La orden de Marlaska viola instrucciones de la jueza y augura un calvario a Interior

La aparición de una nota escrita en que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, indica que el coronel Diego Pérez de los Cobos fue relevado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento" complica el horizonte de la firmante del documento, del secretario de Estado del Ministerio del Interior, que también la firmó, y de su superior jerárquico, Fernando Grande-Marlaska. Ese "conocimiento" que se indica como motivo contradice órdenes directas de la magistrada al cargo de la investigación del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, que exigió de forma verbal, por escrito en resoluciones de su juzgado y en una comunicación directa al ministerio, "rigurosa reserva", no solo sobre el resultado de las pesquisas concretas de los agentes del instituto armado sino también sobre su "evolución".

En una providencia hecha pública el mismo día en que se conoció el cese, la jueza especifica que este deber de reserva, estas instrucciones precisas, se dieron desde el inicio del procedimiento, que arrancó el 23 de marzo con la apertura de diligencias después de que recibiera por reparto la denuncia de un particular. En ella decía: "Reitérese también a la Policía Judicial actuante la orden que se diera al inicio de esta investigación relativa a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que solo se informará a esta magistrada-juez, oficiándose en su caso a los efectos oportunos".

Hay varias palabras clave en ese párrafo que contradicen la afirmación del documento en el que la directora del cuerpo, María Gámez, resume los motivos del relevo de Pérez de los Cobos, hasta hace unas semanas jefe de la Comandancia de Madrid, el mando de los agentes que elaboraron el polémico informe en el que defendían que existían indicios para apuntalar la acusación de prevaricación que pesa contra el delegado del Gobierno en Madrid. "Reitérese", "evolución y resultado", "todas las informaciones", "solo se informará a esta magistrada". Frases de una providencia que chocan con la nota donde se reprocha al coronel no haber informado del "desarrollo" de esas investigaciones.

Por si la cuestión no quedaba clara, la magistrada se dirigió directamente al departamento que dirige Marlaska. Y esa carta dio un paso más. Decía, en un escrito remitido al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que no cumplir sus instrucciones podía generar "correcciones disciplinarias" y "responsabilidades penales". Añadía que si la Policía Judicial informaba en algún sentido, "podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado".

Esa misma afirmación fue reiterada por la magistrada tras conocer el despido. Fuentes de su entorno informaron entonces a El Confidencial que Rodríguez-Medel consideraría cualquier vinculación del cese con el desarrollo de su instrucción como un ataque a su función. "Si me constara de manera oficial y fehaciente que la causa del cese tiene relación con no ceder a contravenir mis órdenes expresas, tomaría decisiones en el ejercicio de mi competencia", indicó de forma textual tras conocer la destitución de Pérez de los Cobos.

Opinión

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Jueces y fiscales consultados consideran que lo sucedido debe investigarse en los tribunales. La magistrada tiene ahora una de las llaves para indagar si el despido incluyó irregularidades penales. Para ello y como primer paso, lo más previsible es que se dirija a Interior para reclamar la nota, única vía de conocimiento "oficial" de los motivos del descabezamiento. El siguiente paso sería la apertura de una pieza separada para esclarecer lo sucedido o la remisión de los indicios encontrados a otro juzgado de los de Madrid si no se aprecia conexión. Si se determina que existen motivos para una imputación, hay que considerar que el ministro es aforado, por lo que es el Supremo el competente para investigarle. No sucede lo mismo con la directora de la Guardia Civil y el secretario de Estado, cuya actuación, en caso de que se aprecien indicios de irregularidades, dependería de la instructora.

Los juristas discrepan sobre si el comportamiento encaja en la comisión de algún delito. Algunos de los preguntados ven en lo sucedido indicios de la posible comisión de prevaricación, coacciones e inducción para la violación de secretos. Aluden que la obligación de reserva está regulada en lo norma que ya citaba la jueza, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta dispone que, en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los jueces, tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. En esa dicotomía está la cuestión. Algunos ven difícil relacionar la cúpula de Interior con una ilegalidad salvo que se demostrara la existencia de presiones.

Tras desvelarse la nota, el Ministerio del Interior ha admitido que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se produjo por haber incumplido el procedimiento de comunicación de actuaciones, aunque ha puntualizado que esa comunicación debía ser "a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas". Otra de las versiones ofrecidas es la de que el mando de la Guardia Civil "mintió" al transmitir que el procedimiento que conduce Rodríguez-Medel permanecería paralizado hasta el fin del estado de alarma.

El artículo 34 de la Ley de la Policía Judicial precisa y blinda la dependencia funcional de los agentes adscritos a un juzgado al señalar que los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de una investigación hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente. También dice que en las diligencias o actuaciones que lleven a cabo, por encargo y bajo la supervisión de los jueces, los agentes tendrán el carácter de comisionados de estos. Su contenido se desarrolló en un real decreto, el 769/1987, sobre el funcionamiento de la Policía Judicial.

En él se indica que los funcionarios policiales informarán de la evolución de sus investigaciones y rendirán cumplida cuenta del resultado final de su actuación a la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal que la hubiere ordenado, en los términos y forma que la misma haya dispuesto y ordena "guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan", pudiendo incurrir en responsabilidad disciplinaria en caso de infracción, sin perjuicio de posible responsabilidad penal.

Gama de delitos

Muchos de los juristas consultados advierten de que la conducta que se refleja en la nota es, por ello, ilegal. La gama de delitos que aluden va desde las coacciones —antes del cese, dos generales se pusieron en contacto con Pérez de los Cobos para preguntar por el polémico informe— hasta la inducción a la violación de secretos de un funcionario, previsto en el artículo 415 del Código Penal. Otros añaden al listado dos delitos más. Usurpación de atribuciones del artículo 508 en el que se pena a la autoridad o funcionario público "que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente" y obstrucción a la justicia que, en el artículo 464 castiga al que, con intimidación, "intentare influir directa o indirectamente en un procedimiento".

Sea delito o no lo sea, el ministro, juez de carrera y exmiembro del Consejo General del Poder Judicial, ha generado ya un cisma con la judicatura. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha reclamado su dimisión por haber "perdido toda la legitimidad para cualquier cargo ejecutivo", mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura reclama la intervención del órgano de gobierno de los jueces por apreciar "una interferencia en la función judicial susceptible de afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido". "Asimismo, avisamos que, de acreditarse tal actuación, el sistema judicial dispone de medios legales para la depuración de responsabilidades", añaden.