El Gobierno acelera la renta mínima pero frena el impuesto de Iglesias a las fortunas

La Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias y el Ministerio de Seguridad Social liderado por José Luis Escrivá están ultimando una propuesta sobre renta mínima, para hacer frente a los efectos de la crisis económica y social generada por el coronavirus, que pretenden tener lista de cara al Consejo de Ministros del próximo martes. Se trata de una medida que lleva sobre la mesa desde que se decretó el estado de alarma, pero sobre la que sus impulsores reconocen estar encontrándose con una "complejidad técnica" para desarrollarla aún mayor que la de otras medidas ya aprobadas.

Con todo, el objetivo pasa por postergarla lo menos posible en el tiempo y poder así destinarla a los sectores de la población más golpeados por esta crisis que no hayan podido acogerse al paquete de ayudas aprobadas hasta ahora. Se trataría de una forma de ingreso mínimo "para proteger a quienes tienen rentas bajas o hayan visto sus rentas reducidas por la crisis del coronavirus", garantizando así "un ingreso suficiente a todas las personas que lo necesiten durante y tras la crisis del Covid- 19" condicionado únicamente al nivel de ingresos.

Fuera del Gobierno, esta propuesta está contando con aliados de un espectro transversal, que va desde el tercer sector y colectivos sociales, que la han reclamado insistentemente, hasta el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, quien ha defendido lo que denominó "una renta mínima de emergencia". En el Ejecutivo, en cambio, el sector más proclive a no disparar el déficit planteó dudas tanto de fondo como forma que han ido retrasando la adopción de esta medida.

Si respecto a la renta mínima se está imponiendo en el debate el sector que apuesta por políticas expansionistas, como son los casos de Iglesias y Escrivá, otras propuestas planteadas han sido frenadas y, al menos de momento, no están en discusión. La principal es el impuesto extraordinario y "solidario" a las grandes fortunas, que se planteó desde Unidas Podemos, para contribuir a que el Estado haga frente a las consecuencias sociales y económicas de la crisis del coronavirus "sin dejar a nadie atrás". El programa de gobierno consensuado entre PSOE y Unidas Podemos incluía la propuesta de estudiar "la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo", aunque sin concretar ni determinar su alcance.

Según el texto, se gravarían "con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los 1.000 patrimonios más altos del país".

Pablo Iglesias apelaba a "poner el interés general por delante del particular" en su primera entrevista televisiva —por videoconferencia, desde su despacho en el ministerio— tras decretarse el estado de alarma, la noche del jueves en Informativos Telecinco. Lo hacía reivindicando el artículo 128 de la Constitución, que establece que la riqueza del país está subordinada al interés general. Sobre las divergencias en el seno del Ejecutivo generadas por esta y otras propuestas, el vicepresidente segundo las normalizó como una cuestión propia de un Gobierno de coalición: "No vamos con el piloto automático. Hay que debatir diferentes opciones, y todo el mundo sabe lo que piensa cada uno, pero las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y una vez deliberado somos una piña y las decisiones son de todo el Gobierno".

Unas horas antes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se parapetaba también en la Constitución para defender que existe un mecanismo recogido en ella "para que las personas que más tienen sean solidarias con los que menos tienen, y eso son los impuestos". En esta misma línea, añadía en declaraciones a Antena 3 que los impuestos son "la forma de ser solidarios, no solo en tiempos de crisis sino también cuando las cosas van bien, para redistribuir la riqueza, y que España sea un país más justo en el que cada uno aporte según lo que tiene, sin hacer trampas". El freno del Gobierno a fórmulas extraordinarias de recaudación, como el impuesto solidario a las grandes fortunas, no ha hecho que se reduzca la presión, incluso con posicionamientos públicos como estos de las últimas horas.

En el programa electoral de Unidas Podemos, se establecía que el fin de un impuesto de estas características era recaudar el 1% del PIB, aplicándose a los patrimonios superiores a un millón de euros de forma progresiva. Según recogía el programa, tendría "un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravará con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los 1.000 patrimonios más altos del país".

En las últimas sesiones del Consejo de Ministros, el Gobierno ha ido ampliando el denominado 'escudo social' con diferentes subsidios para trabajadores temporales, empleadas del hogar o afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), además de prohibir el despido procedente por causa del coronavirus, suspender los desahucios y los cortes de suministros o decretar moratorias para el pago de las hipotecas, los alquileres y los créditos al consumo.