Trabajo aprobó la prohibición del despido sin estimar su impacto en la economía

El Ministerio de Trabajo ha sido testigo de una oleada de despidos y extinciones de contratos en los últimos días como consecuencia de la crisis económica del coronavirus. Aunque intentó canalizar los ajustes de plantillas hacia Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), muchas empresas optaron por la vía de los despidos y las extinciones de contratos para garantizar su supervivencia. Según los sindicatos, las bajas ya se aproximan al millón, lo que llevó al Gobierno a prohibir los despidos asociados a la crisis sanitaria.

Esta medida es la más extrema de las que venían reclamando los sindicatos en los últimos días. CCOO y UGT habían planteado como opciones alternativas encarecer el despido o vetar de ayudas a las empresas que redujesen su plantilla. Finalmente, Trabajo optó por la medida más drástica: eliminar la justificación económica o de fuerza mayor para hacer despidos. Y en economía, las medidas drásticas tienen también efectos secundarios negativos. A pesar del riesgo asumido, el Gobierno aprobó esta medida sin estimar el coste económico de la misma ni su impacto sobre el empleo.

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Javier G. Jorrín

Así lo confirman fuentes del Ministerio de Trabajo, que justifican la dificultad para estimar cuál será su efecto sobre el mercado laboral por la propia incertidumbre de la pandemia. En cualquier caso, aseguran que será positivo en términos netos, pero no han estimado cuántas empresas podrían estar en peligro como consecuencia de esta medida. Trabajo considera que la limitación de los despidos permitirá lograr una recuperación más intensa cuando se superen los efectos de la pandemia, argumentan estas mismas fuentes, porque tanto la producción como la demanda recuperarán rápidamente su pulso habitual.

Todos aquellos que no puedan presentar un ERTE por causas de fuerza mayor van a acabar en la miseria

Sin embargo, esta no es la opinión de las empresas, que consideran que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno no facilitan la supervivencia del tejido productivo, sino todo lo contrario. En su opinión, las medidas encaminadas a reducir la flexibilidad de las empresas para adaptarse a este entorno tan desafiante, unidas a la obligación del pago de todos los costes fijos derivados de su actividad, desde impuestos hasta alquileres, terminarán por provocar un aumento de los concursos de acreedores. "En este entorno tan complejo y con tanta incertidumbre regulatoria, la única certeza que existe es que el único que no pagará será quien se acoja a un concurso", señala un empresario que prefiere mantener el anonimato.

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"Todos aquellos que no puedan presentar un ERTE por causas de fuerza mayor van a acabar en la miseria”, alerta Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA. Esto es así porque las empresas que no estén en los supuestos de 'fuerza mayor', pero que tengan una caída muy fuerte de su negocio, tendrán que solicitar un ERTE por causas económicas y realizar los trámites habituales para su aprobación, incluyendo la negociación con los trabajadores. Durante todo ese tiempo, se acumularán los costes salariales, incluyendo las cuotas a la Seguridad Social, lo que será una carga que puede provocar la caída de muchas pymes. "Van a abocar a muchos autónomos a iniciar concursos de acreedores para salvar la situación", alerta Amor, "es intervencionismo y cambiar las reglas a mitad de partido".

No ha habido interlocución con el Gobierno y, dada la situación tan delicada de la economía, estas medidas deberían ser consensuadas

"Aunque aparentemente parezca que estas medidas preservarán el empleo, lo que van a hacer es todo lo contrario, porque muchas pequeñas y medianas empresas se van a ver abocadas a cerrar", lamenta Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE. "Esto va a provocar un aumento del paro y una recesión más profunda y duradera", advierte.

Los empresarios denuncian que el Ejecutivo haya adoptado esta medida sin siquiera consultarles. "No ha habido interlocución con el Gobierno", explica Fernández de Mesa, "y dada la situación tan delicada de la economía española, estas medidas deberían ser consensuadas con los agentes sociales", como sí se hizo con las primeras medidas adoptadas. De hecho, el Ministerio de Trabajo ni siquiera ha compartido con los representantes empresariales el texto de las medidas antes de que se aprueben en el Boletín Oficial del Estado. Una decisión unilateral con opacidad que ha molestado a la CEOE.