PSOE-Bildu: de la fría cortesía a la normalidad

“Dirigimos un llamamiento a quienes aún continúan utilizando o legitimando la violencia para que, por respeto a esa misma voluntad popular, abandonen las armas y se incorporen a la actividad institucional, desde la que estarán legitimados para defender, por vías pacíficas y democráticas, sus propios planteamientos políticos”.

Este párrafo estaba incluido en el llamado Pacto de Ajuria Ena contra el terrorismo que firmaron el 12 de enero de 1988 todos los partidos de la época, incluida Alianza Popular, nombre que tenía entonces el Partido Popular. El emplazamiento público a participar en las instituciones y hacer política se hizo un año en que ETA asesinó a 20 personas.

El acuerdo tuvo su continuidad en el Pacto de Madrid, que hacía suyo el contenido del acuerdo anterior, y ninguno de los dos incluía exigencia alguna para esa actividad política e institucional de quienes entonces apoyaban el terrorismo. No se hablaba ni de exigencia de condena del terrorismo, ni se establecía ninguna otra condición al emplazamiento a participar en política.

Estos acuerdos, que fueron la Biblia de la lucha contra ETA para los llamados partidos constitucionalistas o demócratas, sirvieron para que dirigentes del PP como José María Aznar o Jaime Mayor Oreja pronunciaran frases en las que emplazaban también a defender por vías democráticas cualquier posición política. Es verdad que luego ambos impulsaron la ilegalización de las formaciones políticas de la izquierda 'abertzale' con el argumento de que amparaban el terrorismo, pero también lo es que instaban siempre a defender sus posiciones por vías pacíficas. De hecho, las diferentes siglas que han ido sucediéndose hasta llegar a EH Bildu han tenido que abjurar de la violencia en sus estatutos para poder ser legales.

Hoy, han pasado ya nueve años del alto el fuego definitivo de ETA y dos de su disolución, y la izquierda 'abertzale', evolucionada ahora en EH Bildu, dará el paso histórico de apoyar unos Presupuestos Generales del Estado. Nunca antes habían dado un paso así, que supone implicarse en la gobernabilidad de España. Hace meses, permitieron la investidura de Pedro Sánchez y en 2018 votaron a favor de la moción de censura, pero con una abstención que formalmente no incluía pacto expreso alguno.

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Arnaldo Otegi confirmó este miércoles esa votación y también que llevan mucho tiempo hablando con el Gobierno. Hablan especialmente con Unidas Podemos, que desde hace meses empuja a acuerdos con Bildu, pero también con la parte socialista del Gobierno de coalición.

De hecho, hace días, se hicieron una foto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en un encuentro para pactar los Presupuestos, pese a que llevaban semanas reuniéndose. Por cierto que el Gobierno distribuyó la imagen horas después de la reunión, porque al PSOE le sigue incomodando esa relación.

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Este mismo miércoles, el presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, expresó esa incomodidad en Twitter: “Ver a OTEGUI [sic] siendo clave para decidir los PGE del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado, de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal, iré a la farmacia a buscar un antiemético”.

Pese a eso, ya hubo un acercamiento público para la votación de una de las prórrogas del estado de alarma, con un acuerdo para derogar la reforma laboral, que acabó fatal por la forma en que se gestionó y los sarpullidos que sigue provocando en sectores del PSOE. En todo caso, no ha dejado de haber contactos para acercar posiciones entre el Gobierno y Bildu, y Sánchez ha alentado esos acuerdos. Lo ha hecho en los últimos meses, a pesar de que hay declaraciones suyas de los años anteriores rechazando expresamente cualquier acuerdo con Bildu, pero es sabido que la hemeroteca casi siempre es hostil con el presidente del Gobierno.

Se ha pasado de la “fría cordialidad a la normalización”, aseguran fuentes de Bildu para definir sus relaciones con el Gobierno y el PSOE. En 2019, no apoyaron los Presupuestos de Sánchez y hubo elecciones, y explican que detectaron una “involución democrática” por el ascenso de la ultraderecha, que les llevó a plantearse acuerdos con el Gobierno de coalición.

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Ahora, con ETA ya disuelta, ni siquiera EH Bildu es exactamente lo que eran las distintas formaciones históricas de la izquierda 'abertzale', desde los tiempos de Herri Batasuna. Por ejemplo, su diputado Oskar Matute fue miembro del colectivo Lokarri y siempre ha rechazado la violencia. EH Bildu, según explican, nació precisamente como evolución de lo que fue la izquierda 'abertzale' y para participar en las instituciones. Aunque su líder sigue siendo Arnaldo Otegi.

Siempre se dice que pretenden tener en el Congreso el papel del PNV, en el sentido de arrancar acuerdos para el País Vasco y rentabilizarlos en Euskadi, pero su respuesta es que no son “ni el PNV ni la CUP”. Es decir, que no pueden competir con los nacionalistas que han decidido gobiernos y Presupuestos en tiempos de Aznar y de Mariano Rajoy, ni pueden ser como la CUP, que mantiene una posición pasiva en el sentido de no pactar con nadie en el Congreso.

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Con el Gobierno, han pactado el fin de la dispersión de presos de ETA, una política que impulsaron en los ochenta el PNV y el PSOE para romper los sólidos bloques de las cárceles. Se trataba de favorecer la reinserción de los terroristas al liberarles de las jerarquías de las pocas prisiones en las que estaban encarcelados. Ahora, esa dispersión ya no puede tener ese objetivo porque al no existir ETA no hay reinserción que favorecer. No obstante, el Gobierno pone fin a esa política sin admitirlo públicamente y con traslados paulatinos de los que sí se da cuenta uno a uno. En esto pierden los que dentro del PSOE y el Gobierno prefieren mayor claridad política.

Aquellos acuerdos contra el terrorismo de los años ochenta pedían también a los partidos de la izquierda 'abertzale' que “asuman las responsabilidades institucionales y defiendan desde ellas sus propios planteamientos políticos. En tal sentido, la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario la vía de defensa y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación”.

Ahora, 32 años después, uno de los principales argumentos de la oposición contra el Gobierno de coalición son las relaciones y acuerdos con Bildu. Así, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado es el "precio de la degradación moral y política" que paga Pedro Sánchez para mantenerse en el Palacio de la Moncloa.

Y el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha afirmado este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno que lidera Pedro Sánchez están ahora "manchados de vergüenza y de sangre" tras el apoyo de Bildu.