Josu Ternera contrata a Boye, abogado de Puigdemont, de cara a su extradición
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Josu Ternera contrata a Boye, abogado de Puigdemont, de cara a su extradición

El letrado ha asumido la defensa del etarra en relación con la causa en la que está procesado junto con otros cuatro exdirigentes de la organización terrorista por un delito de lesa humanidad

placeholder Foto: El abogado de Carles Puigdemont y de Quim Torra, Gonzalo Boye. (EFE)
El abogado de Carles Puigdemont y de Quim Torra, Gonzalo Boye. (EFE)

El exjefe de la banda terrorista ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', quien se encuentra en Francia a la espera de saber si será entregado a España para responder por causas pendientes en la Audiencia Nacional, ha fichado como abogado a Gonzalo Boye.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el letrado ha asumido la defensa del etarra en relación con la causa en la que está procesado junto con otros cuatro exdirigentes de la organización terrorista por un delito de lesa humanidad.

De momento, Boye, que también es abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont y del sucesor de este en el cargo, Quim Torra, solo representará a Josu Ternera en esta causa, según las fuentes consultadas.

Foto: El abogado de Puigdemont y Torra, Gonzalo Boye, llegando a la Audiencia Nacional. (EFE)

Sin embargo, el exjefe de ETA está reclamado por la Audiencia Nacional en relación con otros crímenes, como son el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza de 1987 y el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta en 1980. También está procesado por la financiación de ETA a través de 'herriko tabernas'.

Gonzalo Boye fue condenado en 1996 a 14 años y ocho meses de cárcel por el secuestro en 1988 del empresario Emiliano Revilla a manos de ETA, concretamente como autor responsable de un delito de detención ilegal. Cumplió seis años.

Recientemente, la Audiencia Nacional ordenó embargar a Boye y realizar una investigación patrimonial al no haber afrontado la indemnización que le impuso el tribunal por aquella condena, una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).

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