El juez propone juzgar a la excúpula de Interior por Kitchen y exculpa a Cospedal

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón da por concluida la investigación sobre la operación Kitchen. Como ha avanzado El Confidencial a primera hora de esta mañana, el magistrado ha notificado un auto de conversión en procedimiento abreviado, el primer paso para abrir juicio oral, en el que ha acordado archivar la causa tanto para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como para su marido, Ignacio López del Hierro. En cuanto al expresidente Mariano Rajoy, al que el comisario jubilado José Manuel Villarejo también ha implicado en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, opta por cerrar la investigación sin tomarle declaración.

La pieza número 7 del caso Villarejo pone así rumbo a la Sala de lo Penal con un banquillo en el que Jorge Fernández Díaz se erige como principal representante del PP y del Gobierno de Rajoy. El partido, de hecho, ya ha anunciado que le suspende de militancia. Un escalón por debajo del ex responsable de Interior, el que fuera su mano derecha, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, con quien el que fuera ministro ha mantenido un duro enfrentamiento a lo largo de toda la instrucción. Ambos llegaron a protagonizar un careo para contraponer sus versiones, pero García-Castellón ha decidido finalmente que los dos deben llegar a juicio como acusados.

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El magistrado considera los hechos constitutivos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación. Junto a Fernández Díaz y Martínez, también queda a un paso del banquillo el propio Villarejo, el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, el exjefe la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño. El listado de policías que supuestamente participaron en esta operación para sustraer documentación sensible a Bárcenas lo cierran José Luis Olivera, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo y Sergio Ríos Esgueva.

En lo que se refiere a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, García-Castellón acordó imputarles el 2 de junio por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción había pedido citarles como investigados en septiembre de 2020 junto al propio Fernández Díaz, pero en un primer momento el magistrado solo atendió la postura del Ministerio Público respecto al exministro del Interior. La investigación siguió su curso con la ex secretaria general en segundo plano hasta los últimos meses, cuando, como adelantó El Confidencial, se hallaron apuntes inéditos de Villarejo que les arrinconaban a ella y a su esposo.

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En cualquier caso, tras interrogarles, el magistrado considera que no se han recopilado indicios suficientes sobre su implicación en la operación Kitchen, una decisión que ahora pueden recurrir las partes. El 29 de junio, Cospedal desvinculó al PP y a ella misma del espionaje al extesorero de la formación: reconoció sus contactos con el comisario en los años investigados, pero aseguró que se había reunido con él porque estaba preocupada por las supuestas operaciones que sufría su partido. También explicó que fue su marido quien se lo presentó y, un día después, este incidió en que se vieron con él porque supuestamente tenía información sobre miembros del PP.

Esta falta de indicios que señala el juez se extiende además al que fuera jefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, y al hombre que asaltó la vivienda de la familia del extesorero ataviado como un sacerdote, Enrique Olivares, para los que también se archiva la causa. El pasado 16 de julio, la Fiscalía Anticorrupción también pidió imputar Ignacio Cosidó, exportavoz del PP en el Senado y director de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, pero García-Castellón echa por tierra esta petición en su auto.

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"A diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior (a los que nos hemos referido anteriormente) respecto de los que existe una sólida base indiciaria, resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican la incriminación de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro y José Luis Ortiz Grande", argumenta. Razonamiento similar expone respecto a Rajoy y sus supuestos contactos con el comisario jubilado, apuntando a que "ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro".

El juez subraya para ello que la supuesta implicación del expresidente en Kitchen, operación que se llevó a cabo entre 2013 y 2015, se basa únicamente en la versión de Villarejo y cuestiona su credibilidad: "Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática, trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades", explica.

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Este no es el único dardo que el juez lanza contra Villarejo en su auto. Según sostiene, pese a las directrices dadas por el ministro y las motivaciones que pudiera tener este en Kitchen, la finalidad que guiaba al comisario y a su socio García Castaño era la de incautar y mantener dicha documentación en su poder, sin entregárselo a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio: "Extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando".

Descartada la citación de Rajoy y con Cospedal ya al margen del caso, el auto del juez da un respiro al PP, pero el hecho de que Fernández Díaz y ex altos cargos policiales vayan a sentarse en el banquillo apuntala al mismo tiempo la idea de que Kitchen fue orquestada tanto por Interior como por la cúpula del cuerpo. El juicio también permitirá repasar algunas de las declaraciones más duras que se han escuchado durante la instrucción: entre ellas, destaca la del principal investigador del caso Gürtel, el inspector de la UDEF Manuel Morocho, quien narró el 15 de junio las presiones que se vivían en la Policía para boicotear pesquisas que afectaban al partido conservador.

La de Kitchen se suma a otras piezas del caso Villarejo que el juez ha ido cerrando en la última semana. Este martes, notificó el auto de conversión a procedimiento abreviado de la de Planeta; un día después, hizo lo propio con la del hostigamiento a la doctora Pinto, y este mismo jueves, con la de Mutua Madrileña. Por el momento, Kitchen es la de mayor envergadura que da por finalizada y, entre las que siguen abiertas, solo puede compararse en el plano político con el caso Dina. García-Castellón encarará así el próximo otoño con la macrocausa ya reconducida y el foco puesto en los servicios que el comisario prestó a empresas del Ibex 35.