CEOE rompe con Trabajo tras la "deslealtad" de dar por hecho el pacto por la renta puente

La patronal de los empresarios, CEOE, llevaba semanas advirtiendo al Gobierno de que su forma de legislar, de forma unilateral y sin consultar a los agentes sociales, no era el camino adecuado para gestionar esta crisis tan extraordinaria. Sin embargo, el Ejecutivo ha mantenido intacta su estrategia de redactar el BOE sin negociar con el diálogo social. Finalmente, la patronal ha terminado por estallar cuando ha sido convocada para dar su aprobación a una renta mínima en cuyo diseño no solo no ha participado sino que tampoco conoce sus detalles.

CEOE y Cepyme han firmado un duro comunicado conjunto en el que acusan al Gobierno de "deslealtad al diálogo social y a los empresarios españoles" por no negociar la cantidad de medidas que se están aprobando desde el estallido de la pandemia del coronavirus y por no atender sus demandas. La patronal denuncia que el Gobierno ha hecho una "manipulación interesada" al elaborar una renta mínima que no ha negociado y para la que ahora busca la aprobación de la CEOE.

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"Nos sentimos presionados para que demos apoyo a una propuesta de partido, que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado en lo que debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales, que formamos parte de la mesa de diálogo y que siempre hemos estado de acuerdo en no dejar a nadie atrás en esta crisis". Ante esta situación límite, la patronal anuncia al Gobierno que no acudirá a la reunión que ha convocado el Ministerio de Trabajo para este viernes, ya que "en estas condiciones se hace imposible participar".

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No es habitual en la patronal emitir comunicados tan duros, de hecho, empezó el año firmando la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Sin embargo, en las últimas semanas ha cundido el malestar entre los empresarios por las decisiones unilaterales del Gobierno. Por ejemplo, cuando el Consejo de Ministros aprobó el permiso retribuido obligatorio, no se había consultado con la patronal y tampoco conocía cuáles serían los sectores afectados. Y tampoco se les había consultado la eliminación del despido por causas objetivas relacionado con el coronavirus.

Nos sentimos presionados para que demos apoyo a una propuesta de partido, que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado

La patronal no se opone a la creación de una renta mínima o un instrumento de redistribución de los ingresos para proteger a los más vulnerables. "Compartimos que ningún ciudadano puede quedar desatendido en esta crisis económica sobrevenida por la pandemia del Covid-19", señala en su comunicado. El problema es que "en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social, tal y como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales". De ahí que los empresarios denuncien que el Gobierno solo cuenta con ellos para la firma.

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Con la caja de Pandora abierta, la CEOE reclama al Gobierno que pague ya a los trabajadores las prestaciones que lleva semanas prometiendo. "Instamos a que desde este mismo ministerio [Trabajo] se abonen ya las prestaciones que corresponden a las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un ERTE", así como las de los autónomos acogidos al cese de actividad. Miles de ciudadanos siguen esperando a que el Ejecutivo empiece a pagar estas prestaciones que fueron anunciadas hace casi un mes.

El Gobierno lleva días anunciando que convocará a los partidos políticos y a los agentes sociales para alcanzar unos Pactos de la Moncloa para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus. Sin embargo, la situación para el Ejecutivo está cada día más complicada, ya que tras semanas sin negociar con nadie, la paciencia de sus interlocutores se ha agotado.

Una renta mínima 'puente'

El Gobierno anunció esta misma tarde que pondrá en marcha una renta mínima vital de 500 euros para las personas que hayan visto drásticamente disminuidos sus ingresos por las crisis del coronavirus o que no tenían ingresos previamente. Los ministerios proponentes —Vicepresidencia de Derechos Sociales, Trabajo y Seguridad Social— aseguraban haber recabado el apoyo de empresarios, sindicatos y organizaciones del tercer sector para su implantación. El objetivo es aprobar con la mayor premura posible un "ingreso puente" de carácter temporal mientras se sigue trabajando en el desarrollo de uno permanente, el cual tiene una mayor complejidad técnica, aunque no será en el Consejo de Ministros de mañana y probablemente tampoco en el del martes, según fuentes del Ejecutivo.

Desde la vicepresidencia liderada por Pablo Iglesias se trasladó incluso que se habían constatado "mediante conversaciones telefónicas, que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida". El vicepresidente, según añadían en la misma nota, se habría intercambiado documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, "con el que está en contacto". Sin embargo, desde la patronal han enviado un comunicado a las 19:24 horas asegurando que "en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social, tal y como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales".

El objetivo es aprobar con la mayor premura posible un ingreso "puente" temporal mientras se sigue desarrollando uno de carácter permanente

En las reuniones celebradas este jueves, se ha planteado la necesidad de "un gran acuerdo de país basado en el constitucionalismo social para afrontar la crisis", incidiendo en la necesidad "urgente" de poner en marcha un ingreso mínimo vital "que garantice que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis". Al margen de este ingreso de cuarentena, desde los ministerios proponentes se remarca el compromiso, incluido ya en el programa de gobierno, de establecer a medio plazo un ingreso mínimo similar, pero de carácter permanente.

El plazo que se baraja para la implantación de esta renta mínima vital permanente es de unos tres meses, por lo que mientras tanto se aprobará el denominado 'puente'. Este último permanecerá vigente hasta la aprobación del ingreso mínimo vital definitivo y completará así el 'escudo social' que está construyendo el Gobierno "para que nadie quede desprotegido en esta crisis". Esta propuesta ya estaba contando con aliados de un espectro transversal, que va desde el tercer sector y colectivos sociales hasta el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, quien ha defendido una "renta mínima de emergencia".

El plazo que se baraja para la implantación de una renta mínima permanente es de unos tres meses

Los sindicatos CCOO y UGT ya plantearon en anteriores legislaturas una ILP (iniciativa legislativa popular) para una renta mínima vital de carácter permanente, que ahora demandan que sea abordada en sede parlamentaria en cuanto termine la situación de emergencia. Así lo han dicho en la reunión por videoconferencia de este jueves, trasladando la necesidad "de dotar una prestación social de emergencia para los miles de trabajadores y ciudadanos que han perdido sus empleos o sus ingresos". Asimismo, han reclamado que en este proceso el diálogo social "juegue su papel" porque "no hay tiempo que perder". "Los efectos socioeconómicos de la pandemia sanitaria están siendo terribles. Amortiguar sus efectos requiere reforzar una red de protección social de emergencia, salvaguardar empleos y trabajar por un plan de reactivación económica para cuando dejemos atrás la absoluta prioridad del país: doblar y atajar la pandemia", añaden desde CCOO.

En las últimas sesiones del Consejo de Ministros, el Gobierno ha ido ampliando el denominado 'escudo social' con diferentes subsidios para trabajadores temporales, empleadas del hogar o afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), además de prohibir el despido procedente por causa del coronavirus, suspender los desahucios y los cortes de suministros o decretar moratorias para el pago de las hipotecas, los alquileres y los créditos al consumo.

En el debate en el seno del Gobierno, se volvieron a reproducir con la cuestión de la renta mínima los bloques que desde que se decretó el estado de alarma ya se vienen manifestando entre el sector del Ejecutivo que defiende aplicar políticas expansivas y de protección social, encabezado por José Luis Escrivá (Seguridad Social) y Pablo Iglesias (Vicepresidencia de Derechos Sociales), y el que se inclina por mantener a raya el déficit, que lideran la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.