La falsa denuncia y el oportunismo político empantanan la lucha contra la homofobia

Al borde de las seis de la tarde de este miércoles, todo saltó por los aires. Tras dos jornadas de intensa utilización partidista de una supuesta agresión homófoba, fuentes de Interior confirmaban que el origen de esa batalla política era falso: el joven que había denunciado un brutal asalto y lesiones reconocía que se lo inventó. La noticia trastocó el paso de todas las formaciones, pero sobre todo de una izquierda que se había lanzado de forma agresiva a capitalizar el suceso con Pedro Sánchez al frente. El presidente había convocado de urgencia la comisión de seguimiento de delitos de odio para este viernes, que mantendrá pese a desmontarse la denuncia en cuestión, y varios ministros, con papel protagonista de Fernando Grande-Marlaska, habían salido en tromba contra la derecha y sus mensajes. Ahora, los papeles se intercambian y son PP y Vox quienes se revuelven para reclamar explicaciones y colocarlos frente al espejo.

A última hora de la tarde, fuentes de la dirección popular ya avanzaban que pedirán que el ministro del Interior comparezca y relate los detalles del caso. El propio secretario general, Teodoro García Egea, se preguntó si Marlaska conocía la confesión de la presunta víctima "cuando acusó a otras formaciones políticas de generar odio". "Si lo sabía, mal; si no, peor", sentenció. El partido se sacudió desde el principio de la polémica las críticas recibidas —se lo acusó de "blanquear" a Vox— y puso el foco en la instrumentalización de los delitos de Moncloa y sus socios, pero el cambio de rumbo en el caso reforzó su postura. "Ni grupos de homófobos, ni terroristas mandando balas y navajas, ni grupos de expertos. La izquierda se va al abismo", zanjó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

TE PUEDE INTERESAR

La víctima de la agresión homófoba de Malasaña: "Me lo he inventado todo"

Nacho Abad

El desconcertante giro de los acontecimientos puso de manifiesto el partidismo esbozado por las distintas siglas del arco parlamentario y asestó un duro golpe a la lucha de los colectivos LGTBI, que vieron cómo un asunto que había provocado un estallido social por la causa ahora se tornaba en su contra. Varias asociaciones habían convocado ya manifestaciones en la Puerta del Sol para este mismo miércoles, pero también para el sábado, lo que hacía presagiar un incremento de la tensión ya existente.

En la izquierda, la iniciativa la encarnó personalmente Sánchez, que anunció a bombo y platillo que él mismo presidiría la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, convocada de urgencia para el viernes. El presidente, que emitió su condena pública y rotunda, salía rápidamente a posicionarse y demostrar su capacidad de acción ante los hechos denunciados, que han eclipsado otros asuntos como la escalada del precio de la luz, que este jueves marca un nuevo máximo. Esta contundencia tras el suceso de la capital enervó al alcalde, el popular José Luis Martínez-Almeida, que vio en estas actuaciones un intento de "estigmatizar" la ciudad y a su población.

El jefe del Ejecutivo no había sido ni mucho menos el único del Consejo de Ministros en elevar el tono y lanzarse a canalizar el clamor social en su espectro. PSOE y Unidas Podemos habían vinculado los supuestos hechos, ocurridos casi en paralelo a otras dos agresiones con tintes homófobos en Toledo y Melilla, al lenguaje que emplean los de Santiago Abascal para referirse a los colectivos LGTBI.

El martes, el propio Grande-Marlaska se había posicionado públicamente en una entrevista en la Cadena SER al asegurar que hay "una evidente relación" entre los delitos de odio y los discursos. Su departamento, en un movimiento poco común en la investigación de un suceso, comunicó el giro drástico en la investigación a media tarde de este miércoles. Y minutos después, en una entrevista en La Sexta, calificaba la confesión de la presunta víctima como "un hecho anecdótico", argumentando que, pese a este caso, los delitos de odio han aumentado.

La primera que respondió ante las informaciones de Interior fue Irene Montero, la ministra de Igualdad, que había sido muy enérgica al relacionar a Vox con lo sucedido, así como con el blanqueamiento realizado por el PP. Tras conocer la falsedad de la denuncia, la dirigente de Podemos incidió en que "los delitos de odio contra el colectivo LGTB se han incrementado en un 43% en el primer semestre de 2021". "Que el árbol no nos impida ver el bosque", señaló en un tuit.

En la Comunidad de Madrid, Más Madrid había convocado una mesa de seguimiento sobre la homofobia, excluyendo a Vox. Su líder, Mónica García, lejos de cambiar su mensaje, insistió en sus consignas y enfatizó que "ahora hay que decir aún más claro que vamos a seguir luchando por una sociedad libre de violencias y odio".

En la diana de esos ataques políticos se encontró en todo momento el partido de ultraderecha, señalado por las formaciones progresistas. Abascal se limitó la pasada noche a compartir un mensaje de Rosa Díez, ex de UPyD, en el que esta se preguntaba si se iban "a lavar la boca con lejía todos los que no perdieron ni un minuto en señalar a Vox y declararlo culpable". Rocío Monasterio, su líder en Madrid, aprovechó para cargar contra la ley LGTBI de la comunidad y pedir su derogación. "Ni agresión homófoba, ni encapuchados ni nada. Una operación de desinformación de libro para demonizar a Vox y preconstituir pruebas falsas", apostilló Jorge Buxadé, eurodiputado. Desde la cuenta oficial del partido, solicitaron la dimisión de Grande-Marlaska y avanzaron que pedirán responsabilidades a Sánchez en el Congreso.

El partido, sin embargo, también trató de anotarse un tanto en un suceso paralelo, en Velada (Toledo), donde un joven fue golpeado por supuestas motivaciones homófobas cuando abandonaba las fiestas patronales. El diputado por la provincia, Manuel Mariscal, le llamó a su sede y subió una imagen asegurando que la víctima era "homosexual y de Vox". El afectado, Miguel Ángel, intervino en un programa de Antena 3 este miércoles y, entre otros aspectos, aclaró que ni es de esa formación ni tiene carné de ningún partido, que solo acudió porque le habían manifestado su interés por el caso, incluido el propio Abascal, que le llamó por teléfono para trasladarle su respaldo. "Hubiera ido donde me hubieran llamado".

TE PUEDE INTERESAR

La izquierda acusa a Vox y al "blanqueo" del PP del repunte de la violencia homófoba

I. Gil A. M. R.

Artillería legislativa

El 'shock' generado por la información facilitada por Interior llegaba en un momento en que el Gobierno y los grupos que lo conforman habían activado toda su maquinaria para volcarse en este tema. No solo a nivel dialéctico, sino también parlamentario. El grupo socialista se preparaba para acelerar la negociación con UP y el resto de socios para la llamada ley Zerolo con el objetivo de que esta se apruebe cuanto antes, mientras que esperan hacer lo propio con la ley trans cuando llegue su proyecto.

El Ejecutivo pretendía poner sobre la mesa su arsenal legislativo, especialmente en el caso de la primera de esas leyes, la de Igualdad de Trato, que se considera un recurso de envergadura contra los delitos de odio, ya que ayuda a combatir la discriminación en los ámbitos laboral, administrativo, de seguridad ciudadana y en lo referido al acceso a una vivienda, informa Ángel Alonso Giménez. Regula un régimen de sanciones que van desde leves a muy graves, con cuantías que se van graduando a partir de los 300 euros, con opción de alcanzar los 500.000.