La reforma de Sánchez: imposible sin el PP y hecha para coger impulso y retratar a Casado

Pedro Sánchez iba prácticamente a rebufo. Al trantrán. Llevado en volandas por la actualidad marcada desde fuera de La Moncloa en los últimos días, especialmente en la semana de ruido y furia desatada el lunes pasado, cuando estalló la tormenta del máster de Carmen Montón, que acabó a las 38 horas con su dimisión como ministra de Sanidad, y que se encadenó con las acusaciones al presidente de "plagio" de su tesis doctoral. Incluso en la entrevista con Ana Pastor, en La Sexta, la que cerraba unas jornadas vividas con rabia y desazón en el corazón del Gobierno, se mostró más bien a la defensiva, y no dio un golpe sobre la mesa. Pero este lunes el viento roló. Propuso una reforma constitucional exprés para suprimir los aforamientos —sin demasiados detalles, todo sea dicho— y el debate público comenzó a girar en torno a su iniciativa. Había podido recuperar oxígeno con una medida que, sin embargo, se frustrará por completo si el PP no se suma. Aunque también contiene, en su diseño, la voluntad de 'robar' una bandera a Ciudadanos y de retratar a Pablo Casado, a poco tiempo ya de que se conozca si es imputado o no por el Tribunal Supremo por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

En el Gobierno habían preparado con esmero el acto de su jefe en la Casa de América este lunes, al que habían invitado a los líderes del Ibex 35 y a cabezas señeras de la cultura, la ciencia, el periodismo o la innovación. El marco era un evento sobrio, focalizado únicamente en él, sin teloneros, revestido de un discurso sin más novedades que una. "El cambio de época, a mi juicio, no debe detenerse, el cambio de época debe continuar avanzando. Y en consecuencia, quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos". Si todos los grupos actúan con "altura de miras", esta modificación de la Carta Magna "entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso", alegó.

Si todos los grupos actúan con "altura de miras", esta modificación de la Carta Magna "entrará en vigor en tan solo 60 días", señala Sánchez

Hecho el anuncio, que sorprendió a los presentes, faltaban los detalles. El Ejecutivo aclaró algunos, pero otros no los despejó. Su planteamiento es suprimir la protección de los cargos públicos —miembros del Gobierno, 350 diputados, 266 senadores—, "salvo en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo". Para ello, se modificarán los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que señalan que en las causas que afectan a los parlamentarios de las dos Cámaras y a los integrantes del Ejecutivo es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sí que no hay duda de que en los supuestos de que se cace a un diputado ebrio en una carretera, tendría que enfrentarse a un juez de primera instancia. Lo mismo ocurriría si se detectan irregularidades en la obtención de un máster (algo que puede ocurrirle a Casado). Pero el Gobierno tiene que precisar aún si los delitos de corrupción, que son cometidos precisamente por razón del cargo público, los que más afectan a los políticos, serían conocidos o no por el TS o bien por juzgados ordinarios.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez anuncia una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos

Juanma Romero

Informes preceptivos

También está por ver hasta dónde se llega. En un primer momento, desde el Ejecutivo se indicaba que solo afectaría a políticos. Más tarde, se agregaba que "será necesario modificar otras leyes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, para precisar el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas, como jueces, fiscales, defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas". Es decir, que La Moncloa se abre a retirar el escudo a servidores de la Justicia, entre otros. Aún no ha dicho qué pasa con la familia real. El jefe del Estado es inviolable, según el artículo 56.3 de la Ley Fundamental de 1978, pero una reforma legal de 2014, aprobada justo después de la abdicación de don Juan Carlos, garantizó el aforamiento al Rey emérito, a las reinas Letizia y Sofía y a la princesa Leonor.

