La inmigración derriba el dique erigido con corruptelas para proteger Canarias
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incremento de la presión migratoria

La inmigración derriba el dique erigido con corruptelas para proteger Canarias

Más de 10.500 'sin papeles' llegaron a las islas en lo que va de año. Con sus viajes al Magreb, Sánchez y Grande-Marlaska tratan, por ahora sin éxito, de conseguir devolver a los inmigrantes

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La inmigración derriba el dique erigido con corruptelas para proteger Canarias

Hace algo más de una década, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, España organizó un sofisticado sistema de colaboración oficial y sobresueldos bajo cuerda a las fuerzas de seguridad de Mauritania y Senegal para impedir que se reprodujera la llamada 'crisis de los cayucos' de 2006, cuando 31.678 inmigrantes irregulares procedentes del continente africano desembarcaron en Canarias.

Catorce años después, ese dique de contención se ha venido abajo. Hasta mediados de la semana pasada, llegaron al archipiélago canario más de 10.500 'sin papeles', la mayoría desde agosto. Con relación al año pasado, son más de un 700% más. Si el ritmo se modera, Canarias cerrará el año con algo más de 15.000 inmigrantes irregulares, pero si se mantiene al nivel de estos últimos días, rebasará los 33.000. Ni siquiera en los peores momentos de la crisis de 2006 desembarcaron en las islas tantos náufragos al día como a principios de este otoño.

Foto: Las discrepancias entre ministerios agravan la crisis migratoria en Canarias

2020 también es diferente en materia migratoria. La costa norte de Marruecos, el frente tradicionalmente más activo, registra una caída de las llegadas por mar a la Península de casi un 30%, según el Ministerio del Interior. Pero no solo el flanco canario se dispara sino también el argelino. La mayoría de las pateras o más bien semi rígidas que cruzan el Mediterráneo de sur a norte zarpan de las costas de Orán y de Mostaganem (Argelia) rumbo a Murcia, Almería e incluso Alicante y Baleares.

Desde mediados de año, una vez concluida la etapa más dura del confinamiento en numerosos países, la inmigración está en auge. Las autoridades españolas y europeas prevén que cuando se restablezca una mayor libertad de movimiento, se disparará. Lo reconocía incluso el mes pasado Sabri Boukadoum, ministro de Asuntos Exteriores argelino: las turbulencias pospandemia en África, y especialmente en el Sahel, suscitarán “una gran oleada de inmigración que nos amenaza”. Entrarán en Argelia, advertía, y, de ahí, intentarán dar el salto a Europa junto con muchos argelinos.

A finales de la década pasada, España “metió en nómina a un país entero”, según narró en 2014 en su libro 'Diario de un espía' David R. Vidal, que durante 10 años siguió el fenómeno migratorio para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en África Occidental. Al margen de colaborar con los destacamentos de la Guardia Civil en Mauritania y Senegal, los miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas recibían un sobresueldo español por hacer bien su trabajo, vigilar las costas para impedir las salidas rumbo a Canarias. El sistema de 'incentivos pecuniarios', que también se amplió a Senegal, incluía además la concesión de visados Schengen de larga duración y múltiples entradas a varios miles de gerifaltes del régimen que aprovechan sobre todo para viajar a Francia, su país de referencia en Europa.

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El dinero de estos sobresueldos no salía de los fondos reservados sino de los acuerdos de cooperación entre el Ministerio del Interior español y esos dos países africanos para reforzar la operatividad de sus fuerzas de seguridad. A mediados de esta década, desembolsaba unos 14 millones de euros anuales de los que Mauritania se quedaba con el 70% y el resto Senegal.

En Mauritania, un asesor del presidente, que entonces era Mohamed Ould Abdelaziz, firmaba los justificantes de los gastos costeados por la cooperación española y desde la jefatura del Estado se repartían los 'incentivos' que llegaban hasta el gendarme que patrullaba por la playa. El Tribunal de Cuentas español señaló en alguno de sus informes el descontrol de Interior sobre el destino real del dinero gastado en cooperación, sobre todo con Senegal.

Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, ahondó, a partir de 2019, la política puesta en marcha 10 años antes por su predecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba. El año pasado triplicó, hasta alcanzar los 46 millones de euros, las ayudas otorgadas a los países africanos para luchar contra la emigración irregular, según una respuesta del Gobierno al diputado de Bildu Jon Iñarritu. Marruecos, que se benefició de ellas por primera vez, se quedó con el 69,5%, y el resto se lo repartieron sobre todo entre Mauritania y Senegal.

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El esfuerzo no ha sido rentable. Las pateras que llegan ahora a Canarias proceden del sur de Marruecos, del Sáhara Occidental bajo control marroquí y, sobre todo, de Mauritania, según fuentes de Inteligencia. En las últimas semanas, se han sumado también embarcaciones que zarparon desde Senegal y hasta de Gambia. “El recrudecimiento de la emigración irregular desde Senegal alcanza niveles preocupantes”, constaba en un comunicado, el 10 de octubre, de la asociación de periodistas senegaleses especializados en migraciones y seguridad (AJMS).

