Violencia política en Cataluña: casi 1.000 agresiones en el último semestre de 2019

Cataluña vivió en el segundo semestre del año pasado un total de 977 episodios de violencia política, según el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, la organización que se encarga de fiscalizar todos los actos de intimidación por motivos políticos.

El 96,22% de esos actos de violencia (un total de 940) fueron cometidos por independentistas, mientras que solo un 2,05% (20 casos) fueron provocados por constitucionalistas y un 1,73% (17 casos) por personas ajenas a esos dos bloques. Ello representa cinco veces más que los actos detectados el primer semestre del año, cuando se cifraron en 187 los episodios de violencia política (un incremento del 522,46%).

De los actos violentos destacan los 534 localizados en la semana que va del 14 al 20 de octubre de 2019, justamente después de conocerse la sentencia del 1-O. En esas fechas, según el informe, “los sectores más extremistas del movimiento nacionalista emplearon tácticas de guerrilla urbana”. Las agresiones más graves tuvieron lugar el 17 de octubre, cuando “ultras españolistas agredieron salvajemente a un joven independentista y ultras catalanistas se ensañaron con una persona de apariencia ultraderechista. Ambos resultaron con graves heridas”.

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Los números contrastan con las conclusiones de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos (ODCP), que creó Quim Torra, que considera que “el gran número de agresiones que se han recabado provienen de la actividad de grupos de ideología españolista y con vinculaciones con la extrema derecha”. Además, esta oficina solo proporciona datos generales y cuantifica en 283 los episodios violentos de los que 190 son de vulneración del derecho de participación política, 31 contra la libertad de expresión y 18 por vulneración de la libre circulación.

José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, la entidad cívica que apoya al Observatorio, señala que las diferencias entre los números del Govern y los de esta organización se deben al diferente cómputo que se hace de los episodios violentos.

“No considera como episodios violentos las duras manifestaciones de octubre. Por ejemplo, el hecho de arrojar una bengala contra un helicóptero [episodio por el que hay un imputado], tirar adoquines a la policía o incendiar contenedores no están considerados actos violentos por el Govern, sino que entran dentro de la libertad de expresión. En cambio, computa como agresión el hecho de retirar lazos amarillos o pancartas políticas de las fachadas de edificios públicos, que no deben contener propaganda partidista. E incluso llega a calificar de violencia simbólica el hecho de que en un encuentro de la liga femenina de balonmano el Hércules de Alicante se negó a disputar el partido si las jugadoras catalanas mantenían el lazo amarillo colgando en sus camisetas. Es incomprensible. Nosotros, en cambio, computamos todos los incidentes habidos”, explica Domingo.

“Las motivaciones ideológicas subsisten -explica el informe-. La violencia requiere de la deshumanización de la víctima o, en su defecto, de su invisibilización. Para la Cataluña gobernante, los no nacionalistas no existen”, critica el informe. Denuncia, así, que “media Cataluña es invisible en la escuela, en los medios de comunicación públicos, en el discurso oficial que habla en nombre de toda Cataluña cuando solo representa a la mitad, o en la vía pública, los edificios públicos (escuelas, salas de cultura, centros de salud…) o las instituciones que pueden ser ocupadas con propaganda partidista (lazos o pancartas) en un ejemplo de privatización del patrimonio de todos”.

‘Indepes’ contra ‘indepes’

La violencia contra partidos es también una constante en Cataluña: las agresiones pasaron de 84 en el primer semestre a 100 en el segundo. En este sentido, el PSC ha sido el partido más atacado: hasta 33 incidentes se han registrado en sus locales, ya sea mediante escraches, agresiones, pintadas, lanzamiento de excrementos, deslucimiento o daños.

Le sigue Ciudadanos, con 25 ataques, que se lleva el récord de agresiones físicas a sus militantes. El PP y ERC empatan, con 13 ataques a sus sedes, son los partidos que más agresiones han padecido. Pero, curiosamente, 12 de las 13 agresiones de los republicanos vinieron precisamente de las filas de los sectores más extremistas del independentismo y solo una de personas que podrían asimilarse al bando no independentista. JxCAT sufrió 7 actos de vandalismo, mientras que Vox se llevó 5, los comunes, 2 y la CUP otros dos.

En cuanto a entidades sociales, las independentistas sufrieron tres ataques (uno la ANC y dos Òmnium Cultural) y las entidades constitucionalistas, una decena, mientras que dos entidades que no tienen vínculos políticos recibieron sendas agresiones. Es de destacar en este sentido que las dos entidades sin adscripción política son el RCD Espanyol y la peña barcelonista Nostra Ensenya.

