El letrado de Puigdemont huye del embargo de 1,2 M: deja la dirección de su propio bufete

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, se ha desvinculado de la gestión de su propio bufete. El pasado 28 de febrero renunció al cargo de administrador solidario de Boye-Elbal & Asociados SLP, el despacho que montó en 2012 con su pareja, la también letrada Isabel Elbal. Desde hace 10 días, solo ella figura como administradora de la sociedad.

La salida de Boye del cargo se ha producido solo tres semanas después de que la Audiencia Nacional dictara el embargo de todos sus bienes para hacer frente al pago de los 1,2 millones de euros que adeuda en concepto de responsabilidad civil solidaria por su participación en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Fuentes de su entorno aclaran que mantiene participaciones en el negocio familiar.

TE PUEDE INTERESAR

El oscuro pasado de Boye, condenado por el secuestro de ETA a Emiliano Revilla

Pablo Gabilondo

Boye, que también ha defendido al narcotraficante Sito Miñanco y se encuentra imputado en estos momentos por el presunto blanqueo de dinero de la organización del histórico capo gallego, fue condenado en 1996 por participar en ese secuestro de ETA a 14 años de cárcel, de los que cumplió finalmente seis. Sin embargo, nunca abonó a su víctima los 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) que le impuso la Justicia como indemnización. En 2008, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió que se buscara en el patrimonio del abogado para completar el pago, pero, solo un año después, logró declararse insolvente.

Boye tiene otro frente abierto con la Justicia: en octubre, fue imputado por su presunta participación en el blanqueo de fondos de Sito Miñanco

El proceso parecía terminado, pero el 25 de octubre de 2018 Revilla decidió personarse en la causa y pidió el embargo de sus cuentas. Boye alegó que la petición carecía de fundamento porque la deuda ya había prescrito. Pero, el pasado 7 de febrero, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional atendió finalmente la petición del empresario y ordenó “profundizar en la investigación patrimonial” del abogado para cumplir la sentencia emitida por el mismo órgano hace 24 años.

Fuentes cercanas al abogado indican que la decisión de renunciar al puesto se debe al deseo de no perjudicar al bufete y a sus trabajadores. Es consciente, aseguran, de que su presencia en la administración puede traer problemas a los empleados de la firma. Pese a su amplia cartera de clientes, muchos de ellos con una elevada capacidad económica y fuerte presencia mediática, las primeras gestiones de la Justicia para cumplir la resolución no han surtido mucho efecto.

Como publicó este diario, tras el dictamen de la Audiencia Nacional solo se le han podido embargar 2.000 euros, un 0,17% del total pendiente. No tenía más fondos en sus cuentas. Además, según el Registro de la Propiedad, Boye carece de bienes inmuebles en territorio nacional. Ni viviendas ni oficinas.

TE PUEDE INTERESAR

El 'pinchazo' a la banda de Sito Miñanco que señala al abogado de Puigdemont

Pablo Gabilondo

Su presencia en el órgano de administración de Boye-Elbal & Asociados SLP abría la posibilidad de intervenir los bienes e ingresos que controla a través del bufete, pero el defensor de Puigdemont acaba de romper ese societario. El cese se produjo oficialmente el 28 de febrero, pero no fue publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil hasta el pasado 6 de marzo. A partir de ese momento, solo aparece al frente del despacho su pareja, María Isabel Elbal Sánchez.

Con todo, las cuentas declaradas del bufete ya reflejan una situación que no se compadece con su fulgurante ascenso profesional, sobre todo desde que en 2017 asumió el liderazgo de la defensa de Puigdemont, tanto dentro como fuera de España. Uno de los últimos en contratar sus servicios ha sido el sanguinario etarra Josu Ternera, que trata de evitar su entrega a España tras ser detenido en Francia.

En el ejercicio 2018, el último presentado al Registro Mercantil, Boye-Elbal & Asociados SLP contaba con 101.478 euros de fondos propios, apenas facturó durante esos 12 meses un total de 40.113 euros (en 2017, solo 16.822) y cerró el año con unos beneficios de únicamente 4.405 euros que pasaron a 'reservas voluntarias' de la sociedad.

TE PUEDE INTERESAR

Los secretos del móvil clonado de Boye: se apartará todo lo que afecte a Puigdemont

Beatriz Parera

Boye tiene otro frente abierto con la Justicia. El pasado octubre, fue imputado por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón, por su presunta participación en el blanqueo de fondos de su cliente Sito Miñanco. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró su casa y su despacho tras encontrar pruebas de que habría orquestado una simulación de documentos para tratar de recuperar 889.470 euros incautados a la organización del narco gallego en el aeropuerto de Barajas. Boye tuvo que declarar en la Audiencia Nacional por esos hechos y sigue inmerso en la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario.

TE PUEDE INTERESAR

Josu Ternera contrata a Boye, abogado de Puigdemont, de cara a su extradición

Europa Press

Su primer encontronazo con los tribunales españoles se produjo por su implicación en el secuestro de Emiliano Revilla en 1988. Nacido en Chile en 1965, empezó la carrera de Políticas y Economía en Alemania, pero no concluyó sus estudios. Recaló entonces en España a finales de los ochenta y fue detenido en 1992: uno de los compañeros del grupo de ultraizquierda en el que militaba, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), lo traicionó y sentó la base de su condena por colaboración con ETA, en la que se consideró demostrado que vigiló los movimientos del industrial dueño de la empresa Chorizos Revilla.

Las cuentas declaradas del bufete ya reflejan una situación que no se compadece con su fulgurante ascenso profesional

Revilla permaneció 249 días en un zulo y fue liberado el 30 de octubre de 1988, después de que la familia pagara un rescate de más de 1.000 millones de pesetas. ETA delegó en el grupo chileno al que pertenecía Boye la parte "logística" de los seguimientos. La resolución en su contra, de 14 páginas, asegura que "participó plenamente" en las labores de vigilancia, por lo que se le condenó a 14 años de prisión, de los que cumplió seis. Mientras se encontraba en la cárcel, se sacó el título de Derecho, pero nunca abonó a su víctima los 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros al cambio actual) de responsabilidad civil.