Fiscalía: "Iberdrola manipuló facturas para ocultar conceptos conocidos solo por Galán"
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escrito de acusación del caso villarejo

Fiscalía: "Iberdrola manipuló facturas para ocultar conceptos conocidos solo por Galán"

El Ministerio Público atribuye a Ignacio Sánchez Galán el conocimiento de todas las operaciones de espionaje efectuadas por Villarejo y le acusa de los delitos de cohecho, falsedad documental y contra la intimidad

placeholder Foto: Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, el pasado 26 de mayo, en Madrid. (EFE)
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, el pasado 26 de mayo, en Madrid. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción enumera una avalancha de indicios para solicitar la imputación en el caso Villarejo del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el consejero-director de Negocio y número dos de la multinacional, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España Fernando Bécker, y el que fuera jefe de Gabinete de Presidencia de la compañía Rafael Orbegozo. Les acusa de ordenar o autorizar la contratación del comisario de Policía para ejecutar operaciones de espionaje irregulares contra rivales políticos y empresariales y, posteriormente, maniobrar para ocultar los pagos al funcionario subvirtiendo las normativas internas de control de la empresa.

El escrito subraya, por un lado, la veracidad del testimonio del investigado José Antonio del Olmo, antiguo 'controller' de la eléctrica y pieza clave en las diligencias. Como adelantó El Confidencial, Del Olmo elaboró un informe interno el 1 de diciembre de 2004 en el que denunciaba que Iberdrola había pagado a Villarejo a través de una empresa llamada Castellana de Seguridad (Casesa) para camuflar los servicios del policía. Del Olmo también aseguró en ese documento que el entonces responsable de Seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, le entregó facturas falsas de Casesa para efectuar los abonos, pero que la operación era directamente conocida por Sánchez Galán (entonces consejero delegado), Becker y Martínez Córcoles (director de Generación en esa época).

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE)

Según sostiene la Fiscalía en su escrito, al que ha tenido acceso este diario, aquellas facturas sirvieron para financiar la operación Arrow, un proyecto de vigilancia contra los líderes políticos, sociales y ecologistas que se oponían a la construcción de una planta de ciclo combinado de Iberdrola en el municipio de Arcos de la Frontera. Una inversión de cerca de 1.000 millones de euros que estaba bloqueado.

Los representantes del Ministerio Público consideran que varios testimonios, como el del directivo Pablo Insunza, y también documentos, como un correo de Becker instando al pago de las facturas presuntamente irregulares, probarían indiciariamente que la cúpula de Iberdrola estaba al tanto de los trabajos de Villarejo y de los método utilizados para tratar de encubrirlos. Además, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional ya han acreditado que, efectivamente, Casesa realizó pagos al policía justo después de haber recibido dinero de Iberdrola. Pese a estas pruebas tan evidentes, Iberdrola y Casesa se coordinaron para desmentir mediante un comunicado oficial estas informaciones cuando este periódico publicó las facturas.

Foto: El comisario José Manuel Villarejo, a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional. (EFE)

Los fiscales atribuyen también fuerza incriminatoria a un segundo documento redactado por Del Olmo y firmado por dos testigos de la propia compañía, en el que se apunta de nuevo a la implicación de Sánchez Galán y gran parte de su equipo en las operaciones de espionaje del cabecilla del caso Tándem. “Eran conocedores de la situación y estaba conformes con tales facturas, que se referían a cuestiones en las que tenían el máximo interés”, sostienen los representantes de Anticorrupción. En opinión de estos, tanto Del Olmo como los dos testigos han prestado declaraciones coincidentes y verosímiles sobre la redacción del documento, que fue depositado ante notario en los últimos días de 2004. El objetivo, aseguraron ante el instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón, era denunciar el uso de partidas asignadas a su departamento para fines irregulares.

Por la época en la que se produjo esa operativa, los fiscales consideran que las presuntas facturas falsas no solo sirvieron para costear el proyecto Arrow. También habrían financiado el proyecto B-B o BlackBoard, desvelado por este diario en 2019 y que, presuntamente, se centró en investigar a Manuel Pizarro, presidente en esa época de Endesa, una de las mayores competidoras de Iberdrola.

El papel de PwC

La Fiscalía se refiere con contundencia a los trabajos internos de la unidad de cumplimiento de la eléctrica para rastrear su relación con Villarejo y también a la labor de Pricewaterhouse, contratada para elaborar un 'forensic' interno, que aseguraron no haber encontrado irregularidades en la relación con el agente encubierto ni documentos o archivos del policía. La eléctrica ha defendido siempre que no localizó en sus archivos internos los informes de Del Olmo, al que ha demandado en varias ocasiones, mientras que PwC no descubrió irregularidad alguna en su investigación interna.

