Las críticas a los pactos regionales con el PP acaparan un cónclave secreto de Cs

El fin de semana pasado la ejecutiva nacional de Ciudadanos se reunió al completo en Madrid. Era el primer encuentro físico de la nueva dirección ampliada, en la que están también los territorios, desde que Inés Arrimadas ganó las primarias en marzo coincidiendo con el estallido de la pandemia. El partido organizó un 'stage' de dos días, sin ninguna convocatoria pública, para analizar con detenimiento la gestión de los gobiernos a los que pertenece —las coaliciones autonómicas cumplen ahora un año— y debatir la estrategia de la formación a nivel nacional, con un giro de apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez que puede extenderse a una negociación presupuestaria.

Esta dinámica de trabajo ya la implantó Albert Rivera para cohesionar a los principales dirigentes, más allá del núcleo duro de la ejecutiva. Pero en esta ocasión eran muchos miembros del partido los que consideraban "urgente" hacer un encuentro antes del parón estival, para "hacer piña" tras meses sin verse y reflexionar sobre varios aspectos de cara al próximo curso político. La preocupación mayor de los gobiernos de coalición es la capitalización que está haciendo el PP en todas las comunidades autónomas y alcaldías que comparten.

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Muchos de los asistentes aseguran que la cita fue "muy productiva", aunque algunos dirigentes territoriales no escondieron sus inquietudes ante las dificultades que tienen para visibilizar las tareas de sus consejerías frente a unos líderes populares que se consolidan a pasos agigantados. No hay excepciones. Las encuestas publicadas desde mayo y hasta hace solo algunas semanas en medios regionales lo confirman. El PP se ha fortalecido en todas las autonomías, y en caso de celebrarse ahora unas nuevas elecciones regionales y municipales recuperaría una buena parte de los apoyos que en mayo de 2019 fueron a parar a los naranjas.

La ejecutiva se dio cita en el Castillo de Viñuelas, en un espacio natural protegido de la Cuenca Alta del Manzanares, el viernes de la semana pasada. Los vicepresidentes autonómicos —con la excepción del de Castilla y León, Francisco Igea, que rivalizó con Arrimadas en primarias y no fue integrado en la ejecutiva ganadora— hicieron una exposición del primer año de coalición. Según fuentes del partido, todos coincidieron "en lo difícil que lo pone el PP". El caso de Madrid es el más sonado con un enfrentamiento abierto entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, que en las últimas semanas se ha frenado en seco tras meses de tensión.

"El PP no asume lo que es una coalición. No entienden que dos partidos se sienten en el Consejo de Gobierno", coinciden dirigentes de Cs

Ciudadanos, en la Comunidad, siempre ha defendido que el PP "no asume lo que significa una coalición", sin esconder las piedras en el camino que encuentra para ejercer su papel dentro del Ejecutivo. El entorno de la presidenta, aseguran, "trata de tapar a Ignacio a toda costa, también como portavoz". Pero la sensación es similar en toda España.

En Murcia sucede algo parecido con un PP que también lleva 25 años gobernando en solitario y que no entiende la presencia de dos partidos en el Consejo de Gobierno. El caso de Andalucía es algo distinto. La coalición se formó meses antes —las elecciones fueron en diciembre de 2018— e implicó un cambio de Gobierno poniendo fin a décadas de socialismo en la Junta. La relación entre Juan Marín y el presidente, Juanma Moreno Bonilla, es muy estable. Pero el líder popular se ha fortalecido en los últimos tiempos y el vicepresidente andaluz también tiene una guerra orgánica en su comunidad que le suma más dificultades. La dirección tampoco estableció plazos sobre cuándo convocarán los procesos internos pendientes en las comunidades autónomas.

Y, por eso, los territorios acumulan quejas de distinto tipo. Por un lado, el temor de que la ciudadanía no sea consciente del trabajo que desarrollan. "Al final, el anuncio o la firma lo hace siempre el presidente o el alcalde de turno", reflexionan a menudo. El Ayuntamiento de la capital es otro de los ejemplos más sonados. El popular José Luis Martínez-Almeida —cuyo grado de conocimiento entre los votantes antes de la pandemia era muy bajo— se ha convertido en un líder reconocido y visible a nivel nacional. Algunas de las iniciativas, como la necesidad de acuerdos con la oposición que desembocó en los Pactos de la Villa, salieron de la vicealcaldía que ocupa Begoña Villacís, sin que realmente haya conseguido visibilizarlo.

