El acta que incrimina al rey Juan Carlos
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firmó los estatutos de la fundación panameña

El acta que incrimina al rey Juan Carlos

Un documento secreto de marzo de 2011 implica directamente a Juan Carlos I en la gestión de la sociedad instrumental que recibió los 64,8 millones de euros del rey de Arabia Saudí

Foto: El acta que incrimina al rey Juan Carlos
El acta que incrimina al rey Juan Carlos

Un acuerdo privado de marzo de 2011 incrimina directamente a Juan Carlos I en la gestión de la estructura 'offshore' que supuestamente le habría permitido ocultar 64,8 millones de euros de Arabia Saudí. Los estatutos de la sociedad panameña utilizada para controlar el dinero, Lucum Foundation, contienen la rúbrica del Rey emérito en sus tres páginas y lo sitúan como “primer beneficiario” de los fondos. También implican a Felipe VI, que aparece como “segundo beneficiario” de la fortuna, según recoge el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial.

El propio documento revela que Lucum Foundation fue creada en Panamá el 31 de julio de 2008 por un gestor financiero suizo que estuvo investigado por blanqueo en el caso Gürtel, Arturo Fasana, y un abogado de su confianza de la misma nacionalidad, Dante Canonica. Fasana se convirtió automáticamente en el presidente de la mercantil, y Canonica, en el secretario del consejo. La dirección de la compañía quedó fijada desde el primer momento en las oficinas de un despacho del país centroamericano que estaba especializado en el diseño de entramados opacos, Aba Legal Bureau, y que también participó en la creación de esta red.

Pinche para leer el documento.
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El documento admite que Lucum Foundation fue constituida para que actuara como pantalla de una cuenta en Suiza en el banco Mirabaud con numeración 505523 que, apenas unas semanas después, ingresó “una donación de 64.884.405 euros efectuada por el rey de Arabia Saudí en favor del Rey de España”. Hasta 2011, Canonica figuró como único responsable de la administración de los fondos y de la propia mercantil. Sin embargo, el 10 de marzo de ese año, el abogado suizo y Arturo Fasana formalizaron un acta para dejar constancia de quiénes eran los verdaderos beneficiarios de la sociedad y establecer definitivamente la normativa interna por la que se regiría.

Los nuevos estatutos dejaban sin efecto “cualquier régimen anterior” de la sociedad. Admitieron que el auténtico titular de la fundación y, por tanto, de los 64,8 millones ingresados en Ginebra por Arabia Saudí, era “S.M. Juan Carlos I, rey de España (Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón), nacido el 5 de enero de 1938 en Roma, Italia”. Según el documento, el monarca gozaba de plenos derechos para “disponer libremente, durante su vida, de los activos de la fundación sin limitación ninguna”.

Felipe VI, "segundo beneficiario"

El reglamento privado de Lucum Foundation estipulaba a continuación que, si Juan Carlos I fallecía, el dinero que quedara bajo el control de la mercantil debía ser conservado “en favor y por cuenta del segundo beneficiario”. Este último era el entonces “S.A.R. el Príncipe Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias, nacido el 30 de enero de 1968 en Madrid”, como ya informó el diario británico 'The Telegraph' y recogió este diario. “Desde el fallecimiento del primer beneficiario, el segundo beneficiario tendrá el derecho de disponer de todos los activos de la fundación, sin limitación alguna”, estipuló el documento, que no había trascendido hasta ahora.

No obstante, Felipe VI tenía que respetar algunas condiciones. El acuerdo recogía en su apartado b) que el actual jefe del Estado debía cumplir la voluntad de su padre de que los fondos que quedaran tras su muerte fueran usados para “garantizar el mantenimiento de todos los miembros de la familia real española, en particular, de S.M. la Reina Sofía de España, de S.A.R. la Infanta Elena de Borbón y Grecia, Duquesa de Lugo, y de sus hijos nacidos o por nacer, de S.A.R. la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, Duquesa de Palma de Mallorca, y de sus hijos nacidos o por nacer”.

