Sánchez deja a Iglesias hacer con Bildu pese a la incomodidad de algunos ministros

En la doctrina de Moncloa se distingue entre la señal y el ruido. La señal en este caso viene a ser el haber sacado adelante la votación para la admisión de los Presupuestos con 198 votos, la mayoría más grande de la historia constitucional en un trámite como este. El ruido, según esta explicación, es la polvareda levantada por la incorporación de Bildu a esa mayoría y el consiguiente enfrentamiento de esos partidos que respaldan al Gobierno con Ciudadanos.

La señal, siempre según Moncloa, es también el haber ampliado en 31 diputados el bloque que votó a favor de la investidura y poder abordar la tramitación y la intensa negociación de los Presupuestos con todos esos votos a favor.

Es una gran victoria para Sánchez, momentánea porque queda mucho por negociar, pero una victoria al fin, porque desde mediados de 2018 no se superaba este trámite con un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Y eso que nunca ha habido un Gobierno de coalición, ni un primer partido con mayoría tan exigua. Por eso es un paso que se celebra en Moncloa con la visión táctica de otra prueba superada y otra semana estable que termina.

Sin embargo, para algunos ministros, es muy molesto e incómodo el ruido provocado por el vicepresidente, Pablo Iglesias, con el acuerdo con Bildu, confirmado por Arnaldo Otegi justo en el inicio del debate.

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No parece haber ninguno de ellos que se oponga a pactar con Bildu, aunque les incomode. Eso sí, preferirían que no hubiera habido redoble de tambor y fuegos artificiales. Sobre todo, porque desde la semana anterior ya se sabía de sobra que Bildu no presentaría enmienda de totalidad y permitiría la tramitación de las cuentas del Estado. Entienden que no había necesidad de diluir la señal con tanto ruido. Que Iglesias es de los que no cruzarían nunca una cristalería sin tirar todas las estanterías, romper todas las vajillas y reducir a añicos todos los vasos y todas las copas.

Es evidente que en el Gobierno hay un pulso de largo calado entre los dos sectores: el socialista que pretende mantener en lo posible la transversalidad que compatibiliza en lo posible a ERC y Bildu con Ciudadanos, en una especie de geometría variable como ocurrió en primavera con las prórrogas del estado de alarma, y el de Unidas Podemos, que recela tanto del partido de Inés Arrimadas que quiere expulsarlo del bloque para que Sánchez no tenga la tentación de hacer pivotar sobre ese partido lo que queda de legislatura y pretende formar una especie de coalición ampliada en el Parlamento para los próximos meses.

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Los dos sectores se han visualizado en la segunda jornada del debate en los discursos de la ministra María Jesús Montero y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, reforzado luego por el de Gabriel Rufián (ERC). Los segundos creen que ese “pacto de hierro” debe ser lo más estable posible y que debe funcionar en otros escenarios, por ejemplo, el posterior a las elecciones catalanas de febrero, si es que ERC gana esos comicios. Por ello, Iglesias se movió en las últimas semanas para solidificar ese pacto y el ruido final le sirve para ahuyentar a Ciudadanos, para que las presines sobre este partido sean imposibles de resistir.

Pero hasta los primeros, los procedentes del PSOE, sabían que finalmente va a ser muy difícil sacar los Presupuestos en la votación final de diciembre con esos 198 votos. Eso sí, creen que vale la pena intentarlo, que cuanto más se retrase esa ruptura mejor y que es posible que pasados los Presupuestos y las elecciones catalanas, Ciudadanos apoye iniciativas concretas del Gobierno.

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De los sobresaltos quincenales aprendieron en Moncloa que hay que tener el abanico de opciones lo más abierto posible. Por cierto, que les han caído del cielo cuatro votos más del PDeCAT, separados ahora de JxCAT, el nuevo partido de Carles Puigdemont.

Para Sánchez, es mucho más cómoda la segunda opción, pero según fuentes del Ejecutivo ha dejado hacer a su vicepresidente en las reuniones con Bildu. Y luego ha sido Iglesias quien ha hecho ruido, de acuerdo con Otegi, para alejar a Ciudadanos.

Hubo un pulso hace semanas entre los dos sectores del Gobierno sobre la necesidad de hacer públicas las reuniones que ya se estaban produciendo sobre los Presupuestos, porque Iglesias quería fotos y encuentros públicos y ministros socialistas se resistían. Finalmente, el pasado jueves, se convocó una rueda de reuniones con cobertura pública que, en realidad, no servían para nada porque se había hablado ya todo durante semanas.

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Así era respecto a todos, salvo con Ciudadanos, que llegó a ese encuentro sin haber negociado aún nada, casi como un plan B y circunstancias peores. El equipo de Sánchez en Moncloa mantiene contacto permanente con Ciudadanos, pero hasta ese día no habían negociado nada con Hacienda y se supone que lo harían ahora. Y, a diferencia de lo que ocurre con el resto de partidos del bloque, el de Arrimadas no tiene relación con el Grupo Socialista, sino que es Moncloa quien mantiene el contacto.

Sánchez deja hacer y hasta ahora no se le conocen gestos hacia el partido de Arrimadas. Incluso, el pasado 9 de septiembre en el Congreso, lanzó un sorprendente ataque a los de Arrimadas, al asegurar que siguen en la foto de Colón, algo que estuvo tan fuera de lugar como que estaba respondiendo a Gabriel Rufían y por eso sorprendió a Ciudadanos. Y Sánchez fue quien autorizó en mayo que Adriana Lastra, su mano derecha en el Congreso, firmara el acuerdo con Bildu sobre la reforma laboral.

Ahora se abre la negociación de las enmiendas a los Presupuestos y se ponen a prueba los 198 votos de este jueves. Ciudadanos lo ha condicionado a la retirada de la enmienda a la ley de educación sobre el castellano pactada con ERC y el Gobierno asegura que no tiene ninguna intención de retirarla. Sí intentará "que la lean bien", es decir, convencerles de que no dice lo que se está diciendo que dice.

Educación considera que esa modificación de la ley se limita a eliminar el concepto de “lengua vehicular”, creado por la ley Wert, pero según sus informes jurídicos no afecta en absoluto a la obligación de conocer el español, porque se remite a la Constitución y al Estatuto de Cataluña. Incluso, esa remisión constitucional, aceptada por los independentistas, ya es un paso importante, según explica Moncloa.

La enmienda será aprobada este viernes en la Comisión de Educación y el próximo jueves en el pleno. Luego irá al Senado y podría ser definitivamente aprobada en enero, en vísperas de la campaña de las elecciones catalanas.

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El Gobierno entiende que Ciudadanos tiene una difícil posición con ese calendario, sobre todo porque la bandera del castellano en la educación en Cataluña estuvo en el origen de este partido. Y también porque está prisionero entre la opa de Pablo Casado y el rechazo de los socios de Sánchez. La señal es que se aprobará la llamada ley Celaáa con el apoyo de más partidos que ninguna otra ley de educación anterior, y el ruido será el intenso debate, el marco creado del peligro para el idioma español, la supuesta cesión a independentistas y el anuncio de recursos al Tribunal Constitucional.

“No soporten la humillación de Otegi. Hay otra vía”, ha dicho Arrimadas al Gobierno en el pleno, pero no está tan claro que haya otra vía. Si entra Ciudadanos, salen ERC, Bildu y hasta Unidas Podemos, según se ha escuchado en sus discursos, por lo que no hay otra vía. Al menos, mientras Iglesias haga ruido y promueva con esos partidos la exclusión del grupo de Arrimadas.