le atribuye la dirección de tesorería y gerencia

La Guardia Civil descubre un documento que sitúa a Artur Mas en la cúspide del 3%

Los investigadores localizaron en la sede de Convergencia un power point interno que atribuye al expresidente de la Generalitat un papel clave en el cobro de donaciones ilegales de empresarios

Foto: El expresidente del PDeCAT, Artur Mas. (EFE)
El expresidente del PDeCAT, Artur Mas. (EFE)

La Guardia Civil ha encontrado una prueba que involucra a Artur Mas en la gestión de la caja B de Convergència (CDC). Los investigadores localizaron un 'power point' en la sede de la formación que describe sus mecanismos internos de funcionamiento y confirma que el presidente era el responsable de supervisar y coordinar el trabajo de los departamentos de tesorería y gerencia, los dos pilares que sostuvieron durante más de una década la presunta trama de financiación ilegal del 3%.

El documento aún está siendo analizado por los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil pero ya ha provocado que las actuaciones sitúen a Mas, presidente de CDC entre 2012 y 2016, como presunto cerebro de una organización delictiva que habría captado fondos opacos por importe de al menos 1.040.800 euros solo entre 2008 y 2013. El documento no solo acredita que el expresidente de la Generalitat (2010-2016) tenía la obligación de estar al tanto de la actividad de su tesorero y su gerente. También estipula que estos altos cargos debían rendir cuentas de su labor ante la máxima autoridad del partido, según ha podido saber El Confidencial.

El 'power point' otorga una nueva dimensión al caso, que arrancó en 2014 tras hallar pruebas de la financiación ilegal de Convergència en una causa que aparentemente se circunscribía al municipio de Torredembarra (Tarragona). Las pesquisas habían cercado a varios de los colaboradores de Mas, como el tesorero Andreu Viloca y, sobre todo, su mano derecha Germá Gordó, gerente de la formación hasta 2011, secretario general de su primer Govern y consejero de Justicia en el segundo. Sin embargo, el expresidente de la Generalitat había salido indemne de las diligencias practicadas hasta la fecha.

El documento lo ubica ahora como correa de transmisión entre dos esferas que necesitaban comunicarse para burlar la ley sin ser detectadas. Por un lado, las diligencias señalan que Viloca y su predecesor, Daniel Osácar, condenado ya por el caso Palau, se encargaban de gestionar el cobro de las donaciones ilegales de los empresarios que querían conseguir contratos de obra pública y servicios en las instituciones controladas por CDC.

El 'power point' otorga una nueva dimensión al caso, que arrancó en 2014 tras hallar pruebas de la financiación ilegal de Convergencia

En un ámbito distinto actuaba el grupo que debía amañar los concursos para favorecer a los donantes. Hasta 24 adjudicaciones que suman 218 millones de euros habrían sido manipuladas. Gordó lideraba supuestamente esta otra estructura, secundado por el presidente de la Autoridad del Puerto de Barcelona (APB), Sixte Cambra; el expresidente del ente Barcelona Infraestructuras Municipales (Bimsa) Antoni Vives y los exdirectores generales del organismo público Infraestructuras de Cataluña Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, entre otros altos cargos convergentes. Lo que hace el 'power point' es colocar a Mas como nexo de ambas esferas, la pieza del engranaje que permitía que el partido y el Govern operaran de un modo perfectamente sincronizado.

Los investigadores también habrían logrado acreditar que CDC y las dos organizaciones satélite que usó la formación para captar las presuntas donaciones ilegales, CatDem y Fórum, operaban bajo el principio de caja única, es decir, circulando por las mismas cuentas y con la tutela de idénticos dirigentes. De este modo, el dinero de los empresarios habría servido para financiar los gastos de funcionamiento ordinario del partido e incluso sus campañas electorales, incurriendo así en una presunta financiación ilegal.

La Guardia Civil ya apuntó la existencia de una caja única en un primer informe incorporado al sumario de la operación Petrum el pasado enero. No sería la primera vez que Convergencia utilizaba ese mecanismo para hinchar irregularmente sus ingresos. La sentencia del Palau dictaminó que el partido aprovechó la Fundación Trias Fargas, antecesora directa de CatDem, para canalizar el cobro de donaciones ilegales. Al menos 630.000 euros salieron del Palau de la Música. También hicieron aportaciones grandes adjudicatarios de obra pública como la constructora Ferrovial. El dinero llegó a las cuentas de la formación mediante créditos falsos. La sentencia concluyó que esta trama operó entre 1998 y 2008.

Lo que se investiga ahora sería su continuación al menos hasta 2015. En febrero de ese año se produjo el amaño de la licitación del túnel de las Glòries de Barcelona, que ascendió a 60 millones de euros. Es la última atribuida a esta segunda época y una de las más cuantiosas, aunque las pesquisas siguen abiertas y la lista de amaños podría crecer. Hasta 23 investigados han acudido en los últimos días a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez José de la Mata, que se hizo cargo del caso el pasado abril, después de casi cuatro años de investigación en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

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