Felipe VI (d) junto a su padre, el rey emérito Juan Carlos, en mayo de 2019. (EFE)
Felipe VI (d) junto a su padre, el rey emérito Juan Carlos, en mayo de 2019. (EFE)

Es decir, que en la práctica, la familia real al completo e incluso posibles nuevos miembros, como futuros hijos de las infantas, llegaron a figurar como beneficiarios de la cuenta en Suiza. Según los estatutos, Felipe VI estaba obligado a “satisfacer cualquier petición razonable que pueda ser formulada por los miembros de la familia real antes mencionados”. El nivel de detalle del documento llegó al punto de especificar que, en el caso de que también falleciera Felipe VI, el “heredero/a del trono español” quedaba designado inmediatamente como “tercer beneficiario” de los activos de la fundación. En el momento en que se redactó el acta, ya habían nacido la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La firma de Juan Carlos I aparece en el lateral izquierdo de las dos primeras páginas y justo en el centro de la tercera y última, junto a las de Fasana y Canonica. No solamente estuvo al tanto de la creación de la sociedad, como ha confesado Canonica ante el fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa, que investiga desde 2018 el presunto blanqueo de fondos relacionados con el monarca en territorio helvético, según ha desvelado 'El Español'. El monarca también participó en la confección de unos nuevos estatutos en 2011 para aclarar quién pasaría a ser el titular del dinero de Arabia Saudí si él moría. En 2010, había tenía que pasar por el quirófano por un tumor en un pulmón y acumulaba otras intervenciones.

Detalle de la firma del rey Juan Carlos I en los documentos.
Detalle de la firma del rey Juan Carlos I en los documentos.

Disolución en 2012

La sociedad fue disuelta finalmente en septiembre de 2012. Para entonces, el Rey emérito solo había gastado una pequeña parte de los 64,8 millones de euros (100 millones de dólares al cambio de la época) que había recibido de Arabia Saudí en concepto de supuesta donación. El monarca optó por transferir la cantidad restante a su entonces pareja, Corinna Larsen, y clausurar la estructura panameña.

Foto: España recibe de Suiza los datos sobre Juan Carlos I y activa la investigación del fiscal

El acta de Lucum Foundation complica la situación judicial del jefe del Estado durante 39 años. La mercantil y el pago de Arabia Saudí están ahora en el foco de la Justicia helvética y también de la española. La Fiscalía del Tribunal Supremo asumió hace un mes otras pesquisas que tenía abiertas la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto pago de comisiones en Arabia Saudí para que un grupo de empresas españolas se llevara el proyecto de construcción del AVE a La Meca, al detectar indicios de criminalidad que apuntaban al monarca y que estarían relacionados con la estructura panameña.

Según fuentes próximas al caso, los investigadores sospechan que los 64,8 millones de euros que recibió Juan Carlos I del rey Abdulá en 2008 estarían vinculados a la ejecución de esa infraestructura, que fue adjudicada a las empresas españolas por un importe de 6.736 millones de euros. La obra fue adjudicada en 2011 pero los investigadores sospechan que los contactos comenzaron antes.

La investigación de la Fiscalía española se centra en los años posteriores a 2014, cuando Juan Carlos I abdicó. Hasta entonces era inviolable por la Constitución, pero la Fiscalía ve indicios de delitos fiscal y de blanqueo cometidos posteriormente con el dinero de Arabia. Suiza ha enviado a España la información conseguida por el fiscal Bertossa y eso ha activado las pesquisas.

El pasado marzo, tras la noticia de 'The Telegraph' que vinculaba a Felipe VI con la fundación panameña, Zarzuela emitió un comunicado para asegurar que el jefe del Estado nunca tuvo conocimiento de que figurara como “segundo beneficiario” de la mercantil. También desveló que había comparecido ante notario el 12 de abril de 2019, tras recibir la primera noticia sobre esos hechos, para declarar que había enviado una carta a su padre renunciando a toda relación con Lucum Foundation, “manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad, renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés”.

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