Faltan por conocer los detalles de la propuesta, como el alcance de la misma o si afectará a los delitos de corrupción o a la familia real

Faltaban los detalles, porque la propuesta rezumaba cierta improvisación. El pasado miércoles, tras una interpelación de Cs, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, avanzó que su departamento había encargado un estudio "riguroso" para suprimir determinados fueros, excepto aquellos "indispensables". Y el viernes, la propia Delgado anunciaba, vía comunicado, que había encargado a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del ministerio en materia legislativa, que analizase “la regulación del aforamiento en España". Tres días después, el presidente lanzaba la propuesta, sin perfilarla.

El Consejo de Ministras y Ministros presentará en breve —se intentará que sea este viernes— el anteproyecto de reforma de la Carta Magna. Luego lo enviará al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial para que elaboren sus dictámenes preceptivos y, tras recibirlos, el Ejecutivo remitirá la propuesta a las Cortes para que la tramiten.

Es en este punto donde el concurso del PP se torna imprescindible. El artículo 167 de la Carta Magna indica que las propuestas de reforma deben ser aprobadas por una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras. Y si no hubiera acuerdo entre ambas, "se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado". Y si no se logra el pacto por este último mecanismo, y "siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma".

TE PUEDE INTERESAR

Cs entra en el debate de los aforamientos y se abre a abordar la inviolabilidad del Rey

Paloma Esteban

La llave del PP

Los populares cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta —disponen de 147 senadores de un total actual de 265—, de forma que sin su beneplácito la revisión de la Constitución es, sencillamente, imposible. Pero en caso de no prosperar, el Gobierno tendría a mano una herramienta poderosa: subrayar que quien ha impedido despojar a los políticos de protección judicial es el PP por los intereses particulares de su líder.

Los populares son reticentes porque entienden que es una "cortina de humo". Pero Casado podría ser investigado por el Supremo por su máster

Los populares, de momento, no han emitido señales de que acepten la propuesta de Sánchez, que califican como una "cortina de humo" para desviar el foco de otras cuestiones y para facilitar que los "golpistas" catalanes "escapen" del Supremo, en cumplimiento del "pacto oculto" del líder del PSOE con los independentistas para llegar a La Moncloa, en palabras del número dos del partido, Teodoro García Egea, informa EFE. El PP está "de acuerdo" en debatir sobre la supresión de los aforamientos, siempre que también se extienda a los cargos autonómicos —el Gobierno entiende que una vez "limitados los aforamientos" en la Constitución "no tiene sentido que se mantengan en las CCAA", pero estas tendrían que promover sus propios cambios— y no se elimine a los miembros del Supremo o al rey Juan Carlos.

TE PUEDE INTERESAR

Los vips del acto de Sánchez: desde Pallete, Florentino y Sánchez Galán... hasta 'los Javis'

Juanma Romero

Si el TS se pronuncia sobre Casado y decide investigarlo antes de que vea la luz la revisión de la Ley Fundamental, entonces la causa seguirá allí. Pero si para entonces no hubiera hablado el alto tribunal (cosa harto difícil), y hubiera una disposición que dijera que los procedimientos en curso pasan a manos de juzgados ordinarios, el líder del PP podría perder el fuero. Pero, de nuevo, nada será posible para el Ejecutivo si los populares no se suman.

La reforma exprés de la Constitución es una iniciativa de alto voltaje. La última vez que se tocó fue en 2011, para introducir la estabilidad presupuestaria, y por consenso de los dos grandes partidos, en plena crisis. En el PSOE reconocen que la medida anunciada con solemnidad por el presidente cumple esa triple función: recuperar la iniciativa política tras una semana devastadora, retratar a Casado y plantar cara a Ciudadanos. Es cierto que los socialistas llevaban en su programa la limitación de los aforamientos, y que fue una de las iniciativas contenidas en el pacto con los de Albert Rivera en 2016, pero también que los naranjas son los que más bandera han hecho de ella.

Moción de Cs

De hecho, este martes se debate en el Congreso una moción de Cs que deviene de una interpelación que la semana pasada hizo a Delgado sobre este mismo asunto. La formación quiere acabar con la protección no solo para diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, sino también para parlamentarios y gobiernos autonómicos, e incluso se abre a discutir el fin de la inviolabilidad del Rey, según el número dos, José Manuel Villegas.

