Delitos de odio: un informe del Gobierno revela que solo el 10% de denuncias acaban en condena

Los delitos de odio están a la orden del día. El número de denuncias crece en España año tras año, tanto en las estadísticas como la presencia que estos episodios tienen en los medios de comunicación. Este mismo año han tenido lugar tres hechos que han calado en la opinión pública y han marcado las agendas de los principales partidos políticos. Uno es el polémico cartel de Vox contra los menores migrantes no acompañados, fue una de las acciones electorales de la formación en los comicios de la Comunidad de Madrid y la Justicia terminó avalándola. Otro es el trágico caso de Samuel, el joven de 24 años al que presuntamente asesinó un grupo de personas en A Coruña tras una brutal paliza al grito de "maricón", y, por último, el de la falsa denuncia del chico agredido por ocho encapuchados en un portal de Malasaña. Los tres casos forman parte de un problema real con diferentes aristas y que afecta a muchos colectivos, en un ambiente cada vez más tenso por las disputas partidistas.

Pero, a pesar del aumento de denuncias, hasta el momento no se ha hecho un seguimiento de estas para saber cuántas de ellas terminan siendo juzgadas y con una sentencia condenatoria. Siempre se han dado los datos por separado, por un lado las demandas y por otro las resoluciones judiciales. Por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha financiado un estudio sobre la "Trazabilidad de los incidentes de odio a lo largo de la vía judicial". Es una experiencia piloto que analiza en profundidad los incidentes de odio notificados a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid y en el País Vasco.

Los documentos, a los que ha tenido acceso El Confidencial, señalan que solo el 11% de las denuncias desembocan en una sentencia condenatoria en el caso de la Comunidad de Madrid y casi el 50% terminan en sobreseimiento. Una cifra que los expertos achacan al alto porcentaje de casos en los que no se logra identificar al autor de la agresión.

Como muestra para hacer el análisis, se han utilizado las denuncias registradas en el Sistema Estadístico de Criminalidad del año 2015, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES). Se han analizado 126 incidentes denunciados o investigados y registrados en la Comunidad de Madrid y otros siete casos en el País Vasco (en un principio eran 29, pero, tras eliminar duplicidades y filtrarlas, se redujeron a dicha cifra). La media de enjuiciamiento en los casos de delitos de odio está en dos años, por eso se fijó 2015 como fecha de selección de la muestra para poder encontrar el máximo de sucesos con una sentencia firme.

En el caso de Madrid, el sobreseimiento provisional es la categoría más frecuente, con un 46,9%. La segunda es la sentencia absolutoria, un 13,5%, seguida de la sentencia condenatoria, con un 11,1%, e inhibición, de hasta el 8,6%. Si estos datos se comparan con el seguimiento que se llevó a cabo en 2018, se ve a simple vista que son muy similares, "no existiendo variaciones significativas respecto de las categorías más frecuentes, excepto de las sentencias condenatorias (11,1% versus 5,4%)".

"Aunque no se puede conocer en todos los casos el motivo del sobreseimiento provisional, hay un alto porcentaje de ellos con autor desconocido"

El informe incluye a pie de página un apunte donde destaca que, aunque no se disponga de toda la información sobre los motivos de sobreseimiento de la totalidad de los casos, "existe un alto porcentaje de ellos que corresponden a hechos con autor desconocido".

En las conclusiones sobre el seguimiento de los casos registrados en Madrid, se constata la dificultad de trazar el recorrido de cada uno de ellos en las diferentes fases del procedimiento por no tener un número de identificación común. No obstante, se aclara que "la muestra analizada puede ser representativa de los casos de odio, por lo que los motivos de interrupción en el procedimiento pueden ser generalizables".

Este estudio es pionero en España porque hasta el momento no se había analizado la trazabilidad de este tipo de delitos, algo realmente complejo por múltiples motivos. En primer lugar, porque existen "importantes problemas de compatibilidad" entre las bases de datos policiales y judiciales, que "obstaculizan seriamente la posibilidad de realizar estudios de investigación rigurosos", señala el informe 'Análisis de casos y sentencias en materia de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia 2014-2016'.

En este sentido, la investigación persigue dos claves: esclarecer por qué un gran volumen de los casos denunciados a la Policía no llega a una sentencia condenatoria y profundizar en los problemas de trazabilidad detectados a lo largo del proceso que se inicia tras una denuncia. El estudio lo ha realizado La Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad (Fiadys) con la participación de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad del País Vasco y lo firman la doctora Andrea Gimenez-Salinas Framis y el catedrático Jon-Mirena Landa Gorostiza.

En el caso del País Vasco, la Fiscalía remitió a los investigadores un total de 29 resoluciones judiciales que en principio estarían vinculadas a casos relacionados con delitos de odio. Pero, tal y como apunta el estudio, no respondían a una recopilación sistemática o exhaustiva, sino a una selección de casos anonimizados. Tras excluir duplicidades y otras resoluciones de mero trámite, así como otras que no guardaban relación con el objeto del proyecto, finalmente, los expedientes que se analizaron fueron siete. "En consecuencia, restan apenas siete resoluciones de interés. De entre las mismas, cinco fueron dictadas en 2018 y una en 2019, desconociéndose la fecha de una de ellas", apunta el estudio.