“El primero recibió ataques injuriosos de independentistas por no condenar la sentencia del Supremo sobre el proceso soberanista. El grupo de animación del Barça fue objeto de un ataque por activistas de La Forja, entidad próxima a la CUP, que lo confundió con un colectivo ultraderechista en el Fossar de les Moreres”.

Los grupos antiindependentistas que más ataques recibieron fueron Sociedad Civil Catalana (SCC) y a S'ha Acabat, con cuatro episodios violentos cada una. Incluso, por primera vez en la historia, fue atacada la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), lo que es paradigmático de la situación que se vive en Cataluña.

En el segundo semestre subió también la violencia contra autoridades, profesionales e instituciones, pasando de 79 a 204 casos (que afectaron a 285 personas o instituciones). Hubo 25 agresiones a periodistas con episodios violentos o gritos de ‘Prensa española, manipuladora’ mientras estaban trabajando y también agresiones a empresarios a los que se acusa de “ayudar a la represión”.

En este sentido, se destacan las campañas de boicot comercial a grandes empresas, la ocupación de sus locales y las listas negras de hoteles que hospedaban a policías o guardias civiles. “Especial objeto e inquina ha padecido la empresa de panadería de Josep Bou, concejal del PP en Barcelona”. Los ataques a empresas se multiplicaron por 9, pasando de 4 a 36 en el segundo semestre.

Actos de hispanofobia

El Observatorio detectó también 36 incidentes en los que el componente hispanófobo era el elemento central. “La hispanofobia está presente en la gran mayoría de los actos violentos. De hecho, no es infrecuente que en las concentraciones se contraponga como incompatible la catalanidad con la condición de español”. Apuntan a que estas acciones provienen, en su mayoría, de grupos como los CDR, Arran (juventudes de la CUP) o plataformas autodenominadas antifascistas, ya que han reivindicado algunos de esos actos.

“Lo novedoso ha sido la aparición de colectivos opacos que son los que han promovido los más graves incidentes de orden público. Nos estamos refiriendo a Tsunami Democràtic, a Picnic per la República o a Lliris de Foc, por ejemplo”, señalan.

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Entre los casos de hispanofobia destacan “las propuestas de sanción a todos los alumnos de una clase porque algunos de ellos hablaban en castellano; la prohibición a los Mossos d’Esquadra de emplear el castellano, salvo en conversaciones privadas; las quemas de la bandera constitucional y las agresiones a personas que la llevaban; el acoso en un centro de salud a una doctora que utilizó el castellano con una paciente; el trato vejatorio a una menor que llevaba simbología española por parte de una monitora escolar; y la utilización de niños en la divulgación de vídeos con mensajes hispanófobos”.

Así, concluye también que “la violencia descrita no es una mera reacción esporádica, sino la exteriorización de una violencia latente durante décadas, alimentada por un discurso de odio ideológico que demoniza las instituciones judiciales y los símbolos comunes españoles y que desprecia las reglas del juego democrático. Este discurso, alentado desde las instituciones gobernadas por las formaciones nacionalistas, inculca frustración, resentimiento y fobia a lo español”.

El informe es inclemente con la actitud de las autoridades catalanas ante esta situación. “La sentencia del Supremo supuso una intensificación del desafío institucional por parte de la Generalitat y otras administraciones controladas por los nacionalistas en Cataluña. Tal como advertíamos, este desafío, que se concreta en la ya mencionada deslegitimación y en actos de desobediencia, contribuye a la crispación y al aumento de la tensión en la sociedad, favoreciendo la aparición de acciones violentas. Cuando desde las propias instituciones se sostiene que se está produciendo un trato extremadamente injusto es más fácil que los ciudadanos estén dispuestos a aceptar, cuando no a protagonizar, acciones violentas (…) En el caso de Cataluña nos encontramos no solo con este discurso deslegitimador al que nos hemos referido, sino que incluso se aprecia una tolerancia institucional a la violencia”.

En sus conclusiones, el informe destaca que “los episodios de violencia tienen su origen, fundamentalmente, en campañas de los grupos independentistas diseñadas para atacar de forma sincronizada sedes de partidos políticos o empresas, boicotear infraestructuras y cortas las comunicaciones viarias. Los episodios violentos han sido planificados y en ellos se ha empleado material destinado a causar víctimas (lanzamientos de piedras, cócteles molotov, bengalas, utilización de líquidos inflamables…)”.

La mayor parte de los episodios se dieron en la ciudad de Barcelona, que acaparó 333 de las agresiones, más de un tercio del total. En el área metropolitana hubo otros 141 actos y en la demarcación de Girona, 109.