El PSOE apura plazos para votar los decretos pese a las críticas por cerrar el Congreso

La Asamblea Nacional Francesa, equivalente al Congreso de los Diputados español, ha creado estos días una comisión de información por la que pasarán los miembros del Gobierno, para controlar la gestión de la crisis provocada por el coronavirus. La oposición, que ha criticado “fallos y errores” del Ejecutivo francés, como mantener las elecciones el 15 de marzo cuando en España ya se había declarado la alarma, tendrá ocasión de pedir información para su examen en sesiones abiertas cada miércoles. El primer ministro, Édouard Philippe, compareció ayer en esta comisión a dar explicaciones.

En España, la oposición asegura que el Congreso está de hecho cerrado y solo ha conseguido que cada semana comparezca el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la comisión. Y, en todo caso, se ha creado una pugna política en el Congreso, aunque no haya reuniones presenciales, y una discusión doctrinal sobre el alcance de la alarma que, a diferencia del estado de excepción, no suspende derechos constitucionales y menos el de participación política.

El PP ha intentado crear una comisión de estudio en la que se puedan presentar propuestas, pedir información y solicitar comparecencias de los ministros afectados y del propio presidente del Gobierno, pero no lo ha logrado por la oposición de la mayoría gubernamental encabezada por el PSOE en la Mesa.

El grupo que encabeza Cayetana Álvarez de Toledo pone como ejemplo la comisión de seguimiento creada en el Parlamento de Andalucía.

También Vox y Ciudadanos consideran que el estado de alarma no anula la actividad del Congreso, sino que la hace más necesaria porque lo establecen la Constitución y la ley y porque cuando el Gobierno tiene poderes extraordinarios es cuando más control parlamentario debe haber. El partido de Santiago Abascal está dispuesto a ir al Tribunal Constitucional.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hizo pública una nota este miércoles en la que asegura que “en estas circunstancias, el Congreso debe seguir asumiendo sus funciones constitucionales de legislación y de control del Gobierno, incorporando así el pluralismo propio de la Cámara y su función de integración de posiciones políticas a la respuesta de las instituciones públicas a la epidemia. La respuesta a la pandemia y la atención a sus efectos pasan por la intervención de los poderes públicos, y es voluntad de todos que sean las mejores posibles”.

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Pero la oposición asegura que, aunque sigue presentando iniciativas, como preguntas por escrito, estas quedan en una especie de limbo porque se han interrumpido los plazos para la contestación por parte del Gobierno.

Sin embargo, en esta situación, no hay plenos de control como mínimo antes del 21 de abril y los únicos debates que se producirán serán los de convalidación de decretos en el pleno, además de la citada comparecencia de Illa. Pero incluso sobre esos debates, la oposición entiende que la mayoría que apoya al Gobierno intenta aplazarlos y eludirlos en lo posible.

Por ejemplo, apurando los plazos legales o utilizando la decisión de la Mesa del Congreso que interrumpe los plazos.

La próxima semana tendrá que haber un pleno necesariamente para prolongar el estado de alarma, cuyo plazo termina el sábado 11 de abril. Para ello, el Consejo de Ministros debe aprobar unos días antes esa prórroga para someterla a debate y votación del pleno del Congreso antes del 11. El Consejo podría ser el martes 7 de abril y el pleno el jueves o el viernes, para que antes de las 12 de la noche del sábado 11 el Consejo de Ministros ratifique la prórroga que le autorice el Congreso, con las modificaciones que estime convenientes. Por ejemplo, si ya es posible, podría suavizar algunas de las medidas de confinamiento o restricción de actividad empresarial.

Fuentes de la Mesa del Congreso explican que, salvo cambio en los próximos días, la previsión es que en ese pleno solo se debata y apruebe esa prórroga de otros 15 días y no la convalidación de los decretos que se han ido aprobando estas semanas con medidas para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia.
Estos últimos quedarían para un pleno posterior, en las siguientes semanas, probablemente para la semana del 20 de abril, según las previsiones de la mayoría de la Mesa del Congreso, la que forman PSOE y Podemos.

¿Qué gana el Gobierno?

Para el decreto de prórroga de la alarma, el Gobierno cree tener asegurada la convalidación, porque con matices sobre su alcance hay casi unanimidad a favor de las medidas de confinamiento. La anterior votación tuvo respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox, Ciudadanos y PNV.