Cs quiere ir más allá de la propuesta del Gobierno, y Podemos ya avisa de que forzará un referéndum una vez aprobada (si se aprueba) la reforma

Podemos comparte la propuesta de Sánchez —de la que no había sido informado previamente—, aunque cree que si se abre el melón de la reforma constitucional, han de incluirse otros asuntos, como el blindaje de los derechos sociales o la cuestión territorial. Y pone por delante que se celebre un referéndum. Puede forzarlo: la Constitución establece que si una décima parte de los diputados o de los senadores lo plantea, habrá de convocarse la consulta. Y los morados disponen de 67 parlamentarios en la Cámara Baja, más los cuatro de Compromís. Más que de sobra. "Ni una coma modificada sin que lo vote la gente", proclamó el secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo. ERC pide incluir el derecho de autodeterminación.

En definitiva, el presidente pone sobre la mesa una reforma que los grupos tienen difícil rechazar 'a priori', y que desea se tramite con urgencia. Pero la propuesta no está rematada aún, tiene los perfiles demasiado difusos, y en última instancia no depende solo de la voluntad del Ejecutivo y de sus solitarios 84 escaños. Pero prospere o no, sí permite a Sánchez pasar página de su semana de tormento. "Coger impulso", como ya vaticinaban en su equipo, y marcar la agenda política.

Los números de los aforamientos en España: unos 250.000 privilegiados

Desde el Ministerio de Justicia informaban este lunes de que no hay un "censo exacto" de aforados. Porque no todos son iguales. 

En primer lugar, se encuentran los aforamientos de carácter político. Unas 2.000 personas, un 11% del total de aforados del país. Aquí se incluyen la familia real y los miembros del Ejecutivo y legislativo nacional (más de 660 personas) y los integrantes de los parlamentos y gobiernos autonómicos (unos 1.400). 

En el ámbito judicial hay más de 15.000 personas con protección especial. Se incluyen el presidente del Tribunal Supremo y magistrados, presidente del Consejo General del Poder Judicial y vocales, presidendoloreste del Tribunal Constitucional y magistrados, presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas, presidentes de los tribunales superiores de Justicia, fiscal general del Estado y fiscales de Sala del Tribunal Supremo. "Es decir, más de 5.500 jueces, en torno a 2.400 fiscales y unos 7.600 jueces de paz", según datos del departamento de Dolores Delgado.

Hemos dado un paso al frente por un Gobierno ejemplar en la regeneración democrática, operativo, europeísta, feminista y progresista. Estamos ante un cambio de época que exige atender la demanda de la sociedad. #Avanzamos, España avanza. 🔴Síguelo https://t.co/aOkNiFAPXN

 

También son aforados los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de nivel estatal, autonómico y local, que son más de 230.000. "Es un número excesivo para referirse a un privilegio procesal", decía la ministra el miércoles en el Congreso. "Aquí se trata de un aforamiento limitado y parcial en el ámbito penal, ya que, después de la reforma del Código Penal de 2015, solo están aforados cuando cometan delitos leves o menos graves en el ejercicio de sus funciones, siendo siempre sometidos a juicio en el ámbito de la Audiencia Provincial, al contrario que el resto de ciudadanos de su circunscripción territorial", precisaban en su departamento. 

La propia Delgado reconocía que en derecho comparado no hay "nada, absolutamente nada parecido" a lo que ocurre en España. En Italia y Portugal solo se contempla el aforamiento de sus presidentes. En Francia, tienen privilegio procesal el primer ministro y los miembros del Gobierno. "En Estados Unidos, es cierto, no hay aforamiento, tienen el 'impeachment', y una vez que se sigue adelante, el presidente cuando es destituido es sometido al tribunal de jurado con absoluta normalidad. En Alemania, ni siquiera hay un aforamiento, hay un principio absoluto de igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico. Creo que es una línea importante", subrayaba en el pleno en respuesta al diputado de Cs Nacho Prendes.