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE)

El Ministerio Público ha concluido que todas las facturas de Cenyt SA (salvo dos emitidas en 2017) fueron abonadas por Iberdrola sin una orden de pedido, una condición previa obligatoria para autorizar las transferencias, según sus sistemas internos de control. Además, el escrito menciona que el propio Antonio Asenjo ha reconocido que los conceptos de las facturas de Cenyt SA fueron manipulados para que no trascendiera la verdadera naturaleza de los encargos a Villarejo. A los fiscales les llama la atención que ni los auditores de Iberdrola ni Pricewaterhouse hayan encontrado nada sobre esa falsificación. Y, por último, recuerda que en los registros de Tándem se localizaron abundantes pruebas de los proyectos realizados por el policía para la multinacional.

Además de Arrow y BlackBoard, el escrito menciona el proyecto Gipsy en el que fue investigado un directivo de Iberdrola por temor a una fuga de información; y el proyecto Posy, que tuvo en su punto de mira a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, “a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola SA”. “Durante el tiempo de ejecución, año 2009, Ignacio Sánchez Galán ocupaba ya el puesto de presidente, de acuerdo con el organigrama aportado por la propia compañía”, continúan los fiscales en relación con este espionaje sobre el primer ejecutivo de la constructora, que en ese momento era el primer accionista de la eléctrica, al ser dueña del 20% del capital.

Foto: Ignacio Sánchez Galán. (Reuters)

En ese episodio, la acusación pública se apoya de nuevo en el testimonio de Del Olmo. Este declaró “que el investigado Antonio Asenjo Martín le comentó que tenía un trabajo [el espionaje a Florentino Pérez] del que solo tenía conocimiento Ignacio Sánchez Galán (…) añadiendo que, ante sus dudas, comentó el asunto con su superior jerárquico, José Luis San Pedro Guerenabarrena”, investigado también en el procedimiento. Según Del Olmo, San Pedro le indicó que, “antes de proceder a su pago, las facturas fueran firmadas por Rafael Obegozo, jefe de gabinete de Ignacio Sánchez Galán”. “Así sucedió, al constar la firma de este en las meritadas facturas”, exponen los fiscales, apuntalando aún más la credibilidad del testigo clave.

Los últimos trabajos de Villarejo para Iberdrola estuvieron relacionados con el proyecto Wind. Se trató de una investigación sobre una empresa eólica con la que la eléctrica se había asociado para invertir en Rumanía. Hubo un primer pago en 2012 y otros dos en 2017.

El fiscal acusa a los directivos imputados de delitos de cohecho activo continuado, contra la intimidad y falsedad documental

En conjunto, Iberdrola habría pagado entre 2004 y 2017 a Villarejo un total de 1.047.324,14 euros mediante transferencias directas y otros 407.740 euros a través de Casesa para diluir “servicios prestados en realidad por el investigado José Manuel Villarejo Pérez cuando se encontraba prestando servicio activo en el cuerpo nacional de Policía”. Se trató de trabajos de carácter “confidencial”, señalan los fiscales, que estaba “vinculados al departamento de generación y conocidos dentro del grupo Iberdrola por Ignacio Sánchez Galán, en aquellas fechas vicepresidente y consejero delegado, Fernando Becker Zuazúa, director de recursos humanos y servicios, y Francisco Martínez Córcoles, director de Generación, además de por el investigado Antonio Asenjo Martín”.

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE)

Sobre los pagos directos a Villarejo, los pagos se habrían manipulado con la fabricación de facturas ficticias para encubrir trabajos “conocidos exclusivamente por Ignacio Sánchez Galán, desde 2006 presidente de la compañía, y, cuando menos en alguno de los proyectos, también por Fernando Becker Zuazúa, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo Guzmán, aparte de Antonio Asenjo Martín”.

Por estos hechos, Anticorrupción atribuye al presidente de la eléctrica y el resto de implicados los delitos de cohecho activo continuado, contra la intimidad y falsedad documental, “sin perjuicio de la calificación jurídica que los hechos puedan merecer en el momento procesal que corresponda”; y solicita al juez García-Castellón que los cite a declarar en la causa. Hasta la fecha, ya hay nueve exdirectivos de la eléctrica imputados por este pieza 17 del caso Tándem.

La Fiscalía Anticorrupción enumera una avalancha de indicios para solicitar la imputación en el caso Villarejo del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el consejero-director de Negocio y número dos de la multinacional, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España Fernando Bécker, y el que fuera jefe de Gabinete de Presidencia de la compañía Rafael Orbegozo. Les acusa de ordenar o autorizar la contratación del comisario de Policía para ejecutar operaciones de espionaje irregulares contra rivales políticos y empresariales y, posteriormente, maniobrar para ocultar los pagos al funcionario subvirtiendo las normativas internas de control de la empresa.

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