Sin embargo, para las medidas económicas, hay mucho más debate político y el rechazo, por ejemplo, de limitar los despidos. Y, por tanto, puede haber más dudas para su convalidación.

Además, el decreto que amplía las restricciones del estado de alarma será convalidado cuando ya carezca de sentido, porque previsiblemente ya habrá sido prorrogada la alarma, con un decreto que establecerá las nuevas condiciones superando las del anterior, y hasta es posible que se suavice el confinamiento. El Gobierno ya empezó a contactar el martes con partidos como el PNV, como adelantó EL CONFIDENCIAL.

Ese propósito de largar los tiempos de la mayoría gubernamental tiene un plazo máximo, porque los decretos deben convalidarse antes de 30 días desde su aprobación en Consejo de Ministros. Hay decretos aprobados el 24 de marzo, por lo que deben votarse como máximo el 22 de abril, ya coincidiendo con el primer pleno ordinario previsto en el calendario oficial.

Si fuera así, el Gobierno habría ganado tiempo, retrasaría la obligación de buscar acuerdos y estaría a punto de acabarse esa segunda prórroga de la alarma. Las medidas que se someterían a votación ya estarían casi superadas.

Otra vía en la que el Gobierno utiliza esos tiempos y la suspensión de plazo es la de la tramitación como proyecto de ley de uno de los decretos económicos, el que incluye en una disposición final el blindaje de Pablo Iglesias en la comisión del CNI.

El pleno convalidó ese decreto, pero el Gobierno perdió la segunda votación, la que supone tener que tramitar con urgencia ese decreto convalidado como un proyecto de ley, al que se le pueden presentar enmiendas. Sin embargo, la mayoría gubernamental entiende que, como los plazos están interrumpidos, no hay tal urgencia y, por tanto, es posible que esa tramitación se produzca cuando haya terminado el estado el alarma y se haya vuelto a la normalidad. Y, sobre todo, cuando las medidas que contiene ya no estén en vigor o no sean necesarias.

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El PP, moderado en el tono de sus críticas, no entiende sin embargo este bloqueo y este retraso en favorecer la actividad del Congreso. Más aún después de que el Gobierno haya optado por aprobar los decretos sin consulta previa a los partidos. Los 'populares' están dispuestos a dar margen al Ejecutivo pero avisan de que su paciencia tiene un límite y defienden una contribución de todos en esta situación excepcional.

Esta 'sustracción' del control parlamentario de la acción gubernamental durante el estado de alarma ha colmado la paciencia de Vox, que ha decidido pasar de la crítica a la práctica. La formación de Santiago Abascal ha presentado un escrito de reconsideración dirigido a la Mesa del Congreso y presentado el pasado 23 de marzo al que aún no se ha dado curso. En él, el partido se opone a la suspensión, desde el pasado 19 de marzo, de los plazos reglamentarios de iniciativas que se encuentran en tramitación.

Fuentes de Vox apuntan que este escrito, atascado ante la ausencia de convocatoria de la Junta de Portavoces, servirá de paso previo para un futuro recurso ante el Tribunal Constitucional. Alegan que no se les permite ejercer el control de la acción del Gobierno, pese a que la ley que regula los estados de alarma, sitio y excepción prevé que se interrumpa “el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado”.

Frente a esta previsión de la norma, la reconsideración denuncia que el acuerdo de suspensión de plazos supone "la práctica paralización de la actividad del Congreso y, muy en particular, de la función de control al Gobierno que ha de desempeñarse". Eso supone que no puedan prosperar iniciativas como la solicitud de información requerida por diputados, las preguntas por escrito al Gobierno, la emisión de dictámenes de las comisiones o la presentación de enmiendas, entre otros muchos asuntos.

“Precisamente en el momento en que la Cámara Baja debería estar más activa que nunca, dadas las prerrogativas excepcionales que asume el Gobierno en el estado de alarma, la Mesa decide eliminar dicha actividad, privando al Congreso de una de sus funciones fundamentales”, dice el escrito al que ha tenido acceso El Confidencial. Vox cita doctrina del TC y avisa de que la decisión impugnada está impidiendo a sus diputados “ejercer su derecho constitucional a fiscalizar la actividad del Ejecutivo en un momento gravísimo de la historia democrática”.