En cuanto al sentido del fallo de estas siete resoluciones, dos son condenatorias y una única acarrea pena de prisión. El resto son absolutorias, cuatro, o de sobreseimiento, una. En cuanto a la tipología, destacan los delitos de amenazas, que están presentes en cuatro de los casos analizados, seguidos por dos de discurso de odio, dos de lesiones y otros dos de injurias. En el caso de los colectivos protegidos, tres de las siete condenas tienen que ver con la orientación sexual, dos con lo étnico-racial, una con discapacidad y una con ideología.

El oportunismo empantana la lucha contra la homofobia

El supuesto ataque de Malasaña, que acabó siendo falso, más el repunte de las agresiones LGTBI, provocaron que el pasado septiembre el Gobierno convocara de urgencia la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, que preside Pedro Sánchez. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se posicionó públicamente y en una entrevista en la Cadena SER aseguró que hay "una evidente relación" entre los delitos de odio y los discursos, en referencia a Vox. En este mismo sentido, PSOE y Unidas Podemos vincularon los supuestos hechos al lenguaje que emplean los de Santiago Abascal para referirse a los colectivos LGTBI.

El Gobierno quedó en una delicada situación al conocerse que el supuesto ataque de Malasaña no era más que una denuncia falsa. Como ya informó este medio, el grupo socialista se preparaba para acelerar la negociación con UP y el resto de socios para la llamada ley Zerolo con el objetivo de que se convirtiese en una realidad cuanto antes, mientras que también estaba pendiente de aprobación (y sigue) la ley trans.

El Ejecutivo pretendía poner sobre la mesa su arsenal legislativo, especialmente en el caso de la primera de esas leyes, la de igualdad de trato, que se considera un recurso de envergadura contra los delitos de odio, ya que ayuda a combatir la discriminación en los ámbitos laboral, administrativo, de seguridad ciudadana y en lo referido al acceso a una vivienda.

La "cifra oscura" de los delitos de odio

Mujeres maltratadas, musulmanes o judíos acosados, inmigrantes insultados, homosexuales agredidos... Los delitos de odio son una gran preocupación en la Unión Europea, pero, tal y como advierte la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) en un informe publicado este año, existe una elevada cifra oculta de casos que se quedan sin denunciar y, por lo tanto, no son ni investigados ni juzgados.

Según los datos de la FRA, recogidos en diferentes encuestas y estudios durante los últimos años, entre el 51 y el 79% de las agresiones no son denunciadas. El porcentaje es mucho mayor cuando el ilícito que se aborda es el acoso. El organismo destaca que el principal motivo que hay para que la gente no decida dar el paso de contar lo vivido es la convicción de que acudir a la Policía no servirá para nada, aunque también se aduce que el proceso es demasiado complicado, largo o incómodo.

¿Por qué muchos casos no llegan a los cuerpos policiales?

El informe elaborado por Fiadys también profundiza en por qué hay tantos incidentes, que podrían ser calificados como de odio, que no llegan a detectarse por los cuerpos policiales. El documento apunta varias razones. La primera, el denunciante ignora que el hecho puede ser constitutivo de un delito de odio y no lo denuncia como tal. O sí lo hace, pero no hay autor conocido, y por ello se procede a un archivo precipitado del caso.

Otra de las razones es que los agentes encuadren el suceso en otro tipo de delito y, por tanto, se tramite en los juzgados con otra calificación jurídica. Y, por último, porque muchas denuncias de ONG se realizan ante la Policía Local, o directamente en la Fiscalía especializada en estos asuntos. Así, estos casos no figuran en la estadística que elabora el Ministerio del Interior

Violencia política en Cataluña

Aunque el informe interno del Ministerio de Inclusión no recoge en la muestra analizada supuestos ligados al proceso independentista catalán, el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña ha constatado que, en 2020, en la comunidad se registraron 380 incidentes de violencia política y odio ideológico. Y que la mayoría provenían de los sectores secesionistas.

Del total de incidentes, 349, el 92% fueron perpetrados a manos de independentistas (a título individual o en grupo), mientras que casi un 3% se atribuyeron a personas contrarias a la secesión. En 20 casos no fue posible identificar la autoría.

Este informe lleva un año en un cajón

A pesar de haberse financiado con fondos públicos, este estudio ha estado en manos del Gobierno desde finales de 2019, y en ningún momento se ha hecho público. El Confidencial ha podido acceder al informe gracias a una solicitud de transparencia que fue denegada por el propio Ministerio de Inclusión.

Ante la negativa, se presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia que, amparándose en la ley de Trasparencia 19/2013, emitió una resolución favorable para que se compartiera el estudio y dio un plazo de diez días al Ministerio para cumplir con la resolución. 

Aquí puede consultar el informe íntegro.