La última concesión a Urkullu calienta aún más la cumbre de presidentes autonómicos

La Conferencia de Presidentes que cierra este curso político llegará mañana con los ánimos aún más caldeados y una sensación de decepción generalizada en la mayor parte de dirigentes autonómicos. La nueva concesión lograda por el lendakari, Iñigo Urukullu, que ha arrancado al Gobierno central una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para hoy en la que se abordará la transferencia de tres nuevos impuestos a Euskadi, ha engordado un malestar que el resto de comunidades ya acusaba por la falta de información de la cumbre, sin ningún encuentro preparatorio ni un orden del día detallado más allá de dos breves párrafos.

Al enfado de muchos presidentes autonómicos por la ausencia de criterios en el reparto de fondos europeos y el retraso en la recepción de vacunas, que amenaza el compromiso de terminar el verano con la inmunidad de grupo, se une el avance en la negociación bilateral entre el Gobierno y el País Vasco, y la ya abierta con Cataluña en un calendario más o menos fijado. Todos los presidentes del PP en bloque critican esta situación y así lo trasladarán en el encuentro de Salamanca de este viernes, en el que Urkullu finalmente participará, tras días amagando con que no lo haría, gracias al acuerdo fiscal. Pere Aragonès será el único que falte.

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Urkullu ha seguido los pasos que ya dio el año pasado, cuando por estas mismas fechas amenazó con no estar en la cumbre de San Millán de la Cogolla (La Rioja), hasta que cerró un acuerdo sobre la senda de déficit de su comunidad autónoma. Ya en 2020 levantó serias suspicacias por aquella jugada, también entre mandatarios socialistas. El presidente de Aragón, Javier Lambán, se quejó de la imposición de las condiciones de Euskadi en una cita que reúne a los representantes de todos los territorios, que además tachó de “poco edificante” para el conjunto del país.

La transferencia de nuevos impuestos (el IVA de ventas a distancia, el impuesto de transacciones financieras conocido como tasa Tobin y el relativo a los servicios digitales, la tasa Google) ha incrementado la desconfianza y fuentes del Gobierno aragonés confirman “el fuerte malestar” tras conocerse el acuerdo. En el caso de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page desea que el encuentro del viernes no se convierta en una “jauría política” con cada presidente buscando un “minuto de gloria”.

Igual que el líder castellano-manchego, otros dirigentes del PP, como el murciano Fernando López Miras, se quejan de que algunos dirigentes van a hacer cientos de kilómetros para dedicar cinco minutos a hablar de la situación epidemiológica de cada comunidad o la necesidad de acelerar la vacunación de los más jóvenes, cuestionando así que la reunión vaya a ser realmente provechosa. También denuncian los “privilegios” que algunos tienen gracias a las mesas bilaterales.

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Los asuntos candentes de la reunión ya auguran tensión en el ambiente. En la Junta de Andalucía, advierten de que no permitirán que la reunión sea “un simple paripé” en el que Sánchez busque “una foto de unidad” que realmente no existe. La inauguración, como ya ocurrió en La Rioja, correrá a cargo de Felipe VI. La cuestión es que la mayoría de los presidentes llegan a la cita con evidentes síntomas de hartazgo, mirando especialmente a los fondos europeos.

Ya hace un año, los líderes territoriales exigían conocer los ejes del reparto de los 140.000 millones de la Unión Europea y la única novedad de aquella conferencia fue que el dinero no se asignaría por cuotas, sino por proyectos. A día de hoy, se quejan algunos presidentes, la situación apenas ha cambiado. Y han pasado exactamente 12 meses. El presidente de la Xunta es especialmente crítico con el asunto y exige que el Ejecutivo aclare de una vez los criterios que se seguirán para asignar los fondos. Alberto Núñez Feijóo ha mostrado en muchas ocasiones su desconfianza acerca de que los proyectos más sólidos, aquellos que aporten mejoras en la economía, garanticen empleos y sean cruciales para sectores estratégicos, vayan a ser los que reciban las inversiones, esperando que no se premien solo los que quieran los socios habituales de Sánchez.

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Precisamente por la falta de información sobre el encuentro en Salamanca, Feijóo, abiertamente, tilda la conferencia de “reunión informal”, ironizando con que, de tratarse de un encuentro serio, el Gobierno se habría preocupado en hacer llegar la documentación previa para su estudio y análisis. También López Miras ha insistido mucho en esta cuestión a lo largo de la semana, dejando claro que a pocas horas del foro los presidentes autonómicos no saben qué acuerdos son los que se pretenden alcanzar, los temas que realmente se abordarán y los debates encima de la mesa. “Ni tan siquiera se nos ha convocado en tiempo y forma, porque no se nos ha citado con 20 días de antelación como marca el reglamento”, llegó a reprochar el presidente de Murcia.

La amenaza de Ayuso y la financiación

Una crítica compartida por el resto de líderes autonómicos que, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, podría provocar que no vuelva a asistir a una conferencia. La presidenta sigue manteniendo el compromiso de acudir este viernes a Salamanca, pero tiene claro que si el Gobierno vuelve a saltarse el reglamento y no convoca a los líderes territoriales en tiempo y forma, no estará en la siguiente cita. En el equipo de la presidenta regional, insisten en que el órgano se constituyó para fomentar el debate político entre territorios y no para participar “de manera acotada y por cinco minutos cada uno para abordar distintos temas”, como pide el Ejecutivo.

Ayuso asegura que su participación no se resumirá en “escuchar y aplaudir al presidente” y que si el encuentro al final supone “echar el día fuera y no avanzar”, no contarán más con la Comunidad de Madrid. La idea de la presidenta regional es trasladar su posición sobre la vacunación y los fondos europeos, pero fuentes de su entorno también dejan claro que defenderá la autonomía fiscal de Madrid.

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Es el otro gran melón (no previsto en el orden del día) que, dicen algunos dirigentes territoriales, saldrá a colación. Justamente este miércoles, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno perdonará la devolución de los 4.000 millones de euros de financiación extra que las autonomías recibieron a lo largo de 2020. La decisión se engloba en su intención de seguir blindando la financiación de las comunidades.

Cosa distinta serán el plano político, la fiscalidad y la propia reforma del sistema de financiación. La presidenta madrileña ya trasladó su postura hace dos semanas al reunirse con Sánchez en Moncloa, llegando a advertir de que acudiría al Tribunal Constitucional si se le impide ejercer su política fiscal o veía peligrar una nueva bajada de impuestos.

En el otro lado se encuentran dirigentes como el valenciano Ximo Puig, que aprovechará su intervención de este viernes para insistir en abordar lo más pronto posible el cambio de modelo de financiación para que antes de que acabe el año ya haya una propuesta formal encima de la mesa. El enfrentamiento, aunque sea más adelante, está garantizado. Como publicó este diario, el barón socialista es partidario de estudiar fórmulas para reequilibrar territorialmente el país ante la “economía de aglomeración” que representa la capital. Aunque no habló de tasas e impuestos como tal, sí apoyó la idea de generar un mecanismo de compensación ante la mayor productividad por el apoyo público que tiene Madrid por la condición de capitalidad. “Si hay privilegio, debe haber contraprestación”, explicó.