La red del 3% trampeó concursos millonarios para llevárselos y apunta ya a Madí y Gordó

La trama del 3% operaba como una organización criminal perfectamente estructurada y su vértice señala a Artur Mas. La Guardia Civil ya había logrado acreditar en las primeras fases de la operación Petrum que Andreu Viloca, extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), exigía donaciones a empresarios y constructores a cambio de adjudicaciones. Los agentes lanzaron un nuevo operativo este jueves contra la rama de CDC que se encargaba de realizar las gestiones necesarias para asegurarse de que los concursos públicos favorecieran a los donantes del partido, cerrando así el círculo del cohecho.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, Viloca, detenido de nuevo en este último operativo, era el primer engranaje de la maquinaria. Se reunía con los empresarios en momentos clave de los procesos de licitación y, tras acordar un pago al partido, contactaba con Josep Antoni Rosell, exdirector general de Infraestructuras, para cerrar el amaño de adjudicaciones de este organismo público dependiente de la Generalitat. Viloca también realizaba esa gestión para obras de ámbito municipal. En Barcelona, su hombre de contacto era Antoni Vives, expresidente del ente público Barcelona Infraestructuras Municipales (Bimsa) y exvicepresidente de la Autoridad Portuaria. Los agentes han intervenido comunicaciones en las que Viloca notifica a Rosell y Vives qué concursos debían manipular y quiénes debían ser sus beneficiarios.

Rosell y Vives también fueron detenidos esta semana en la llamada operación Pika y conducidos a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, donde pasaron la noche del jueves al viernes. La imputación de Vives tiene especial relevancia por su cercanía a Mas. Antes de ocupar el cuarto puesto en la lista de Xavier Trías al Ayuntamiento de Barcelona, en las municipales de 2011, Vives fue secretario general de la Generalitat durante el último Gobierno de Jordi Pujol. Por su cargo, dependía directamente de Mas, que entonces ejercía de 'conseller en cap'. Allí trabaron una amistad que habría permanecido intacta hasta ahora.

Arqués-Madí-Oriol-Gordó

Pero otros colaboradores del líder del prusés también se han visto señalados por los últimos avances en la investigación del 3%. Entre los 18 detenidos este jueves figura el empresario Joan Albert Arqués, director general de la constructora Benito Arnó, una de las cuatro que integran la UTE que se adjudicó en febrero de 2015 la construcción del túnel de Les Glòries de Barcelona, otro proyecto presuntamente amañado por la trama. Fuentes cercanas al caso subrayan la proximidad de Arqués a David Madí, exsecretario de Comunicación y Estrategia de CiU y considerado uno de los asesores áulicos de Mas, además de íntimo de Oriol Pujol Ferrusola, el hijo del expresident Pujol que hizo carrera política hasta que se topó con la Justicia.

Madí y Arqués montaron un fondo de inversión en mayo de 2011, ICAT Desenvolupament SL. Un año después, el exasesor de Mas compró la parte de su socio y se convirtió en administrador único de la compañía, cargo que mantiene en la actualidad. Desde entonces, la constructora de Arqués recibió numerosas adjudicaciones de la Generalitat que están bajo investigación, entre ellas, el túnel de Les Glòries. En conversación telefónica con El Confidencial, Madí admite la existencia de esa relación societaria con Arqués a través de ICAT Desenvolupament SL pero asegura que fue una colaboración puntual para un proyecto que no llegó a salir. "Desde entonces, no he vuelto a tener ningún contacto profesional con Arqués. No tengo ningún tipo de implicación en este escándalo", asegura el exjefe de gabinete de Mas.

Las pesquisas dejan en una situación aún más complicada a otro integrante de ese círculo, el exconsejero de Justicia (2012-2016) Germá Gordó, que ocupaba el cargo de gerente de CDC y, por tanto, era responsable directo de Viloca, cuando la trama del 3% se encontraba en pleno apogeo. Según ha podido saber El Confidencial, el instructor de la causa dispone de pruebas que no sólo demostrarían que Gordó estaba al corriente del cobro de donaciones ilegales, sino que también habría participado en reuniones con empresarios para recoger personalmente el dinero. Algunos de los últimos detenidos han declarado en sede policial que era imprescindible pagar a CDC para poder realizar obras en Catalunya. El dinero se entregaba en la antigua sede del partido en la calle Córcega de Barcelona pero también en los propios despachos que ocupaban sus dirigentes en las instituciones que controlaban.