Una combinación de factores explica que el dique de contención de la migración erigido hace más de una década para proteger Canarias esté deshilachándose. El primero es, probablemente, el incremento de la presión migratoria a causa de la crisis económica provocada por la pandemia. Txema Santana, portavoz en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), señalaba a la prensa local que los migrantes senegaleses y marroquíes eran en sus países “guías, taxistas o vendedores ambulantes de baratijas” que, con la desaparición del turismo a causa del covid-19, se han arruinado.

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El investigador argelino Raouf Farrah, del centro de estudios Global Initiative Against Transnational Organized Crime, explica, por su parte, el auge de la emigración argelina (+606% con relación a 2019) por “la creciente pauperización, la gestión caótica de la pandemia, las restricciones de las libertades individuales y colectivas y la negativa del régimen a emprender las reformas que consagren las legítimas reivindicaciones del Hirak”, el gran movimiento pacífico de protesta que empezó en febrero de 2019. “Amplios sectores de la población tienen un profundo sentimiento de injusticia, de 'hogra' [humillación], sobre todo entre los jóvenes”, añade. “Para ellos, la emigración clandestina es la única puerta de salida”, concluye.

Para los 'harragas', como llaman en el Magreb a los 'sin papeles', hay ahora un aliciente más. Ya no corren el riesgo de ser expulsados de España y regresar a sus países derrotados y endeudados. Desde que empezó la pandemia, solo Mauritania ha aceptado un puñado de devoluciones con cuentagotas, pero las entregas de inmigrantes a Marruecos, a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, y a Argelia, a través del ferry que enlaza Alicante con Orán, están suspendidas 'sine die'.

El desbloqueo de las devoluciones ha sido el principal objetivo del viaje del presidente Pedro Sánchez a Argel, el 6 de octubre, y, en cierta medida, a Nuakchot, el 29 de junio, según indican fuentes diplomáticas. Con el mismo propósito, se desplazará este otoño a Túnez y a Líbano. La Dirección General de la Seguridad de Líbano anunció el 18 de octubre el desmantelamiento de una amplia red que operaba en el aeropuerto de Beirut para enviar a España emigrantes clandestinos libaneses y palestinos.

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El jefe del Gobierno ha sido precedido en sus visitas africanas por Grande-Marlaska. En Túnez, el 16 de octubre, le pidió al primer ministro que suscribiera un convenio, similar al suscrito con otros países magrebíes, para poder efectuar devoluciones. Su prioridad es expulsar a los más de 700 tunecinos atrapados en el Centro de Estancia Temporal de Extranjeros de Melilla desde hace más de un año.

Grande-Marlaska se llevó a Nuakchot, el 18 de septiembre, a la comisaria europea de Asuntos de Interior, Yilva Johansson, para sensibilizarla acerca de “la amenaza que se cierne sobre Canarias”, según un diplomático conocedor del viaje. El 6 de noviembre, viajarán juntos al archipiélago para que la responsable europea conozca la otra cara del problema migratorio.

El dique de contención se está también desmoronando en África Occidental, porque desde hace 15 meses Mauritania tiene un nuevo presidente, el exjefe de Estado Mayor Mohamed Ould Ghazaouani. Su equipo no parece tan eficaz como el de su predecesor a la hora de repartir los sobresueldos enviados por el Ministerio del Interior y la corrupción, fomentada por los traficantes de seres humanos, ha ganado terreno entre las fuerzas de seguridad.

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Al margen de Nuadibú, la gran ciudad septentrional de Mauritania desde donde tradicionalmente zarpaban los cayucos, los migrantes se echan a la mar desde al menos otros dos puntos de la costa mauritana: los pequeños puertos de Tanit, a 60 kilómetros al norte de la capital, y de Chami, a unos 200 kilómetros.

Interior es muy reacio a transportar masivamente a la Península a los miles de 'sin papeles' atrapados en el archipiélago, porque confía aún en poder entregar buena parte de ellos a Mauritania, mientras que los ministerios de Inclusión Social y de Industria y Turismo, y el Ejecutivo de las islas, sí abogan por su traslado.

Como la red de acogida de Canarias estaba desbordada, unos 2.300 han sido alojados en 12 hoteles vacíos, sobre todo en Maspalomas y Puerto Rico. El 1 de noviembre empieza la temporada alta y como la pandemia está controlada en el archipiélago se acaban de abrir pasillos aéreos con Alemania, el Reino Unido y Suecia, de donde procede cerca del 60% de los turistas que visitan las islas. Urge trasladarlos, en opinión de la Consejería de Turismo canaria, para evitar que los turistas se crucen en la calle o en sus hoteles con esos inmigrantes recién llegados.

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