Sánchez convoca la comisión contra delitos de odio tras el repunte de agresiones LGTBI

El Gobierno ha convocado de urgencia para este viernes la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, que presidirá Pedro Sánchez, para analizar el repunte de las agresiones contra el colectivo LGTBI. La última se produjo el pasado domingo en Madrid cuando ocho encapuchados asaltaron a un joven de 20 años en el portal de su casa cortándole el labio y grabándole la palabra 'maricón' con un cuchillo en el glúteo. Unos hechos que investiga la Policía Nacional como delito de odio. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha condenado los hechos tras la celebración este martes del Consejo de Ministros y avanzado que "vamos a utilizar todas las herramientas del Estado de derecho para combatir los discursos y actitudes que promueven el odio".

El objeto de la comisión, que de forma extraordinaria presidirá Sánchez, será analizar la situación a la que se enfrenta este colectivo, así como "activar nuevos mecanismos" de cara a prevenir nuevas agresiones. De forma paralela, el Gobierno solicitará a los grupos parlamentarios que se acelere la tramitación de la ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, conocida como ley Zerolo. "Los delitos de odio requieren el máximo reproche social y político", ha añadido Rodríguez haciendo hincapié en la condena de "todos los discursos de odio" que alentarían estas agresiones.

Según los datos que recoge el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, el número de agresiones relacionadas con delitos de odio aumentaron un 45% entre 2013 y 2019. A falta de que se aporten datos para el pasado año, en los tres anteriores se produjo un crecimiento impulsado sobre todo por los hechos relacionados con la ideología, el racismo y la xenofobia. Los primeros se duplicaron entre 2014 y 2019, y los segundos habían crecido casi un 20% en el mismo periodo. Los hechos relacionados con la discriminación por orientación sexual o identidad de género también aumentaron en 2019 con respecto a 2018. La suma de infracciones penales y administrativas pasó de 259 a 283, casi un 10% más.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, mostró su rechazo a la agresión a través de su cuenta de Twitter asegurando que "no podemos tolerar como sociedad que te asesinen al grito de 'maricón' o que te metan en un portal para pegarte una paliza por tu orientación sexual. No permitamos los discursos LGTBIfóbicos y en contra los derechos de las mujeres. Todo nuestro cariño para el joven agredido".

La titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, lamentó por su parte lo que consideró un intento del PP de "quitarle hierro a los discursos de odio que la ultraderecha lanza a diario". "No podemos callar ante los que no permiten vivir una vida segura a una parte de nuestro país. Frente a su odio, vidas libres", concluyó.

Castigo a las novatadas

En el Consejo de Ministros de este martes se han aprobado en segunda vuelta la Ley de Convivencia Universitaria, que castiga las novatadas, el plagio o el acoso, y la Ley de Formación Profesional. Esta última norma integra la FP del sistema educativo y la FP para el empleo en un solo modelo, además de regular la relación entre estas enseñanzas y las universitarias.

Uno de sus principales objetivos pasa por mejorar la adaptación de la formación profesional a las necesidades del tejido empresarial y contará con un presupuesto de alrededor de 5.000 millones de euros. "Debemos una oportunidad a una generación de jóvenes de un empleo digno y de calidad y la FP se la va a dar", ha valorado la ministra de Educación, Pilar Alegría, haciendo un llamamiento al consenso político.