El amaño de los concursos: 70-30

Las investigaciones de la Guardia Civil también han logrado reconstruir en los últimos meses cómo se amañaban los concursos. Una vez que Viloca informaba del pago, Vives y Rosell manipulaban las licitaciones para favorecer a las constructoras donantes. La trama ideó un mecanismo que concedía hasta el 70% de la puntuación a la oferta técnica y el 30% restante a la oferta económica. Lo habitual era que la empresa elegida lograra la mejor puntuación en la parte técnica, basada en juicios de valor y, por tanto, fáciles de condicionar. Pero si la puntuación en esa parte no era suficiente, la UTE implicada tiraba los precios para conseguir remontar en la parte económica.

La diferencia con el precio real de la obra se cubría luego con modificaciones presupuestarias. Es decir, que los donativos a CDC se terminaban compensando con aumentos en el coste que debían soportar los contribuyentes. Por supuesto, los entes públicos no se oponían a las reclamaciones de los adjudicatarios. El modelo 70-30 acabó implantándose, con ligeras variaciones, en todos los organismos controlados por CDC. La propia Fiscalía Anticorrupción ha reconocido que el método aparentaba una gran transparencia, pero sólo una simple ilusión. El fraude se gestaba en la oscuridad de los despachos.

En el túnel de las Glòries, por ejemplo, se estima que los sobrecostes van ya por 40 millones de euros por supuestos errores en el diseño de la obra. Sin embargo, el proyecto de la UTE vencedora logró la mejor puntuación en el apartado técnico, que suponía 57 puntos y valoraba aspectos como el Plan de Obras (hasta 20 puntos), la Memoria Descriptiva del Proceso de Ejecución (24 puntos), la Memoria de Seguridad y Salud (6 puntos), el Plan de Gestión Medioambiental (5 puntos) y el Autocontrol de Calidad (hasta 2 puntos). De los 57 puntos en juego en esa parte, Comsa, Copisa, Arnó y Rogasa se llevaron 53,12. La UTE que quedó segunda fue la integrada por Dragados, Acciona, Acsa, Copcisa y Vopi 4, pero se situó a casi cuatro puntos de distancia de los donantes de CDC con una nota de 49,51, una distancia suficiente para condicionar todo el concurso.

El apartado económico se resolvió después. Hubo tres ofertas con un precio inferior al planteado por la UTE presuntamente implicada en el fraude. En concreto, el proyecto de Comsa, Copisa, Arnó y Rogasa ascendía a 49,6 millones de euros más IVA. Por contra, la UTE conformada por Ferrovial, Sacyr, Scrinser, José Antonio Romero Polo y Áridos Romá presentó un proyecto que costaba 47,2 millones de euros más IVA, es decir, 2,4 millones de euros menos. Pero esta UTE había obtenido una puntuación tan baja en el apartado subjetivo (48,08, cinco puntos menos que los vencedores) que no pudo superar a las constructoras concertadas con la trama en el cómputo total. Supuestamente, el concurso tenía que haber garantizado que las obras estarían concluidas este verano, pero el Ayuntamiento de Barcelona informó recientemente de que los túneles no podrán ser inaugurados, como mínimo, hasta 2019.

Una foto del Rey y otra de Puigdemont

Además de las empresas del túnel, también se registraron este jueves las sedes de Oproler, Pasquina, Rubau y Grupo Soler. La Guardia Civil encontró 140.000 euros en efectivo durante el registro de la vivienda de Félix Pasquina, dueño de la constructora que lleva su apellido. En el despacho de otro de los detenidos, Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, los investigadores se encontraron con dos fotografías presidiendo la estancia a la misma altura: la del rey Juan Carlos I y la del jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont. Las pesquisas implican a Cambra en la adjudicación fraudulenta de la ampliación del dique este del puerto y la construcción del acceso sur.

Según ha podido saber este diario, los agentes han encontrado correos electrónicos que demostrarían que algunas de las empresas involucradas llegaron a saber que iban a ser las adjudicatarias de un proyecto hasta tres meses antes de que se hiciera pública la licitación.