Interior ordena investigar la gestión de De los Cobos alegando filtraciones de informes

El nuevo jefe de la Comandancia de Madrid, David Blanes, impulsará una investigación interna dentro de la Guardia Civil con el fin de esclarecer lo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, denunció como filtraciones de las diligencias del caso 8-M. Blanes abrirá las pesquisas en cuanto coja el bastón de mando —ayer jueves tomó posesión— como responsable de las dependencias que ha comandado durante los últimos dos años su antecesor en el cargo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado el pasado 24 de mayo por negarse a proporcionar información a la directora general del instituto armado, María Gámez, sobre el asunto del 8-M que dirige el Juzgado 51 de Madrid.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio del Interior, que aseguran que la nueva investigación interna tratará de determinar "las circunstancias" en las que se produjeron las filtraciones, quién las realizó y por orden de quién, así como las posibles "responsabilidades penales" derivadas de los hechos que se descubran. La iniciativa ha sido propuesta por el propio Ministerio del Interior al margen de la investigación que en paralelo lleva a cabo el Juzgado 51 de Madrid, que mostró su interés por averiguar qué había pasado al tiempo que llamó la atención al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska por si pudiera haber algún tipo de injerencia política en la destitución de Pérez de los Cobos.

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Las mismas fuentes explican que la investigación interna no se había abierto hasta ahora porque aún no había sido nombrado el sustituto definitivo de Pérez de los Cobos. El que había sido número dos del coronel, Eduardo Gómez, añaden, pidió el traslado poco después de que su jefe fuera cesado, por lo que se encontraba en situación de interinidad y no podía dirigir, según el criterio de Interior, la investigación interna. El también coronel Eduardo Gómez, que ha sido el jefe interino de la Comandancia tras la destitución de Pérez de los Cobos y hasta la elección de Blanes, era la mano derecha leal de su jefe, por lo que parecía poco recomendable desde el punto de vista de Marlaska que se hiciera cargo de una investigación en la que él mismo podría ser investigado.

Gómez ha tutelado durante su periodo de interinidad el segundo informe 'bomba' que ha llegado al Juzgado 51 de Madrid sobre la instrucción del caso 8-M, sobre el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, en un posible delito de prevaricación. Este segundo informe incluye el vídeo de la grabación a la ministra Irene Montero en el que esta habla 'off the record' del temor que pasó durante la manifestación del 8-M. De momento, el Juzgado 51 ha imputado a Franco por un posible delito de prevaricación al permitir esta y otras marchas a pesar de tener sobre su mesa informes del Centro Europeo para el Control de Enfermedades que destacaban el elevado riesgo de contagio de coronavirus en concentraciones multitudinarias. Esta imputación es la respuesta de la titular del juzgado, Carmen Rodríguez-Medel, al primer informe de la Guardia Civil, que tuteló el luego destituido Pérez de los Cobos.

El pasado 22 de mayo, después de que fuera entregado al juzgado, El Confidencial adelantó el contenido del informe y que hablaba sobre Fernando Simón. Después, otros medios han publicado datos del sumario. La jueza Medel advirtió a las partes de que no se podía filtrar y a los agentes que no debían responder más que ante ella.

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Durante los últimos días, y tras cambiar de versión sobre la destitución, Marlaska se ha referido varias veces a la importancia de que no se produzcan filtraciones en un procedimiento judicial abierto. Ha explicado de hecho que estas fugas de información reservada fueron la causa del cese de Pérez de los Cobos. Así lo afirmó tanto en el Senado el pasado martes como en el Congreso de los Diputados al día siguiente. Censuró que durante la instrucción del Juzgado 51 se produjeron "filtraciones" de la causa "antes de que las conocieran las partes", lo que supone un "menoscabo al derecho de defensa". Además, incidió, "una filtración es un delito". "¿Le parece extraño que preguntemos a ver cómo se ha filtrado?", le respondió a la diputada del PP Ana Vázquez, que previamente había interpelado al ministro por su responsabilidad política al cesar a un mando de la Guardia Civil por negarse a proporcionar información a la autoridad política de unas diligencias abiertas que implicaban al Gobierno.

Durante su intervención, Marlaska evitó el discurso que tanto los populares como Ciudadanos y Vox trataban de imponer, que pasaba por destacar que el ministro había mentido, ya que había justificado días antes la destitución de Pérez de los Cobos en el marco de una remodelación de equipos y el pasado miércoles su argumento se cayó por completo con la publicación por El Confidencial de la nota secreta remitida por Gámez a la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que la directora admitía con claridad que el cese se debía a que el coronel se había negado a proporcionar información sobre la investigación del 8-M. El ministro evitó esta línea y se centró en insistir en el asunto de las filtraciones.

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Era la cuarta versión sobre el motivo que había provocado el cese del coronel que esgrimía Marlaska en sus diferentes apariciones públicas tras el pasado 24 de mayo, ya que en los días anteriores a comparecer en el Senado y en el Congreso se había referido a una falta de confianza en la figura de Pérez de los Cobos, a que el cambio obedecía a una "reestructuración normal de equipos" y a que el exjefe de la Comandancia de Madrid se negó a proporcionar información a sus superiores sobre la existencia de una operación, "no sobre su contenido". Todas ellas quedaron en evidencia tras la publicación de la mencionada nota secreta, que señalaba que el cese se había debido a que el coronel "no informó del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

Tanto Pérez de los Cobos como su mano derecha en la comandancia, Eduardo Gómez, han sido recolocados en otros departamentos del instituto armado, alejados de cualquier influencia sobre la investigación que lleva a cabo un equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid. En concreto, el primero ha sido trasladado adonde él ha pedido, a la jefatura de la Intervención de Armas y Explosivos de Madrid, puesto ubicado en las instalaciones del instituto armado en la madrileña calle Batalla del Salado. En estas dependencias, pero en otro cargo, ha sido enviado Gómez, que se hará cargo de la Jefatura de la Unidad de Protección y Seguridad, un puesto que tiene el mismo nivel que el de jefe de comandancia y que en la práctica representa un ascenso para el coronel.