Audiencia y CNMV censuran el último movimiento de Galán en el caso Villarejo

El último movimiento de Iberdrola en el caso Villarejo ha provocado desconcierto y malestar a partes iguales tanto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores como en la Audiencia Nacional. El hecho relevante que envió la eléctrica a la CNMV el martes por la tarde para comunicar que su presidente, Ignacio Sánchez Galán, estaba dispuesto a declarar voluntariamente sobre su implicación en los espionajes que encargó la compañía al comisario Villarejo se ha interpretado como una amenaza a los responsables de la investigación judicial y una instrumentalización del regulador bursátil.

El ofrecimiento de Sánchez Galán figuraba en el último punto de los 12 en los que se dividía el hecho relevante. “La comisión ejecutiva delegada del consejo de administración, para la mejor protección del interés social (...), ha adoptado la decisión de poner a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y de esta manera facilitar la finalización de la investigación en curso”, exponía ese párrafo.

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El anuncio causó estupefacción porque llegó después que se hiciera público un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encargada de las diligencias sobre nueve audios inéditos relacionados con los encargos de Iberdrola a Villarejo. En ellos, según los investigadores, se escucha a Villarejo y al exdirector de Seguridad de la cotizada Antonio Asenjo implicando a Sánchez Galán en la supervisión de los presuntos espionajes irregulares a adversarios políticos y empresariales de la compañía.

Con ese hallazgo, sumado a otras revelaciones incorporadas al sumario desde hace meses, la imputación de Sánchez Galán se daba ya por descontada la semana pasada. La propia Iberdrola había movilizado su equipo de abogados para que estuvieran atentos y trataran de anticiparse a la decisión, especialmente porque al presidente de la compañía le preocupaba que su citación como investigado llegara antes de la junta general de accionistas del próximo 18 de junio.

El martes por la tarde, tras el cierre del mercado, y cuando ya se sabía que la Fiscalía Anticorrupción había tomado la decisión de solicitar al instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón, que cite a declarar a Sánchez Galán; a su número dos, Francisco Martínez Córcoles, y al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker, la eléctrica trató de desactivar el escrito del Ministerio Público proponiendo de manera sorpresiva la comparecencia voluntaria de sus directivos. Según fuentes próximas al caso, la iniciativa se ha leído en la Audiencia Nacional como un intento de interferir en la autonomía del magistrado y los fiscales y de marcar el paso de su actuación.

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No solo eso. Hay párrafos del hecho relevante que directamente han sido interpretados como una amenaza. En concreto, en su punto noveno, tras recordar que no se ha encontrado ningún hecho delictivo en la investigación 'forensic' encargada a PriceWaterhouseCoopers (PwC), se asegura que “la tramitación de la pieza 17 del caso Tándem ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la compañía, lo que la ha obligado a tomar acciones legales en defensa de su honor y de su reputación, protegiéndose de actos de denigración, y en reclamación de los daños producidos, incluso presentando, cuando ha sido necesario, denuncia por falsedad y querella por sustracción de documentos y revelación de secretos, ambas admitidas por los correspondientes órganos judiciales”.

El hecho relevante ha generado indignación en la CNMV, se entiende que su contenido desborda la información que debe contener

En esa misma línea, el punto número 10 denuncia que “estas declaraciones e informaciones, ajenas a los intereses de la Justicia, se han dirigido a propagar sospechas sobre la sociedad y sobre algunos de sus directivos y administradores. Dichas actuaciones vendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos exdirectivos y competidores que tan solo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia compañía”.

El mensaje que manda el hecho relevante se ha interpretado en el sentido de que la Fiscalía Anticorrupción y el juez García-Castellón se estarían alineando con esos supuestos “intereses espurios” de terceros si terminan apoyando la imputación de la compañía y sus directivos por sus encargos al comisario Villarejo. Por si fuera poco, Iberdrola alerta en el párrafo 11 de que no se estaría generando un daño a una empresa cualquiera. “No es baladí recordar que Iberdrola es el primer grupo energético nacional, una de las principales empresas españolas del Ibex 35, y que las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado”.

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El hecho relevante también ha generado indignación en la cúpula de la CNMV. Según las fuentes consultadas por El Confidencial, se entiende que su contenido desborda la información que debe contener una notificación al mercado. Y, por otro lado, se cuestiona la fecha elegida para enviarlo. El texto podría haber sido remitido perfectamente hace meses porque no responde a ninguna novedad del procedimiento. Al contrario, la lectura en el regulador bursátil es que Iberdrola ha utilizado un hecho relevante para tratar de neutralizar un contratiempo futuro en el terreno judicial.

Pero, además, en la CNMV ha sorprendido que en el último hecho relevante Iberdrola sostenga que "estas constantes sospechas afectan al buen nombre y reputación", así como "perjudican sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado", cuando en el informe de auditoría remitido recientemente al organismo regulador la eléctrica dijo que el consejo de administración no había "advertido deterioro en la reputación general del grupo, ni impacto negativo en la relación con sus profesionales, clientes, accionistas y proveedores". La compañía agrega en este documento que será presentado en la próxima junta general que "las noticias referidas anteriormente no han tenido, tampoco, reflejo negativo en el rendimiento económico del grupo".

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En el seno de Iberdrola, esta estrategia tiene más detractores que partidarios, pero se asume que ha sido una decisión ejecutada directamente por Sánchez Galán, aunque con la ayuda de una de las pocas personas que forma parte de su núcleo de confianza. Se trata de su abogado personal, Carlos Rodríguez-Quiroga, con el que además de la relación profesional le une una profunda amistad.

Las fuentes consultadas le atribuyen un papel clave en el envío del hecho relevante y en la confección de su contenido, así como en la gestión dl patrimonio de la famfilia del ingenierio de Salamanca, dueño de varias fincas y alguna bodega, como la que produce el conocido vino Matarromera. Asimismo, Rodríguez-Quiroga, consejero de la editora de La Razón, fue durante muchos años secretario del consejo de Siemens Gamesa, de la que iberdrola fue uno de los mayores accionistas hasta febrero de 2020. Apenas unos días después de esta desinversión, dimitiría el abogado.

Un escrito que fue autorizado por la comisión ejecutiva presidida por el propio Galán; por Samantha Barber, 13 años consejera de la empresa; por Juan Manuel González Serna, presidente de Siro, buen amigo del presidente de la eléctrica, que ya lo tenía a sueldo en el consejo consultivo de Castilla y León; por Ángel Acebes, exministro de Interior repescado el pasado año tras la absolución del caso Bankia, y por Julián Martínez Simancas, secretario del consejo y exdirector de los Servicios Jurídicos.