

Manuel Morocho y Cosidó el "extraterrestre"

También analizan el papel de la UDEF, la unidad de élite para investigar casos de corrupción. La comisión dice que sus responsables colaboraban con la Dirección Adjunta, pero al mismo tiempo jugó un papel de "víctima" como acredita el trato que le dieron a alguno de sus investigadores, el inspector Manuel Morocho. Citan el testimonio de este funcionario para defender que se trató de torpedear las investigaciones que afectaban a la corrupción del PP.

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Además de los pagos con fondos reservados y la concesión de medallas pensionadas, el Congreso detecta una trama de ascensos o promociones profesionales en pago por participar de estas estrategias. Es el caso del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, imputado en el caso. Fue captado como confidente a cambio de pagos mensuales procedentes de fondos reservados y terminó ingresando en la Policía con una plaza fija.

Por la operación Kitchen —investigada judicialmente dentro del caso Villarejo—, figura como imputada casi toda la cadena de mando de la Policía Nacional desde inspectores hasta el ministro del Interior de la época. Sin embargo, no lo está el que fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Este cargo político compareció en la comisión de investigación y dijo no haber tenido conocimiento de estos hechos. Los parlamentarios dudan de esta versión y reaccionan con ironía al calificar a Cosidó como un "extraterrestre". Llaman la atención respecto al "descontrol" bajo su gestión teniendo en cuenta que la Policía es un cuerpo jerarquizado. "Los indicios le señalan de forma directa", zanjan pese a que no está investigado en la Audiencia Nacional.