La ley trans de Montero caldea el congreso federal del PSOE como gran tema de fricción

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ganó el pulso a la exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, logrando sacar adelante el anteproyecto de la denominada ley trans, incluyendo en el texto la autodeterminación de género. Calvo se había alineado con las posiciones del feminismo clásico de su partido y durante meses bloqueó este polémico proyecto sobre los derechos de transexuales, hasta que el pasado mes de junio se aprobó en el Consejo de Ministros. Un cierre en falso de la polémica que no hizo más que agudizar el rechazo entre sectores del PSOE como se visibiliza en las enmiendas a la ponencia marco del 40º congreso federal del partido a las que ha tenido acceso este diario. Fuentes cercanas a los responsables de la coordinación de la ponencia avanzaban, durante el proceso de ordenación del total de 10.500 enmiendas presentadas, que el debate feminista en esta cuestión sería el que más fricciones genere en el congreso que se celebrará el próximo fin de semana en Valencia.

"El anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros es programa político de Podemos, con el que como feministas no estamos de acuerdo y debe darse en el seno del Partido Socialista un periodo de debate y reflexión al respecto", indica una de las enmiendas más recurrentes que han pasado el filtro para debatirse en comisión con el respaldo de una quincena de comisiones provinciales, el PSC y la corriente Izquierda Socialista. Sin embargo, en las mismas comisiones han pasado el filtro enmiendas en el sentido contrario, dejando patente la división interna. La coordinadora de la comisión de feminismo del documento marco es Isabel Gil, consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura.

Las consecuencias negativas de esta legislación, continúa el texto de la enmienda de sustitución referida y que aglutina distintas delegaciones, "ya se están produciendo en aquellos países en los que se han aprobado leyes llamadas comúnmente de 'identidad de género' y la necesidad de abordar con las suficientes garantías para todas las personas y profesionales implicadas, exigen que el PSOE se comprometa a impulsar y desarrollar, en un plazo máximo de dos años, un debate social basado en evidencias científicas y cuyas conclusiones, por descontado respeten nuestro marco legal"

Otras enmiendas, también con elevado respaldo, son menos tajantes, pero advierten sobre la necesidad de que "la nueva legislación ha de ser respetuosa con las necesidades de las personas transexuales, conforme a los principios constitucionales y con plenas garantías jurídicas que den protección a los/las menores y reforzando los apoyos psicosociales y profesionales que eviten dañar a las personas implicadas en estos procesos como desde el PSOE siempre hemos defendido". Unos argumentos similares a los que empleaba Calvo para frenar la ley en los términos que se reclamaban desde el Ministerio de Igualdad.

Desde la vicepresidencia primera siempre se esgrimieron dudas sobre la "seguridad jurídica" de la iniciativa, aunque en el trasfondo de este choque se encontraban dos visiones distintas sobre el feminismo, como ahora vuelve a quedar patente. Los socialistas advirtieron también durante el proceso de redacción sobre la necesidad de no "desbordar el marco constitucional" e hicieron énfasis en que la autodeterminación de género "no es un derecho fundamental".

La posición de lo que se denominaría feminismo clásico para por volver a la ley 3/2007 "que regula el cambio de sexo para las personas transexuales que lo decidan, manifestando su acuerdo "con la supresión del requisito de dos años de hormonación para el ejercicio de ese derecho, especialmente para la infancia". Se defiende en esta línea de rechazo a la ley trans, ahora mismo en trámite de audiencia e información pública, que "el hecho de que existan leyes autonómicas regulando derechos a las personas transexuales no significa que se deba aprobar una ley estatal como la que propone Podemos, porque el ámbito competencias y las consecuencias jurídicas son diferentes".

Su propuesta es que "no prevalezcan las intervenciones quirúrgicas y de tratamientos médicos que en la mayoría de los casos no son necesarios desde el punto de vista médico y dejan secuelas de por vida", al entender que "en algunos casos estas intervenciones se hacen sin el consentimiento previo e informado". Según figura en el anteproyecto de la ley aprobado en el Consejo de Ministros, los mayores de 14 años podrán cambiar en el DNI su sexo y desde los 16 sin autorización de los progenitores. Para avalar jurídicamente la propuesta de que cualquier persona pueda cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil solo con una declaración expresa, a partir de los 16 años, desde Igualdad se acogieron a una instrucción de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales.

Otras enmiendas son más conciliadoras, como una de Valencia en la que se apuesta por "cultivar el diálogo sincero y positivo con el conjunto del feminismo para superar las polémicas que han rodeado la elaboración del proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI". Se argumenta en esta línea "la convicción de que el machismo ataca por igual a mujeres, a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales en la medida que desafían, con sus reivindicaciones y su visibilidad, el dominio que ha ejercido a lo largo de los siglos. La regresión cultural y social que implica la emergencia de la ultraderecha en todo el mundo, también en España, debería obligar a los feminismos y a los activismos LGTBI a dialogar desde su pluralidad, pero sin extravagancias y entenderse para plantar cara a esa amenaza cierta".

Tampoco son pocas las enmiendas que defienden la ley trans impulsada desde Igualdad: "El anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI materializa un compromiso histórico tanto programático como orgánico del PSOE, y su aprobación supondrá el final de un largo camino que hemos recorrido junto con el colectivo LGTBI y muy en particular al lado de las personas transexuales, para quienes el Gobierno de J. L. Zapatero elaboró una ley que removió los obstáculos que les impedían ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía y que dotó de garantías jurídicas sus aspiraciones y demandas".

"Los y las socialistas tenemos un compromiso claro, rotundo e indiscutible con el colectivo LGTBIQ+. Contamos con un largo camino de luchas compartidas y de otras muchas que nos quedan por recorrer, y que haremos conjuntamente para acabar con cualquier tipo de discriminación y en la extensión de derechos de ciudadanía. Seguiremos trabajando con el movimiento LGTBIQ+ en su visibilización, contra el estigma y la discriminación, para garantizar una educación inclusiva y respetuosa con la diversidad sexual, para eliminar cualquier tipo de humillación, agresión o violencia hacia las personas LGTBIQ+. Los y las socialistas tenemos el orgullo de contar con voces diversas, de múltiples identidades, géneros y orientaciones. Por ello, el Partido Socialista no puede dar voz ni pasaremos por alto a personas que ataquen a cualquiera de las personas del colectivo LGTBIQ+, procediendo con expulsiones, sanciones y dejación de cargos, si los hubiere, de cualquier militante o simpatizante que realice actos constitutivos de LGTBIfobia o transfobia".

El choque entre Podemos y PSOE en materia de igualdad es también una lucha por el voto feminista y la hegemonía en el movimiento que ya comenzó a visibilizarse a principios de legislatura con la ley denominada del 'solo sí es sí'. Con el proyecto de la ley trans se agudizó. Las diferencias de PSOE y Unidas Podemos se enfatizan en lo referente la llamada teoría 'queer' y los socialistas llegaron a advertir su temor porque las leyes impulsadas desde Igualdad acabasen "desdibujando" a la mujer.