"No podemos llegar a septiembre así": el temor a un rebrote fuerza el pacto político

El jueves un diputado del PSOE defendía en la tribuna del Congreso el llamado decreto de la nueva normalidad y, pese a que el PP ya había confirmado que lo apoyaría, centraba su discurso en criticar duramente al partido de Pablo Casado.

Tanto que un miembro de la dirección del Grupo Popular bajó al escaño del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y llamó al móvil de Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista, para recordarles que estaban en tregua, que apoyarían la convalidación del decreto y que habían quedado en buscar acuerdos sobre reconstrucción.

El nuevo clima de diálogo es tan inestable e inusual que aún pasará por episodios como este y más con una campaña electoral en Galicia y País Vasco de por medio. Este mismo viernes, la ministra portavoz, María Jesús Montero, mantuvo el tono crítico hacia el PP, como si ese nuevo clima tuviera vetada su entrada en la sala de ruedas de prensa del Consejo de Ministros.

Un día antes del pleno, los diputados del PP, Guillermo Mariscal y Ana Pastor, se reunieron en el Congreso con Lastra, con Rafael Simancas y con los representantes de la Moncloa Félix Bolaños y José Antonio Montilla. Se trataba de allanar el camino del acuerdo y certificar un cambio que puede tener continuidad en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción.

En las semanas anteriores, Illa y Ana Pastor ya habían mantenido contactos que sirvieron para desbrozar el camino.

El PP valoró la presencia en la reunión de representantes de la Moncloa y asegura que percibió voluntad real del Gobierno de llegar a acuerdos. Lo atribuye a la presión de Europa y la necesidad de presentarse en Bruselas dando imagen de unidad con el PP, partido que forma parte del PPE que gobierna en la mayoría de Estados de la UE y al que pertenece la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

También el Gobierno necesita dar imagen de moderación en Europa y por eso de sus propuestas de resolución han sacado algunas de las pactadas con Unidas Podemos.

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También los representantes del PSOE certificaron en la reunión que el PP ha virado hacia los acuerdos desde su dura oposición y su rechazo a las últimas prórrogas del estado de alarma y que llevaban bajo el brazo el compromiso de Unidas Podemos de renunciar a su programa de máximos.

En su caso, lo atribuyen a intereses electorales del PP y a la presión de los empresarios que llevan meses firmando acuerdos con el Gobierno y de sus barones regionales que están sometidos también a la crítica por su gestión.

Coincide con la opinión de diputados del PP que aseguran ahora que fue un error el voto en contra de las prórrogas del estado de alarma. En el periodo de estado de alarma hubo coincidencia en votaciones de decretos y de la declaración de estado de alarma, pero más por diferentes circunstancias que por acuerdos previos.Ahora es probable que quede para septiembre su petición de comisión de investigación.

Es decir, que ese nuevo clima de diálogo ha sido posible porque todos han rectificado sus posiciones iniciales, aunque en algunos casos les haya llevado meses: el Gobierno para sentarse con el PP, aunque Pedro Sánchez siga rehuyendo el diálogo directo con Casado; los populares por abandonar el no y el discurso duro; Ciudadanos al inicio porque cambió su estrategia para ser bisagra y hacer valer sus 10 diputados y Unidas Podemos para facilitar los acuerdos y suavizar la posición del Ejecutivo.

Por el momento, el PP ha pedido al Gobierno que acepte pactar de forma urgente una reforma legal que sustituya al estado de alarma para poder actuar si se producen rebrotes. Ana Pastor, diputada del PP, ha transmitido al ministro Illa la voluntad y necesidad de pactar esa reforma legal y hacerla lo más rápidamente posible, para lo que sería necesario habilitar los meses de julio y agosto en el Congreso.

"No podemos llegar a septiembre así", asegura el PP en referencia a la falta de instrumentos legales para hacer frente a rebrotes sin necesidad de nuevas declaraciones de estado de alarma. Y su voluntad es hacerlo por consenso.

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El Gobierno incluyó, en el acuerdo que firmó el 2 de junio con Ciudadanos, el compromiso de analizar "las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma que permita a España protegerse ante eventuales rebrotes sin necesidad de recurrir de nuevo al estado de alarma".

Sin embargo, no ha avanzado en esa dirección. El PP quiere que se aproveche la tramitación urgente como proyecto de ley del decreto de nueva normalidad para introducir esos mecanismos.

Ciudadanos explica que el decreto ley 21/2020 es la primera piedra del plan B, porque se refiere a la necesaria colaboración de las comunidades autónomas y al suministro obligatorio de información al Ministerio de Sanidad para tener localizado y poder controlar el rebrote. Y añade que hay que dar más pasos con respecto a la reforma de leyes ordinarias y leyes orgánicas en materia de sanidad y eso es lo que están pidiendo ahora mismo al Gobierno.

Las líneas evidentes, explica Ciudadanos, serían la posibilidad de adoptar medidas urgentes por parte del ministerio en el caso de un rebrote localizado para poder obtener el confinamiento y posteriormente someterse al control jurisdiccional y el aumento de coordinación y colaboración de las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad sin que exista ninguna posibilidad de rebeldía por parte de ninguna de ellas.

Actualmente, el confinamiento localizado ya es posible con decisión de la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma pero necesita posteriormente de ratificación por parte del juzgado de lo contencioso de la capital de la provincia.