La cúpula del partido, sin embargo, no comparte esa percepción. Un choque, aseguran desde los territorios, entre la parte orgánica y la gobernanza que ven difícil solucionar si las comunidades no empiezan a formar parte de la toma de decisiones. El núcleo duro de Arrimadas cuenta ahora con un número escaso de personas. Marina Bravo, la secretaria general, actúa como 'cerebro del partido' al frente del programa y los posicionamientos políticos. Edmundo Bal es fuera de toda duda la figura emergente de la formación. Pero, internamente, son Carlos Cuadrado y José María Espejo los que coordinan las decisiones a todos los niveles. Por ahora, la presidenta no tiene intención de ampliar el comité ejecutivo permanente, el que se reúne cada semana para abordar el día a día de la formación. Rivera incluía en ese órgano a algunos dirigentes territoriales.

Los territorios asumen en primera persona las consecuencias del giro del partido en el Congreso, 'atrapados' en coaliciones solo con el PP

A la exclusión del mando, reconocen algunos dirigentes, se suma el cambio de estrategia en el Congreso de los Diputados. Un giro que también condiciona la situación de los gobiernos regionales. Los 10 diputados que lidera Arrimadas han pasado a ser decisivos de la manera más inesperada, convirtiéndose en interlocutores directos con el Ejecutivo tanto para las prórrogas del estado de alarma como los decretos clave de la pandemia y, ahora incluso, para la negociación de unas cuentas públicas que pueden ser las más importantes de la historia reciente.

La hoja de ruta estaba marcada —se decidió a principios de año, pero la crisis del coronavirus obligó a implementarla de golpe— y pasa por "política útil" y aislar lo máximo posible los postulados de Podemos dentro del Ejecutivo y a los independentistas catalanes como socios de Sánchez. El mensaje, convertido ya en mantra, es el mismo: "Este Gobierno no nos gusta. Pero tras la debacle de las últimas generales entendimos el mensaje de la ciudadanía. Ahora toca responsabilidad, política útil e intentar obtener medidas buenas para toda España. Que un Gobierno con Podemos no lleve al país al desastre", repiten en el núcleo de Arrimadas.

La cuestión es que los territorios —en Ciudadanos no hay barones—, aunque muchos comprenden y comparten la estrategia nacional, también sufren en primera persona las consecuencias de ese giro: se ven 'atrapados' en coaliciones con el PP y lidiando con las decisiones a nivel nacional de un PSOE al que su partido también respalda. "Los presientes autonómicos se quejan en la conferencia. Las comunidades autónomas discrepamos de algunas decisiones del Gobierno central y luego nuestra dirección las apoya en el Congreso", reflexionan en distintas comunidades. Y todo ello, continúan, soportando las embestidas del PP y en algunos casos de Vox.

El origen de los males, insisten, son los pactos de 2019 tras las municipales y autonómicas de mayo, cuando el partido que aún lideraba Rivera aspiraba a dar el sorpaso definitivo al PP. Un mes antes, en abril, se quedaron solo a nueve escaños de la lista de Casado. La campaña dura de no hacer presidente a Sánchez que le dio ese resultado, el mejor de la historia naranja, llevó a la formación un mes después a pactar solo con los populares. No lograron el objetivo de superar a Pablo Casado en ningún territorio, pero negociaron coaliciones con él prácticamente en todo el territorio. La negociación, sin embargo, no dio a los naranjas ninguna plaza importante. "De aquellos polvos, estos lodos", insisten. Rivera impidió sentarse con el PSOE y el PP nunca temió perder poder en esa mesa con Ciudadanos. Al final, los populares lograron todo el poder territorial y Casado y Teodoro García Egea salieron reforzados por el partido que les disputaba el espacio en la derecha.

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Entonces, Ciudadanos no arrancó ni una presidencia autonómica, ni tampoco una alcaldía potente como la capital a pesar de que estuvo encima de la mesa. El partido naranja al final dio oxígeno a un PP ahogado que recuperó buena parte del poder territorial. Ahora, se lamentan los dirigentes territoriales, "somos incapaces de capitalizar los éxitos de las coaliciones". La negativa de pactos con el PSOE —en Castilla y León fue insistente Igea y también estuvo encima de la mesa en Murcia— choca con la nueva etapa que abre el partido "dando estabilidad" y "haciendo política útil" en el Congreso, con un Ejecutivo de socialistas y Unidas Podemos.