Pérez de los Cobos reclama su expediente como paso previo a demandar a Interior

El coronel Diego Pérez de los Cobos está en silencio y desaparecido. Desde que fue destituido el pasado 24 de mayo a través de una llamada telefónica realizada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, no ha hecho ningún movimiento público. Fuentes cercanas al que fuera jefe de la Comandancia de Madrid desde 2018 aseguran, sin embargo, que este no pretende permanecer parado ante lo que está pasando. Tiene un plan que pretende poner en marcha, aunque no todavía. Las mismas fuentes explican que está esperando a contar con toda la información.

El coronel ha reclamado el expediente de su cese con el fin de estudiar la interposición de un posible recurso contra el mismo. Los argumentos que el alto mando esgrima en su escrito de queja dependerán de los que haya en la mencionada resolución que ordenó su destitución, según sostienen las fuentes consultadas, que explican que aún no está en manos del coronel el mencionado expediente, que su remisión estaría paralizada por la suspensión de plazos administrativos que conlleva el decreto de estado de alarma. Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, aseguran que ya han remitido la resolución, con lo que Pérez de los Cobos podría estar ya ultimando su escrito.

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La nota reservada que la directora general de la Guardia Civil remitió a la Secretaría de Estado para dar cuenta de la destitución del coronel vendría a reforzar la posición del coronel en su particular guerra contra el Ministerio del Interior en este punto. La comunicación enviada por Gámez informa de que el cese de Pérez de los Cobos fue motivado por una falta de confianza, como adelantó el propio ministro Fernando Grande-Marlaska, pero derivada —y esto es lo que ocultó el titular de Interior— de la negativa del coronel a informar a su superior político de una causa judicial en marcha. En concreto, describió la nota, por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

Según ha podido saber El Confidencial, una orden de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil remitida a todas las unidades de Policía Judicial en 2012 pedía a todos estos departamentos que remitieran a la superioridad un informe con todas las operaciones que fueran a poner en marcha en los próximos días, el número de detenidos, los registros de inmuebles e incluso si estas actuaciones implicaban a algún cargo público. A esta orden se habría agarrado la directora general del cuerpo para reclamar, a través del entonces director adjunto operativo, Laurentino Ceña, que dimitió en protesta por el cese de Pérez de los Cobos, información relativa a la investigación que dirigía un equipo de Policía Judicial dependiente del entonces coronel de la Comandancia de Madrid. Sin embargo, la jueza del 8-M había dejado claro que los agentes no podían reportar a nadie más que a ella el devenir de las investigaciones, lo que impedía trasladar nada a la cúpula de Interior.

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Ceña telefoneó a Pérez de los Cobos minutos antes de que lo hiciera Gámez para cesarle. Según fuentes de Interior, ambos echaban en cara al coronel que no hubiera cumplimentado todos los campos del informe que tenía que haber rellenado y entregado al director adjunto operativo en cumplimiento de la mencionada orden de 2012. Gámez tuvo conocimiento por El Confidencial de que los investigadores dependientes de Pérez de los Cobos habían entregado al Juzgado 51 de Madrid, que investiga una posible prevaricación del delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8-M y otras marchas multitudinarias a pesar de las advertencias internacionales que recomendaban no autorizar concentraciones masivas, un informe con las conclusiones de sus primeras investigaciones que apuntaba ya al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, que fue posteriormente citado a declarar como imputado para el próximo 10 de junio.

El haber proporcionado el informe al juzgado antes de haber dado cuenta a la Dirección Adjunta Operativa de la existencia de la operación policial hizo que Gámez, según explican fuentes de Interior, perdiera la confianza en Pérez de los Cobos y optara por destituirle. El coronel, sin embargo, actuó de este modo por orden de la magistrada titular del Juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que pidió confidencialidad a los investigadores con el fin de evitar filtraciones y que las diligencias pudieran seguir su curso sin injerencias políticas.

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Las mismas fuentes admiten también que de momento no hay ningún nombre claro sobre la mesa para relevar a Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid. El cambio, especifican, aún se está "trabajando", extremo que apoya la teoría de que la reestructuración de equipos mencionada por Marlaska para explicar el cese del coronel no es argumento válido, dado que ha pasado ya más de una semana y no hay reemplazo para el coronel. Esta semana, aventuran las fuentes consultadas, habrá seguro un nuevo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. La comandancia, explican desde el instituto armado, está de momento dirigida provisionalmente por el coronel Eduardo Gómez, jefe de Operaciones y hasta el pasado domingo número dos del mando cesado.

En el caso de que Pérez de los Cobos presentara finalmente un recurso contra su destitución, sería el segundo que interpone un coronel en la era Marlaska por el mismo motivo. El que fuera uno de los principales protagonistas de la lucha antiterrorista y posteriormente jefe de la Unidad Central Operativa —el departamento anticorrupción del instituto armado— Manuel Sánchez Corbí también recurrió su cese, ordenado por el ministro tras comunicar el coronel la paralización de todas las investigaciones de su sección por la falta de presupuesto. El recurso de Sánchez Corbí aún está pendiente de resolución en la Audiencia Nacional tras perder en primera instancia.