Se clonaron también 30 gigas de 'e-mails'

Los secretos del móvil clonado de Boye: se apartará todo lo que afecte a Puigdemont

La jueza María Tardón ordena un expurgo del teléfono y el correo en presencia del letrado acusado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Foto: Puigdemont, junto a su abogado. (EFE)
Puigdemont, junto a su abogado. (EFE)

El registro y clonado de los correos electrónicos y del teléfono móvil del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha levantado suspicacias en el entorno independentista. Desde distintos sectores de Cataluña y el resto de España, se considera que el objetivo de los agentes con la operación contra el letrado iba más allá de la investigación de un presunto blanqueo de capitales procedente de dinero del narcotráfico obtenido por Sito Miñanco, a quien defendía en distintas causas.

En el operativo, que se saldó con el registro del domicilio del letrado, de su despacho y de otra serie de inmuebles, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) volcó el contenido del correo personal de Boye desde 2012 hasta la actualidad, en total, 30 gigas de mensajes intercambiados no solo con Miñanco sino con decenas de clientes. Entre ellos, uno de especial relevancia, el 'expresident' Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

Lo mismo sucedió con todos los archivos de su teléfono particular. En ambos soportes hay conversaciones con su representado más famoso y documentación destinada a su defensa ante la nueva reclamación que pesa en su contra acordada por el juez Pablo Llarena, que ha vuelto a dirigirse a Bélgica para solicitar la entrega del 'expresident' por los delitos de sedición y malversación.

Las comunicaciones abogado-cliente gozan de una especial protección. Se encuentran especialmente amparados el secreto profesional y la confidencialidad de las comunicaciones. La Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce así a los imputados el derecho a mantener contactos y entrevistas reservadas con los encargados de su defensa. En distintos artículos, la norma dispensa, por ejemplo, a los letrados de declarar sobre asuntos que se les hayan confiado. Además, están obligados a guardar silencio sobre lo que conozcan de sus representados.

Diligencia de expurgo

El asunto preocupa especialmente en la Audiencia Nacional y la magistrada encargada del procedimiento, María Tardón, está dispuesta a controlar al máximo que no haya una intromisión indebida en asuntos ajenos al procedimiento sobre el narco gallego. Ya afecten a Puigdemont o a cualquier otro de los muchos clientes de Boye, entre los que se encuentra, por ejemplo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Por ello, ha dispuesto una serie de diligencias para garantizar la reserva. Se realizará, así, un exhaustivo expurgo.

Según indican fuentes jurídicas, la apertura del correo y del teléfono móvil tendrá lugar en sede judicial y en presencia del acusado. A Boye se le investiga a partir de la declaración que prestó uno de los hombres del capo gallego el pasado 24 de julio. Tras pasar más de un año en prisión provisional, el imputado en cuestión pidió a la jueza que le permitiera comparecer de nuevo, momento en el que acusó de forma directa al abogado. Según aseguró, el letrado había trabajado para la organización criminal en 2017, cuando el narcotraficante le ordenó recuperar 889.470 euros incautados por la Policía en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Será así el propio abogado acusado el que vaya señalando qué comunicaciones o documentos pueden estar vinculados con el procedimiento y cuáles no. Desde su entorno, ya se avisa de que casi la totalidad de lo clonado es ajena a Sito Miñanco o a la recuperación de esos 900.000 euros. La revisión llevará varias horas, dado el enorme volumen del material duplicado.

Tras prestar declaración, el abogado, que estará presente este martes en la vista prevista en Bruselas sobre la extradición del 'expresident', aseguró a su salida de la Audiencia Nacional que "quiere entender" que la investigación no tiene nada que ver con su cliente más famoso. "Creo que no debería ser así y la jueza deja muy claro que ella no considera que haya ninguna razón para limitar mi ejercicio profesional y mis movimientos", dijo. Tras tomarle declaración, la magistrada descartó la petición de la Fiscalía Antidroga, que solicitaba imponerle comparecencias quincenales en el juzgado como medida cautelar.

"La verdad es que a lo que hemos venido es a clarificar una situación que desde nuestro punto de vista estaba bastante clara. Se han ratificado las manifestaciones que yo ya había dispuesto sobre los hechos. Yo no tengo nada que ver con el blanqueo de capitales. Su señoría no ha acordado ninguna medida cautelar con respecto a mí. Evidentemente, se seguirá la investigación porque se ha clonado mi teléfono móvil y mi correo electrónico, y a medida que se avance en eso aclararemos cualquier extremo que sea", dijo entonces.

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